Madrid.- La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en marzo de 2010 para investigar los pagarés de Nueva Rumasa ante las sospechas de que esas emisiones de deuda colocadas entre particulares podían suponer una estafa o conllevar la comisión de otros potenciales delitos.
Según informaron a Efe fuentes al tanto de la investigación, las pesquisas se iniciaron por un informe presentado por la Agencia Tributaria, que obligó a abrir inmediatamente diligencias, de las que se encargan los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, que investigan otros importantes casos de estafa y blanqueo de capitales.
Anticorrupción ha solicitado ayuda a la Policía para averiguar cuál ha sido el destino del dinero procedente de los pagarés, que suscribieron cerca de 5.000 inversores, según cifra Nueva Rumasa.
El grupo de José María Ruiz-Mateos sostuvo que la primera emisión de pagarés, iniciada el 23 de febrero de 2009 y con la que captó más de 70 millones de euros, había permitido la adquisición de siete compañías: Quesería Menorquina, Cadysa (que opera la marca Manzanilla Bajo de Guía y Manzanilla Sanluqueña) y cinco hoteles, de los que dos estaban radicados en Mallorca, otros dos en La Palma y uno en Tenerife.
La Fiscalía Anticorrupción investiga el destino del dinero que Nueva Rumasa aseguró que había invertido en la compra de empresas y que podría haber sido desviado para otros fines.
La primera emisión de pagarés fue realizada por Carcesa, mientras que en la segunda actuó como emisor Hibramer; en la tercera, Maspalomas Hoteles, y en la cuarta, la sociedad José María Ruiz-Mateos, antes de que se suspendiera por la entrada en vigor de la nueva ley que obligaba a la intervención de intermediarios autorizados por la CNMV en cualquier operación de deuda.
Nueva Rumasa intentó hacer cada vez más atractivas sus emisiones pagando un interés mayor o asegurando supuestamente la devolución de los ahorros.
La tercera emisión, que contaba con una rentabilidad del 8 por ciento a un año, como en el caso de la primera, estaba garantizada en teoría con "un tesoro de incalculable valor", que eran las existencias del brandy "Conde de Garvey", tasadas en 1.200 millones de euros.
La CNMV ya advirtió a los inversores que Nueva Rumasa no había constituido ninguna garantía que avalara la devolución de las inversiones y del rendimiento prometido.
Tanto Carcesa, como Hibramer, Dhul y Clesa (las dos primeras emisoras de deuda y las dos últimas avalistas solidarias de una parte de los pagarés) se encuentran en "preconcurso de acreedores", lo que les concedía un plazo de cuatro meses para intentar renegociar su deuda antes de declararse insolventes.
La preocupación de los inversores particulares se ha disparado desde que el pasado 17 de febrero el grupo propiedad de José María Ruiz-Mateos anunció que había pedido el "preconcurso de acreedores" para once sociedades (la última conocida ha sido Cacaolat, que se suma a Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano).
Desde entones, se ha sucedido el vencimiento de decenas de pagarés que conllevaban el pago de intereses, sin que hayan sido atendidos por las empresas emisoras.
Según fuentes jurídicas, la emisión de pagarés de Carcesa venció el año pasado, sin que se produjeran incidentes relativos a la devolución de las inversiones y de los intereses, mientras que en el resto de emisiones se están produciendo vencimientos -sin los correspondientes abonos- tan sólo de los títulos que suponen el pago de intereses.
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