El artista James Rhodes apareció en octubre de 2020 tecleando el piano de su casa. Era el Himno de la Alegría (que es el himno de la Unión Europea). Una melodía que apenas duró tres minutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aguardaba desde La Moncloa para hacer un gran anuncio: el Plan de Recuperación, que guiaría la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023. "No se trata solo de recuperar el PIB que nos arrebató la pandemia, sino de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. El plan que presentamos es la nueva hoja de ruta de la modernización de nuestro país". Casi dos años después de esas declaraciones, las CCAA canalizan el dinero -con el beneplácito del Ejecutivo- en ampliaciones de residencias de tercera edad, nuevos aparcamientos, contratación de socorristas, el mantenimiento de luces de Navidad o la compra de vehículos oficiales.
La Moncloa diseñó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en torno a diez políticas tractoras. "Van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social", sostenían. Los primeros cinco puntos se centraban en luchar contra la despoblación, impulsar las infraestructuras y ecosistemas resilientes, una transición energética justa e inclusiva, promover una Administración para el siglo XXI y llevar a cabo la digitalización de las empresas. La otra mitad de las políticas hacían hincapié en un pacto por la ciencia, la educación, una nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el desarrollo de la cultura y el deporte y la modernización del estado fiscal, incrementando la progresividad y redistribución.
Sin embargo, estos objetivos difieren de muchas de las inversiones que están acometiendo las Comunidades Autónomas en sus diferentes territorios, que en lugar de lanzar proyectos que "transformen" la economía, solo están sirviendo -los fondos- como un relleno extra al gasto público que, por falta de recursos, no se ha podido destinar en los presupuestos regionales. Un escenario que tienta a los diversos barones a seguir apostando por este tipo de políticas, más aún cuando se aproximan en los próximos meses elecciones autonómicas en la mayoría de los territorios.
Así se puede apreciar en las convocatorias de licitaciones y subvenciones cerradas del plan de recuperación del Gobierno. El gobierno de Adrián Barbón (Asturias) ha gastado en la prestación de actividades acuáticas y socorrismo en el Patronato Deportivo Municipal casi 140.000 euros. Por otro lado, el ejecutivo de Ximo Puig (Comunidad Valenciana), ha destinado más de 450.000 euros en la redacción de un proyecto para la construcción de nuevo edificio de Consultas Externas y un aparcamiento en el Hospital General Universitario del municipio alicantino de Elda.
En Extremadura, la Consejería de Educación y Empleo se ha gastado más de 33.000 euros en el "suministro" de un vehículo oficial. En Andalucía, la Junta ha destinado casi cuatro millones de euros a la compra de ordenadores. Además, en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page levantará una nueva residencia para personas de tercera edad llamada 'Los Olmos'. Un proyecto que no será el único. De hecho, hay en marcha también una reforma, por más de 2,2 millones, en una residencia en la Avenida de Barber (Toledo). Una apuesta que ha seguido el también socialista Javier Lambán (en Aragón), con la reforma de una residencias de mayores en Calatayud.
En las Islas Canarias, el presidente socialista, Ángel Victor Torres, ha dedicado parte de los fondos europeos a comprar plantas para zonas verdes, suministrar 30 camas para residencias de mayores, subvenciones en artes escénicas y musicales y programas de inserción para víctimas de trata y explotación sexual, entre otros. Mientras que el gobierno balear, liderado por la socialista Francesca Lluc Armengol Socías, lo ha gastado en el mantenimiento de las luces de navidad de los puertos de Eivissa y La Savina o en arrancar bolardos en el puerto de Palma.
El monto total de los fondos europeos será de 140.000 millones entre 2021 y 2026. Pero de esta ingente cantidad de dinero procedente del BCE, solo 70.000 millones (la mitad) será transferida. El resto será bajo la supervisión de Bruselas. Quizás, esta falta de control por parte de las autoridades europeas en las primeras transferencias es lo que ha propiciado que, entre unos y otros, hayan apostado por inversiones electoralistas más que en actuaciones que verdaderamente cambien la realidad económica de sus regiones.
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