Las historias de supervivencia de familias arruinadas llenaron páginas de periódicos durante los años de crisis. Los reportajes, en aquel tiempo en el que todavía no se podía ni imaginar la magnitud de la crisis que ahora, con perspectiva, la literatura denomina 'Gran Recesión', contaban el drama de hogares que habían pasado en un abrir y cerrar de ojos de ingresar dos buenos salarios y llegar holgadamente a fin de mes a tener que alimentarse de la caridad. Una década después, la recuperación económica no ha llegado a todos los bolsillos y las heridas de la crisis siguen abiertas en muchas familias que temen ahora que la situación vuelva a torcerse, cuando ni siquiera han terminado de sanar.
Alberto lleva seis meses en paro. Su mujer Andrea, madre de sus dos hijos, de seis y siete años, se quedó en la misma situación en enero. Entre ambos ingresan unos 1.600 euros mensuales de prestaciones. Tienen que pagar 900 euros de alquiler y, con el resto, asumir los gastos de la vivienda (comunidad, agua, luz...), los coches, los seguros, el colegio de los niños... y comer. "A duras penas", así explica este padre cómo consiguen llegar a fin de mes. Su familia es una de las más de un millón que, a día de hoy, sobreviven en España con todos sus miembros activos parados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año contiene un dato dramático: los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentaron entre enero y marzo en 35.900, hasta un total de 1.089.400. De ellos, 280.200 son unipersonales, como el de Verónica, una joven de 30 años que se acaba de quedar sin empleo, después de dos años trabajando como dependienta en una tienda de su barrio. Tiene derecho a algo más de 700 euros de paro, prácticamente lo que le cuesta el alquiler, así que tiene que volver a casa de sus padres.
Carlos y Bea son padres de un bebé de ocho meses. Ella no está en disposición de trabajar, por lo que el INE la considera inactiva. De manera que él es el único miembro activo de la familia, y lleva seis meses en paro. Su prestación no llega a 1.000 euros, pagan 380 euros de hipoteca de una vivienda protegida que compraron y, con los gastos, "se come el 60% de los ingresos mensuales", asegura. "Tenemos 400 euros para todo el mes, menos mal que disponemos de un buen colchón de ahorro", matiza.
La situación se complica para las familias numerosas, como la de Juan Carlos. Lleva en paro casi un año y medio y cobra unos 700 euros, a los que se suman los 500 euros que ingresa su hijo mayor por las horas de trabajo que le permite desempeñar su discapacidad del 65%. El INE considera inactivos a su mujer, por dedicarse al hogar; al hijo que sigue al mayor, que tiene 20 años y estudia Derecho en la Universidad; y a su pequeña de seis años. Sumando la ayuda que reciben del Estado por hijo con discapacidad, ingresan 1.500 euros cada mes, con lo que tienen que vivir los cinco. "La familia nos ayuda mucho", relata agradecido.
El 'colchón' familiar
Precisamente, "las familias se han convertido en un importante colchón para subsistir", explica la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez, quien calcula que "el 80% de los que tuvieron que volver a casa de sus padres durante la crisis por no poder pagar su vivienda siguen tirando de ellos a día de hoy". Más si se quedan en el paro. "Los padres con hijos de cierta edad tienen pocas posibilidades de reinserción y si a esto se suma que los jóvenes se van de casa cada vez más tarde, por los elevados precios del alquiler y la escasa capacidad de ahorro, el problema se complica", reflexiona Menéndez.
El apoyo económico de sus padres es fundamental para Tamara, Santiago y sus cuatro hijos de entre cinco meses y ocho años. Su situación es excepcional, y grave: él no encuentra trabajo como oficial de mecánica y saca lo que puede haciendo "apaños" a los coches de los vecinos del barrio. "Unos meses se saca 200 euros y otros 400 o 500", explica Tamara, que se queda al cargo de los niños en una casa propiedad de una entidad financiera que ocupan desde hace más de seis años. En marzo recibieron la orden de desahucio y les dieron tres meses para abandonar la casa. Son conscientes. "Sabía que me iban a echar, pero no puedo irme a la calle, necesito un alquiler social", reclama esta madre.
El caso de la anterior familia es extremo y se asemeja más a lo que sucedía en este país en plena crisis, cuando los desahucios se dispararon a niveles récord. En pleno estallido del 'boom' inmobiliario, Lidia vio atravesar a su familia uno de los momentos más duros. Su marido, un aparejador que había cobrado un sueldo "bastante decente" con el auge del ladrillo, se quedó en el paro. "Estuvimos así casi dos años", relata. Justo antes habían firmado una hipoteca y "menos mal que fuimos muy prudentes, la pedimos a 35 años y se nos quedó en 400 euros". El mayor de sus siete hijos tiene hoy 18 años y todavía vive en casa, mientras estudia su carrera. Lidia es logopeda y lleva dos años como autónoma: "Pago más de lo que ingreso y solo ahora estoy empezando a sacar algo de dinero", comenta. Cuando se le pregunta por la recuperación económica, la pone en duda: "¿Recuperación?, mi marido cobra ahora un tercio menos de lo que cobrara antes de la crisis... Viene otra recesión, y va a ser gorda", augura.
"Trajes a medida"
La familia de Lidia atravesó este mal trago allá por el año 2013. En aquel entonces, el total de hogares con todos sus miembros activos en paro tocó su máximo al superar los dos millones. Este indicador alertó a la Cruz Roja, que empezó a priorizar a este colectivo. Lo explica la directora del Plan de Empleo, Maika Sánchez: "Pusimos en marcha un protocolo de diagnóstico de toda la unidad familiar en el que se selecciona al miembro que más posibilidades tiene de insertarse en el mercado laboral". "Se trata de analizar la empleabilidad, identificar las competencias de cada uno y estudiar la demanda del mercado. Entonces, se pacta con la familia quién va a ser el primero en trabajar y cómo van a apoyarle los demás. Es decir, se hace un traje a medida, sin dejar de atender al resto", detalla.
Para que esta estrategia surta efecto, el equipo de Cruz Roja trabaja en reforzar la conciliación y la corresponsabilidad dentro de la familia, sobre todo, "se pide a los hombres que cambien el chip y compartan las tareas con las mujeres". En definitiva, una cuestión de "solidaridad interna" de gran efectividad, pues el programa cuenta con una ratio de inserción considerable. En el 43% de los casos, al menos un miembro de la familia logra un empleo y empieza a inyectar ingresos a la unidad familiar. Para Sánchez, "el derecho a trabajar es el primer paso para reducir el nivel de pobreza y vivir en dignidad".
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