El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa en la que investigaba la presunta venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por parte del Ayuntamiento de Madrid gobernado entonces por Ana Botella a un fondo de inversión, al considerar que "no existen elementos suficientes" que permitan la continuidad del procedimiento.
Así consta en un auto dictado hoy mismo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa al no quedar "debidamente justificada la perpetración del delito".
El abogado del PSOE ha adelantado a Europa Press que recurrirá el archivo de la denuncia que interpuso al estar disconforme con la resolución. De igual modo, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS impugnará el sobreseimiento, según ha adelantado a Europa Press, su presidenta, Arantxa Mejías.
En el procedimiento penal se investigaban delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, infracciones penales que no han quedado acreditadas en la instrucción. Según ha adelantado 'Telemadrid', el juez concluye que, "para solventar una angustiosa situación económica", el que tenía competencias para ello acordó "llevar a cabo un plan que contemplaba, entre otras cosas, medidas como la venta de inmuebles".
"Y para ello se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas", determina.
Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid está "estudiando" la decisión judicial y, "en función de eso, se tomarán las medidas adecuadas".
El pasado diciembre, el Tribunal de Cuentas condenó a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por misma venta de 18 promociones de viviendas de la EMVS al grupo societario Fidere. Los afectados recurrieron a este mismo organismo de fiscalización contable que ahora tendrá que resolver a través de su sala de Enjuiciamiento. La decisión ahora de los tribunales puede incidir directamente en la resolución del recurso desde el momento en que el Juzgado de Instrucción desmonta uno de los principales argumentos de la sentencia del Tribunal de Cuentas como es el referido a la necesidad de establecer la venta con un precio mínimo.
Las actuaciones se incoaron a raíz de una denuncia presentada por el abogado del PSOE en nombre del entonces portavoz municipal Jaime Lissavetzky, así como la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas de la EMVS contra el exdirigente de este organismo municipal Fermín Oslé y Alfonso Benavides, el apoderado de la firma Fidere --que gestiona el fondo de inversión Blackstone- .
Los demandantes insinuaron, según la sentencia, que el procedimiento objeto de la causa "no fue correcto" por existir, entre otras cosas, "otras alternativas, otras posibilidades que produjesen algo así como menos daño a la ciudad de Madrid".
A ello, el juez replica que entiende que "este enfoque o criterio" debe descartarse, debiéndose analizar solo "lo que realmente se hizo, y solo eso" y si la conducta de los querellados "puede incardinarse en un tipo penal". "No todo lo sancionable en otros ámbitos lo es en el ámbito de lo penal", remarca.
Tras ello, trae a colación un auto dictado po la Audiencia Provincial de Madrid dentro de este proceso penal que concluía que "nada puede oponerse a la venta de inmuebles por mucho que fueran de protección pública". "No digamos ya si las ventas que nos ocupan tuvieron lugar con finalidad de garantizar la viabilidad de la EMVS, cuya sostenibilidad afecta al fin social que se debate", agregaban los magistrados.
A continuación, valida la testifical de Juan Velallos, director del equipó que elaboró, desde la consulta Price Waterhouse Cooper España, el Plan ed Viabilidad de la EMVS. Al respecto, recuerda que éste se refirió de manera contundente sobre la crítica situación del organismo, "que tenía una absoluta falta de liquidez no pudiendo alcanzar con sus beneficios el pago de nóminas, deuda financiera...".
"La adopción de medidas contundes, entre las que se encontraba la venta de parte de sus activos, era una absoluta necesidad urgente", reseña la sentencia. "La instrucción debía de dirigirse a conocer la realidad o no de un proceso realmente competitivo entre las partes que estuvieran presentes en el mismo e intentar conocer la posible existencia de una suerte de confabulación en perjuicio de un ente público. Y así lo hizo", zanja el instructor.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios