El 16,4% de los españoles -en torno a 7,6 millones- cuenta con un plan de pensiones individual, un sistema de ahorro de cara a la jubilación que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desincentivado de manera drástica este año, rebajando la cantidad máxima para poder desgravarse en el Impuesto sobre la Renta de 8.000 euros a 2.000 euros. Mientras, el Ejecutivo trata de impulsar los planes de pensiones de empleo, a los que apenas están adheridos dos millones de ciudadanos y que se encuentran más incentivados fiscalmente desde el 1 de enero de 2021.
La batalla contra los planes individuales de pensiones tendrá uno de sus puntos álgidos en 2023, año a partir del cual se trasladarán de forma gradual las bonificaciones a este mecanismo a los planes de empleo y de empresas, con el objetivo de que dentro de diez años se beneficien hasta 13 millones de personas. Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno socialista a Bruselas, "el 10% de los ciudadanos con más renta se beneficia de dos terceras partes de las reducciones fiscales por aportaciones a los planes".
El papel clave de la negociación colectiva
"Es un sistema de beneficios injusto y concentrado en las rentas más altas", continúa el argumentario, en el que se asegura que la reforma que pretenden impulsar tiene el objetivo de cubrir a toda la población trabajadora, "incluyendo singularmente a los autónomos y al grupo de menores de 35 años". Y pone el foco a los trabajadores con los salarios inferiores a los 19.000 euros -el sueldo mediano-, que advierte que podrían encontrarse con una jubilación mínima debido a su menor nivel de cotización.
El Ejecutivo socialista asegura en el documento que ya está en poder de las autoridades comunitarias que impulsará una reforma, que aprobará en el primer semestre del próximo año, "aunque tendrá un claro efecto acumulativo en el tiempo", para revisar los sistemas complementarios de pensiones, dejando de lado los individuales -con poco impacto macroeconómico en la incentivación del ahorro a largo plazo- y poniendo en valor los de empleo, a partir de la negociación colectiva, especialmente sectorial.
También los funcionarios
El Ejecutivo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que para la puesta en marcha de esta reforma, en la que están implicados el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el de Hacienda; y el de Asuntos Económicos y Transformación -que son las administraciones ejecutoras-, no espera encontrar impedimentos relevantes y que el principal desafío es implantar esta modalidad a través de los acuerdos entre empresarios y sindicatos.
Admite que el impulso a los planes de pensiones de empleo viene avalado por la recomendación 16 del Pacto de Toledo y que pretende contar con el apoyo de los profesionales actuarios, los planificadores financieros, consultores de pensiones, el sector asegurador y las asociaciones de gestores de inversión colectivo. Asimismo, el Gobierno se propone extender de forma progresiva los planes de empleo a la plantilla pública -tres millones de efectivos en todas las administraciones-.
Las recomendaciones de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que aparece citada en ocho ocasiones en el documento remitido a Bruselas, ha mantenido una postura totalmente contraria a las actuales deducciones a los planes individuales de pensiones, que cuestan más de 1.600 millones. De estos incentivos, más de 1.050 millones de euros van a las rentas más altas. La AIReF asegura que este mecanismo no ha conseguido el principal objetivo para el que se diseñó, que era incentivar el ahorro, y que las desgravaciones que se contemplan en la Renta son regresivas.
Según recoge el último Observatorio de Inverco sobre planes de pensiones individuales, el ahorro acumulado por las familias españolas en estos productos aumentó un 10,6% durante 2019 -último año disponible-, hasta situarse en 79.896 millones de euros, un máximo en la serie histórica, debido fundamentalmente a las revalorizaciones experimentadas por las carteras de los Fondos de Pensiones y a la importante mejora en las aportaciones netas de los partícipes.
Todas las autonomías incrementaron su patrimonio en planes de pensiones y destacó Aragón, cuyos partícipes registraron un incremento patrimonial del 13,4%. Cuatro regiones acumulan el 64% del ahorro en estos productos -Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia-, mientras cuatro de cada diez familias españolas ahorra con este mecanismo, aunque en Madrid, La Rioja y Aragón el porcentaje aumenta al 50%.
El patrimonio medio acumulado por partícipe en Planes de Pensiones Individuales aumentó en 2019 hasta los 10.623 euros, desde los 9.543 euros de 2018 (un 11,3% más), un aumento que dio en todas las comunidades. Navarra se mantiene como la autonomía con mayor ahorro medio por partícipe (15.733 euros), seguida de País Vasco (14.164€), sin incluir Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), y Madrid (13.397€).
La apuesta por los PPE
El Gobierno ha abierto este año la mano con los poco arraigados Planes de Pensiones de Empleo (PPE), a los que se pueden aportar hasta 10.000 euros, hasta un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, frente a los 8.000 de 2020. Estos planes se diferencian de los individuales en que es la empresa o entidad quien los promueve para sus trabajadores. Ambos aportan cantidades al fondo de previsión y su adhesión es voluntaria por parte del empleado, aunque será automática en el corto plazo, a la vista de los planes del Gobierno.
Los PPE tienen incentivos fiscales tanto para los trabajadores como los empresarios, según señala Finect en su página web. Para el trabajador, el dinero que invierta será deducible en la declaración de la renta, como con un plan individual. Mientras, las aportaciones que realice la empresa serán un beneficio adicional a la retribución que entrega a su empleados y son consideradas como un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.
Según el estudio 'Tendencias en Beneficios Sociales 2021', elaborado por Cobee, una plataforma de gestión de planes de beneficios, el 63% de los trabajadores encuestados reconoce tener interés en contar con planes de pensiones entre los beneficios de empresa. El interés de la mitad de estos reconoce que su interés surge en los últimos meses. El informe resalta que casi un tercio de los sondeados estaría dispuesto aportar hasta 212 euros al mes de su salario, que como mínimo se verían duplicados por la empresa.
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