Madrid, 28 jun.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el Gobierno ha aprobado la factura electrónica, con la que se acabará con la práctica de dejar facturas impagadas en los cajones y que supondrá un ahorro para la administración y las empresas de casi 32 millones de euros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que a la factura se le ha dado el visto bueno mediante una ley reguladora.
Según Sáenz de Santamaría, la implantación de esta factura supondrá un ahorro para la administración general del Estado de 16,9 millones, de más de 15 millones para las empresas que facturan electrónicamente con el Estado y un negocio de 18 millones para el sector que opera en este ámbito.
La factura electrónica será obligatoria a partir del 15 de enero de 2014 y supondrá dotar de mayor transparencia a los pagos del Estado.
Al respecto, Sáenz de Santamaría ha indicado que también el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para evitar la persistente "morosidad" en las administraciones.
Lo que se hace es establecer la obligatoriedad de publicar los plazos medios de pago a proveedores por parte de todas las administraciones.
Esto supone, ha destacado, que todas las administraciones deben tener un plan de tesorería para hacer frente a esos abonos.
Finalmente, la vicepresidenta ha informado de que se ha aprobado un real decreto de medidas urgentes contra la morosidad, por el que se pone a disposición de los ayuntamientos medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez.
Como medida novedosa ha subrayado el que se podrá utilizar para respaldar los planes de ajuste o las deudas con las universidades o los parques tecnológicas.
Asimismo, se podrá utilizar para saldar las deudas contraídas con el denominado tercer sector (atención a la dependencia, discapacidad o infancia).
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que en la lucha contra la morosidad se están dando unos "avances muy importantes" y es "un cambio cualitativo" el que se pueda conocer el tiempo medio que tardan todas las administraciones en pagar
En cuanto a los ayuntamientos, Montoro ha dicho que de los 8.100 que hay unos 500 estarían en una situación "potencialmente más delicada" y para ellos se ha creado ese plan especial de financiación.
Este, a cambio de "condiciones muy exigentes", les permitirá abonar sus deudas.
El ministro de Hacienda también se ha referido a las entidades locales que están en superávit o tienen remanentes de tesorería, a los que ahora se les permitirá que puedan aplicarlo a inversiones que mejoren sus pueblos y ciudades, pero garantizando la estabilidad presupuestaria
Por tanto, es un "estímulo" o la forma "de cómo premia el Gobierno a los que cumplen", ha añadido.
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