El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto mediante el cual tiene previsto llevar a cabo un control exhaustivo de la jornada laboral los trabajadores. En concreto, este nuevo decreto del Gobierno de Sánchez y que afecta de manera directa al Estatuto de los Trabajadores y, lo ha justificado la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ante la avalancha de denuncias que ha recibido la Inspección de Trabajo.
El decreto, que tiene prevista su publicación en el BOE el próximo martes 12 de marzo, da a las empresas un plazo de dos meses para que sean ellas mismas las encargadas de implantar un registro diario de la jornada que, según la ministra Valerio, "deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo" de cada una de las personas que trabajen en la empresa, eso sí, sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Así las cosas, está previsto que para el lunes 13 de mayo, todas las empresas tengan ya establecido un modelo de registro.
Esta nueva medida de control laboral, que entrará en vigor a través del apartado séptimo del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, establece que son las mismas compañías las que tienen la obligación de conservar los registros de todos su trabajadores durante cuatro años, para que éstos estén a plena disposición de los trabajadores, los sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Este decreto del control del horario de trabajo no es del gusto a una parte de la patronal, en concreto, la Asociación Española para la Digitalización ya explicó el pasado mes de enero su presidenta Alicia Richart que “es uno de los asuntos más preocupantes para el sector". En un comunicado, la patronal tecnológica destacó "los esfuerzos y avances" en el establecimiento de "modelos flexibles"por parte de las empresas que lo conforman, "para los que se ha puesto a disposición muchas soluciones tecnológicas posibilitadoras".
Según la patronal tecnológica, este nuevo decreto de control horario "colisiona" con el nuevo contexto empresarial. Un contexto en el que, según Richart, hay cada vez más empleados que trabajan por objetivos "sin llevar a cabo un control de presencia ni ausencia"; una "tendencia creciente al teletrabajo", en la que "prima una cultura empresarial de confianza y no de control"; y añade que cada día más "se trabaja en equipos internacionales", con "trabajadores de diferentes países y husos horarios", algo que la presidente considera que choca con su flexibilidad y disponibilidad horaria, que es "clave·".
Por otro lado, los sindicatos tampoco se han mostrado ilusionados por la nueva medida. CCOO ha considerado que denominar este decreto como una "medida contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo" es un "eufemismo", ya que en la práctica "deja esta regulación en manos de las empresas". El sindicato ha mostrado su descontento porque "no han respetado el acuerdo alcanzado con los sindicatos" en esta materia y ha "descafeinado" el texto acordado, de forma que no garantiza la obligación de las empresas a tener un registro de la jornada de trabajo.
Por su parte, UGT ha concretado que no se incluye la obligación de entregar al trabajador un resumen escrito del registro en periodos regulares (no superiores al mes), o la información mensual expresa a los representantes de los trabajadores. Para este sindicato, la peor parte de la reforma está en la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ya que, a su entender, se modifica esta ley para introducir como infracción grave la transgresión de la nueva obligación sobre registro de jornada.
Sin embargo, no se modifica la regulación sancionadora dirigida al incumplimiento de la normativa sobre horas extraordinarias, tiempo parcial o periodos de descanso, introduciendo la infracción por trabajador, que es lo que UGT cree que desincentivaría por completo el incumplimiento. "No como hasta ahora, en la que en muchas ocasiones el empresario prefiere el pago de la multa al cumplimiento de la norma".
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