ArcelorMittal se opone a vender las instalaciones que cerrará en Bélgica

Actualiza la FC1059 con información sobre una asamblea de trabajadores

Bruselas, 28 ene.- El gigante siderúrgico ArcelorMittal mostró hoy su oposición a que otro inversor industrial adquiera las instalaciones que tiene previsto cerrar en Lieja (este de Bélgica), tal y como pretenden el Ejecutivo federal belga y el Gobierno de la región de Valonia.

"Las instalaciones que ArcelorMittal pretende cerrar no están a la venta", aseguró una portavoz del grupo al diario flamenco De Standaard.

El Gobierno federal, que preside el socialista Elio di Rupo, y el Ejecutivo regional valón, han advertido a la dirección de la siderúrgica de que "no aceptan" el cierre de varias instalaciones de la fase de fabricación en frío en la planta en Lieja, que supondrá el despido de unos 1.300 trabajadores.

Como alternativa, las autoridades de Bélgica proponen que las instalaciones sean adquiridas por otro industrial, a lo que se niega ArcelorMittal, al tiempo que han comenzado a estudiar una reforma de las leyes que rigen los despidos colectivos en el país para facilitar esta operación.

Otra de las opciones sobre la mesa es la de una posible nacionalización de esas instalaciones como han propuesto los sindicatos, un planteamiento que ha generado muestras a favor y en contra entre los partidos políticos y que ha sido de nuevo rechazada por el grupo siderúrgico.

"No adoptamos esta posición en octubre de 2011 (momento en que se decidió el cierre de los altos hornos de Lieja) y desde entonces, no ha habido ningún cambio. No tenemos intención de vender a ningún inversor, tampoco a las autoridades", aseguró la portavoz del grupo siderúrgico al rotativo.

Por su parte, los trabajadores de la empresa acordaron hoy poner fin a su huelga y volver al trabajo el próximo miércoles, en una agitada asamblea en la que se produjeron altercados entre los propios empleados.

En paralelo, los trabajadores iniciarán a partir de mañana martes una serie de acciones de protesta, que arrancarán ante la sede del Gobierno de Valonia, en la localidad de Namur.

El cierre de los altos hornos de Lieja hace un año ya supuso la pérdida de unos 600 empleos directos y hasta 2.000 indirectos.

Desde que estalló la crisis económica, ArcelorMittal ha echado el cierre a varias de sus instalaciones en Europa, como los altos hornos de Florence (noreste de Francia), que provocó el enfrentamiento de la dirección del grupo industrial propiedad del multimillonario indio Lakshmi Mittal con el Ejecutivo de François Hollande.

ArcelorMittal justifica su política de cierres por la caída de la demanda del acero en 2012 en Europa que sitúa entre el 8 y el 9 %, lo que supone el 29 % menos respecto al nivel anterior a la crisis y una situación que no espera que mejore a lo largo de 2013.

La estrategia en materia de fiscalidad diseñada por el grupo industrial de Mittal en Bélgica también es objeto hoy de polémica en este país, ya que ArcelorMittal habría eludido pagar impuestos durante cuatro años al trasladar los beneficios obtenidos en distintos países a Bélgica para acogerse a su sistema fiscal, según el diario Le Soir.

La siderúrgica, según el rotativo, puso en marcha un organismo que llama ArcelorMittal Finance, que actuaba como un "banco interno" en Bélgica con el objetivo de localizar en el país las ganancias que obtiene en otros países y pagar menos impuestos.

Ese banco interno habría generado 5.800 millones de euros de beneficios, según el diario, y habría permitido al grupo aprovechar un resquicio de la legislación fiscal belga para evitar pagar gravámenes, señala el diario.

El grupo habría podido deducir hasta 5.600 millones de euros gracias a su localización en Bélgica, de manera que el "banco interno" no pagó impuestos más que en 2008, por un total de 81 millones de euros.

Esto supondría una tasa de imposición media sobre los beneficios repatriados a Bélgica del 1,4 % en estos cuatro años, agrega el medio, que también indica que el Gobierno regional valón ha iniciado una evaluación de lo que le costará al grupo siderúrgico descontaminar los terrenos en los que tiene sus fábricas en Lieja.

Según las estimaciones preliminares, ArcelorMittal tendrá que abonar entre 600 y 800 millones de euros a las autoridades valonas por la descontaminación de esos terrenos.