El Gobierno de España tiene hasta el próximo 31 de diciembre para transponer a la normativa española la Directiva sobre Intermediarios Tributarios -conocida en el mundillo de la asesoría fiscal como DAC6-, que entre otras cosas pretende obligar a los asesores fiscales a informar a sus administraciones tributarias nacionales sobre los esquemas fiscales controvertidos o al filo de la legalidad de los que tengan conocimiento en el curso de la relación con sus clientes. El asunto no es menor porque obligará a estos profesionales a restringir, cuando no suspender, el deber de confidencialidad que hasta ahora rige en esa relación, bajo el amparo del secreto profesional.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha querido advertir 'ex ante' sobre las consecuencias que este cambio fundamental de paradigma puede tener no sólo sobre su actividad profesional sino sobre el normal funcionamiento del mercado europeo de la asesoría fiscal. Avisan de que si el Gobierno de España opta por una aplicación estricta de la Directiva y arrambla con el principio del secreto profesional en la relación entre el asesor y su cliente, los grandes contribuyentes del país -aquellos que ejecutan esas grandes operaciones transfronterizas que la Directiva Europea pretende controlar- optarán por asesorarse en despachos ubicados en países con un menor nivel de exigencia regulatoria; y eso, claro, afectará a los despachos españoles, que se expondrán a la amenaza de perder algunas de sus principales cuentas, pero también a la Agencia Tributaria, que dependerá de la información que le remitan las administraciones de otros países para conocer la potencial erosión fiscal derivada de esas operaciones.
La Directiva Europea dejó a los países miembros margen para resolver el asunto del secreto profesional según lo establecido en sus normativas nacionales y los asesores fiscales han querido advertir de este escenario ahora que el Gobierno todavía no ha puesto sobre la mesa su proyecto de transposición de la normativa europea. El asunto es especialmente delicado en el caso español. Según un informe realizado por Aedaf sobre el particular, en España, al contrario de lo que ocurre en otros países, no existe una regulación sectorial de la profesión de asesor fiscal y por tanto no existe un reconocimiento tácito en ninguna norma del deber de confidencialidad de estos profesionales respecto de la operativa de sus clientes. Desde la asociación se entiende que el principio es aplicable al asesoramiento fiscal del mismo modo que lo es a cualquier otro asesoramiento legal que pueda contratar un ciudadano, pero lo cierto es que no existe una regulación específica sobre el asunto.
Ante este vacío legal, la Aedaf ha solicitado al Gobierno que maniobre con cautela y que evite ir más allá de lo que plantea la Directiva para impedir que la regulación española derive en un problema competitivo para el sector de la asesoría fiscal. "El legislador español debería considerar la posible distorsión del mercado - no sólo español, sino europeo- que puede generar un ejercicio dispar de la opción de la dispensa (respecto del secreto profesional) y su alcance limitado al ejercicio profesional de la abogacía, estableciendo una regulación coherente con la misma", sostiene el documento elaborado por Aedaf.
El riesgo añadido de una regulación por decreto
Con una Directiva poco concreta y sin un borrador del texto de la transposición disponible todavía, la situación a día de hoy para los profesionales de la asesoría fiscal viene definida por la inminente obligación de informar sobre una serie de 'operaciones de riesgo' cuya naturaleza todavía no se ha definido, de las que se desconoce la información concreta que habrá que proporcionar y cuyas consecuencias para asesores y asesorados todavía no están muy claras, más allá de la exigencia europea de que los países implanten un régimen sancionador.
A la Asociación Española de Asesores Fiscales le preocupa especialmente que el asunto se vaya a abordar por la vía del Decreto y no como proyecto de ley. Hacienda sostiene que la transposición se puede realizar vía Reglamento y que apenas habrá que introducir alguna pequeña modificación en la Ley General Tributaria, y que por tanto el asunto se puede solventar por la vía rápida.
Aedaf, por el contrario, entiende que las cuestiones a resolver en esa transposición son de la suficiente entidad como para habilitar una tramitación parlamentaria. La normativa que le corresponde definir al Ministerio de Hacienda deberá determinar por ejemplo si esa obligación de información de los intermediarios fiscales se sujeta únicamente a las operaciones transfronterizas o se aplica también a las operaciones interiores, si se limitan a operaciones que puedan generar un perjuicio significativo a las arcas públicas o se extiende a cualquier esquema fiscal que sea controvertido desde el punto de vista legal, o el modo en que se aplicará el régimen sancionador a profesionales y contribuyentes.
"Que pongamos objeciones no significa que no estemos a favor de la lucha contra el fraude fiscal, que por supuesto lo estamos", aclara el presidente de la asociación, José Ignacio Alemany, "pero lo que buscamos es la mayor claridad y sobre todo seguridad jurídica". Y lo que no quieren es que la DAC 6 sea aprovechada por el Gobierno para incrementar los controles preventivos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales contribuyentes a costa de los intermediarios.
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