La Junta de Andalucía ha ultimado a través de sus servicios jurídicos el recurso inconstitucional contra el impuesto de Solidaridad para las Grandes Fortunas que se aprobó el jueves en el Senado. Desde el Gobierno andaluz se ha apuntado que será interpuesto después de que la nueva figura tributaria se publique en el BOE tras entrar en vigor durante los próximos días.
Para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación. La consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha adelantado este viernes que esta decisión de la Junta deberá solicitar la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso.
Carolina España, consejera de Economía, ha subrayado que el impuesto es un ataque directo a Andalucía. Asimismo, ha señalado que "no fue hasta que Andalucía bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio cuando el Gobierno central decidió crear este tributo", que "sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista".
"Están regulando 'ad hoc' contra Andalucía y en contra de lo dispuesto en la Constitución"
La consejera sostiene que este impuesto es un fraude de ley y una chapuza política, ya que "el atajo escogido por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos los informes de garantía constitucional", ha agregado.
El recurso que presentará la Junta gira en torno a la invasión por parte del Estado de competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas. En dicho recurso, se explica que la modificación en la práctica del régimen de cesión de tributos "debió adoptarse mediante la aprobación de una Ley Orgánica o, al menos, mediante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y no como se ha hecho", a través de una enmienda incluida en una proposición de ley para la creación de dos impuestos temporales, como los que gravan los ingresos de las entidades financieras y las empresas energéticas.
Miedo por la autonomía financiera
El gobierno andaluz considera que la creación del nuevo impuesto constituye un ataque directo contra la autonomía financiera ya que el nuevo impuesto tiene el objetivo de "armonizar la tributación por el patrimonio de las personas físicas en los distintos territorios autonómicos de régimen común, invade competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas".
En esta línea, la consejera ha insistido en que "no es de recibo que el Gobierno justifique este impuesto con una finalidad recaudatoria cuando hasta el mes de octubre ha superado en más de 32.000 millones de euros la recaudación de 2021, lo que supone un 16% más". "La creación de esta figura sólo pretende una armonización fiscal", ha remachado.
Además, ha considerado que el nuevo impuesto "infringe el artículo 178.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía", lo que "también supone una infracción del bloque de constitucionalidad, pues la imposición de este tributo debió adoptar forma de Ley Orgánica o acompañarse con una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o LOFCA".
También sostiene que la aprobación del impuesto mediante la inclusión de una enmienda en la proposición en la proposición de ley, por la que se creaban dos impuestos más de carácter temporal "ha privado a los miembros de la Cámara Legislativa de su derecho a enmendar el texto, corregirlo o modificarlo, es decir, infringe el procedimiento parlamentario y cercena el derecho de enmienda de los parlamentarios".
"Tampoco garantiza la seguridad jurídica, pues no está justificada la retroactividad, y, por ello incurre en la arbitrariedad constitucionalmente repudiada en el artículo 9.3 de la Constitución Española", continúa la nota de prensa, en la que asimismo se apunta que, al aplicarse "de manera inesperada e imprevista, vulnera la legítima confianza de los contribuyentes y especialmente de los que han establecido su residencia fiscal en España por su fiscalidad, a los que no se les ha dado tiempo a reaccionar para adaptarse a las novedades introducidas por la nueva figura tributaria".
La junta abala que el recurso de inconstitucionalidad deberá formularse en un plazo de tres meses desde su publicación que confirma la creación del nuevo impuesto tan polémico. Después de estudiar la publicación de la ley en profundidad, se derivarán una serie de informes preceptivos al Gabinete jurídico de la junta de Andalucía y al consejo Consultivo. Seguidamente, el consejo de Gobierno autorizará la interposición del recurso de inconstitucionalidad para enviar el expediente y presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional.
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