Según la denuncia argentina, el grupo español transfirió al fondo un juicio que mantiene con Argentina ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación en 2008 de Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas aeronáuticas que estaban bajo su administración.
Marsans "acciona contra el Estado por USD 1.600 millones y transfiere el derecho litigioso al fondo 'buitre' y a estudios jurídicos argentinos que asesoran en contra de los intereses de Argentina", dijo en rueda de prensa el fiscal Carlos Gonella titular de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Tras la expropiación "Marsans fue al CIADI a reclamar por daño injusto. En realidad, el grupo Marsans es un grupo deudor de la Argentina porque al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno tuvo que hacer inversiones obligado", sostuvo la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
La aerolínea argentina, privatizada y vendida a la entonces compañía pública española Iberia en 1990, fue adquirida en 2001 por Air Comet, dependiente de Marsans, por el valor simbólico de un dólar a raíz del quebranto en que estaba sumida.
En aquel entonces Aerolíneas Argentinas, que había suspendido sus vuelos internacionales cinco meses atrás, tenía 360 millones de dólares de déficit y 1.800 millones de deuda, por lo que se había declarado en suspensión de pagos.
Air Comet recibió ayuda estatal española para saldar deudas, pero a raíz de graves irregularidades en el uso de los fondos, los dueños de la firma fueron condenados a penas de prisión por fraude fiscal en 2013.
Además, este año la justicia de España los investiga bajo el cargo de apropiación indebida de 483 millones de dólares y blanqueo de capitales , tras la compra de Aerolíneas Argentinas.
La empresa de bandera volvió a control argentino cuando en julio de 2008, la presidenta argentina Cristina Kirchner anunció su nacionalización. La firma estaba de nuevo en bancarrota.
El fondo especulativo Burford Capital es el mismo que, en representación de dos empresas españolas en liquidación, presentó una demanda contra el país en un tribunal distrital de Nueva York por la expropiación de acciones de la petrolera estatal argentina YPF en 2012.
El argumento esgrimido por el fondo especulativo contra Argentina por el caso YPF es que durante el proceso de expropiación de la petrolera fueron violados reglamentos de la ley de "oferta pública en Estados Unidos".
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