Aprobado un proyecto de ley que favorece la competencia en el sector de las funerarias

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Servicios Funerarios, que tiene como finalidad garantizar el libre acceso a las actividades funerarias y su ejercicio, la libertad de elección de prestador por parte de los usuarios de servicios funerarios y la aplicación de prácticas que eviten la aparición de riesgos para la salud pública.
El texto legal se ha elaborado conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Incorpora las recomendaciones y comentarios de comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones y empresas del sector.
Busca actualizar y modernizar la regulación de los servicios funerarios y afecta principalmente a la eliminación de barreras de entrada y de ejercicio, lo que tendrá un significativo impacto sobre la mejora de la competencia en el sector y de la calidad del servicio, así como sobre la reducción de cargas administrativas, según informó el Gobierno.
En particular, se eliminan todos los requisitos innecesarios o desproporcionados para el acceso a la actividad: Número mínimo de vehículos y personal, salas de velatorio, acreditación de solvencia financiera, etcétera.
Asimismo se suprimen las autorizaciones de ejercicio consideradas innecesarias o desproporcionadas, en particular las autorizaciones sanitarias para el traslado de cadáveres que no presentan riesgos para la salud pública.
Igualmente se quita la prohibición de trasladar un fallecido hasta pasadas las 24 horas de la muerte y la exigencia de que los traslados deban realizarse por empresas autorizadas en los municipios donde se produce el fallecimiento o donde va a producirse la inhumación o incineración.
Entre otras cosas, también se suprimen las autorizaciones sanitarias para realizar prácticas de conservación y la reserva de actividad a los médicos forenses.
REDUCCIÓN DE CARGAS
La eliminación de estas autorizaciones y requisitos tendrá un significativo impacto sobre la competencia efectiva y supondrá una reducción de cargas administrativas que se estima en 18,3 millones de euros.
En este sentido, el 8% del ahorro total anual calculado beneficia a las empresas en el momento de su creación, por tratarse de la eliminación de trámites y requisitos relacionados con el acceso a la actividad. El 92% restante deriva de la eliminación de trámites asociados al ejercicio de la actividad de servicios funerarios.
Asimismo, el texto hace especial hincapié en la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios, al aumentar las obligaciones de información y transparencia en materia de precios y hacer explícito el derecho a la libertad de elección.