Asufin pide al Defensor del Pueblo que vele por el consumidor en los tribunales

La asociación Asufin ha pedido amparo al nuevo defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para que garantice la tutela judicial efectiva de los consumidores e inste al Gobierno a dotar a los tribunales de los recursos humanos y materiales suficientes para agilizar las reclamaciones.

Según explica este lunes Asufin en nota de prensa, la falta de medios está haciendo que las causas relacionadas con la contratación hipotecaria, como los gastos, el IRPH o las multidivisas, se acumulen en los tribunales especializados "hasta 3 y 4 años", una dilación que "termina disuadiendo" a los consumidores.

En este contexto, la asociación cree necesarias "medidas contundentes" para defender los intereses de los usuarios financieros, como son la imposición de sanciones y recargos disuasorios a las entidades que persistan en las malas prácticas y en la comercialización de productos y servicios con cláusulas abusivas.

Desde Asufin también han trasladado a Gabilondo que los mecanismos extrajudiciales son un "parche como se ha demostrado en numerosas ocasiones", y citan el arbitraje de las preferentes, el cual no evitó que los tribunales se llenaran de reclamaciones.

Lo mismo sucedió, prosiguen, con las cláusulas suelo, un "fracaso absoluto que trajo consigo la implantación de los juzgados especializados sin medios materiales ni humanos suficientes".

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, lamenta que se siga sin articular ningún mecanismo disuasorio que evite la mala praxis a pesar de que "la avalancha de asuntos bancarios sin resolver se acumula en estos juzgados y que, como ya nos tememos, la crisis de la pandemia traerá consigo muchos más".

En opinión de Asufin, tras más de diez años de la crisis financiera, "sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios", y es que "las resoluciones del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no son vinculantes".

Este sistema, apuntan al defensor del pueblo, "sale sumamente rentable a las entidades, que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras seis o siete años a los pocos que hayan reclamado".