El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha asumido las competencias para investigar el presunto blanqueo de 90 millones de euros, que podría haber cometido la cúpula el banco chino ICBC, la mayor entidad bancaria del mundo.
Así lo acuerda en un auto en el que da respuesta a la titular del juzgado de primera instancia número 7 de Parla (Madrid) que se inhibió de la investigación del caso a favor de Audiencia Nacional, que es el tribunal competente en este tipo de delitos cuando se llevan a cabo en operaciones transnacionales o tienen grave repercusión sobre la economía nacional.
El magistrado atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó que fuera la Audiencia la encargada de instruir el caso que trata de esclarecer si la entidad incurrió en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsificación.
El pasado mes de febrero, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Fiscalía Anticorrupción y la Agenica Tributaria, culminaron el primera fase de la `operación Shadow´ con la detención de cinco directivos de la entidad china, entre ellos el director, el subdirector y el responsable del mercado minorista.
MOCHILAS Y BOLSAS
El ICBC se estableció en España en 2011. Desde el principio, explica el juez en su auto, su modelo de negocio bancario se dirigió a captar el efectivo de sus nacionales, que se ingresaba en efectivo en la sucursal del banco de la calle Recoletos de Madrid.
Los clientes llevaban el dinero “portando mochilas, bolsas y cajas” de remesas “en efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales, para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces inmediato, a China, siguiendo así una estructura de blanqueo de capitales que resulta consumada con la llegada del dinero a China”.
Entiende el magistrado que el ICBC “funcionaba como un canal de blanqueo de rentas ilícitas originadas en las economías sumergidas del fraude fiscal y contrabando de las organizaciones criminales investigadas en las operaciones `Emperador´, `Snake´ o `Juguetes´”.
Indica también que los investigados “favorecieron masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 y 2014, por importe aproximado de 90 millones de euros”.
La Audiencia Nacional investigará si hubo contrabando de mercancías por declaraciones falsas de infravalor en la Aduana española, fraude en la declaración del IVA a la importación, y en el interior del territorio español, falsificación en documentos mercantiles y delitos contra la propiedad industrial, lo que “generaba una cadena de ventas opacas sucesivas e ingentes sumas de dinero en efectivo procedente de la economía sumergida”.
El banco procuraba “ocultar los masivos abonos en cuentas, troceando las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros de perceptiva declaración”.
Moreno explica en su auto que el ICBC conocía las pesquisas policiales en relación a un numeroso grupo de clientes suyos para los que inició “varias maniobras de ocultación de las transacciones y transferencias”.
De hecho, el banco no comunicó al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) varias operaciones sospechosas, incumpliendo sus obligaciones, identificó mínimamente a sus clientes e incluso aceptó el uso de testaferros, y trasladó a los investigadores facturas no recogidas en los movimientos de las cuentas investigadas.
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