La Ley de Vivienda ha pasado un nuevo trámite en el Congreso tras recibir 'luz verde' de la Comisión de Transportes y con ello el Gobierno logra superar un hito más para aprobar esta ley antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Tras el anuncio del pasado viernes, muchos son los agentes del sector que han salido al paso para valorar o cuestionar la iniciativa, ampliada esta misma semana con el anuncio de Sánchez de movilizar 50.000 viviendas adicionales de la Sareb y la propuesta del PP de acordar un Pacto de Estado.
Pero hay una cuestión que nubla las posibilidades reales de que el plan acordado por los socios del Gobierno de coalición llegue a materializarse: el tiempo necesario para ejecutarla. En medio de todo el ruido político, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha lanzado una propuesta que permitiría agilizar los plazos: comenzar a trabajar en los diseños de estas viviendas, de forma que, cuando el Ejecutivo acuerde la fórmula para desarrollar los suelos —a través de ayuntamientos, autonomías, la entidad estatal Sepes o por cesión a constructoras privadas—, los anteproyectos ya estén listos.
El COAM ha tendido la mano al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para organizar de forma conjunta concursos de arquitectura que adelanten los diseños de los proyectos de obra de estas nuevas viviendas en los suelos disponibles de la Sareb. En conversación con La Información, el decano de la corporación, Sigfrido Herráez, ha asegurado que la idea de lanzar esta oferta a las instituciones permitiría acelerar el proceso para que los terrenos sean explotados: "No cuesta tiempo ni dinero: ni retrasa los plazos, ni supone más dinero", defiende el arquitecto.
Ahorraría tres meses en su construcción
A su juicio, la iniciativa permitiría avanzar en el plan anunciado por Sánchez: "adelantaría tres meses los tiempos de arranque de las obras”, alega. "No perdemos tiempo mientras se adjudican, venden o subastan, y además obligas a que se ejecuten". Asimismo, los concursos otorgarían un valor añadido a esos suelos, a priori descartados por sus malas ubicaciones u otros condicionantes. Todo eso lo harían a un bajo coste, ya que la ejecución del concurso suele incluirse en el presupuesto destinado a los honorarios del arquitecto.
El plan del COAM también promovería "la construcción de viviendas de calidad, ya que esta viene a través de la comparación, y eso se consigue mediante concursos". En su opinión, la concurrencia de distintos estudios arquitectónicos permite, al mismo tiempo, promover la puesta en valor de criterios como la calidad estética y arquitectónica, la sostenibilidad o la eficiencia energética.
Aunque por el momento el Ministerio no se ha pronunciado al respecto, la iniciativa ha sido recogida con agrado por parte del resto de colegios arquitectónicos del país, mientras el colegio madrileño trata de acelerar las conversaciones con la Secretaría General de Agenda Urbana, bajo la dirección de Iñaqui Carnicero.
La propuesta de los arquitectos madrileños pasa por iniciar estos concursos en la capital y sus alrededores, y posteriormente expandir la fórmula al resto de autonomías. "Los suelos que están en las capitales tienen salida. Menos Murcia, que ya ha descartado usar estos suelos por tener un valor residual, el resto de regiones podrían usar la fórmula de los concursos", asegura el decano.
Vivienda social: la gran olvidada
La vivienda social ha sido la gran olvidada de los últimos años. España se encuentra en los últimos puestos en relación a otros países de la Unión Europea en cuanto a construcción de vivienda pública: actualmente este tipo de pisos apenas representa un 2% del total frente a un 9% de media en los estados miembros. Con la nueva ley, el Gobierno trata de variar las condiciones del mercado y la disponibilidad del parque, para lo cual se ha propuesto que en 20 años este tipo de pisos representen un 20% del total, cifra que a día de hoy registran países como el Reino Unido.
Sánchez reforzó su anuncio indicando que sumaría a las 50.000 viviendas de la Sareb otras 43.000 que serán financiadas mediante una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. El fin de todos estos movimientos es "hacer del acceso a la vivienda un derecho". Pero una vez más, los planes del Gobierno se topan con la realidad de los tiempos de construcción. Según la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, las nuevas viviendas a desarrollar en suelos de la Sareb no estarían disponibles hasta 2025.
El Gobierno cuenta con una cartera de 46.542 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, centre obras en curso y unidades de suelo. Dentro de las las 50.000 viviendas, 21.000 serán puestas a disposición de municipios y CCAA; 14.000 ya habitadas de ese parque serán para impulsar el alquiler social, y otras 15.000 se construirán en suelos públicos disponibles. Sólo en la Comunidad de Madrid, una de las zonas más tensionadas en términos de demanda, el antiguo 'banco malo' dispone de un total de 546 suelos en 61 municipios, terrenos que podrían destinarse a la construcción de parte de las 15.000 viviendas previstas por el Ejecutivo.
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