Audiencia Nacional revela un borrador confidencial de venta de Nueva Rumasa

  • Ángel Sutil, un excolaborador del actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, entregó en la Audiencia Nacional un borrador según el cual Ruiz-Mateos y De Cabo abrieron negociaciones para repartirse el importe que quedara de las operaciones judiciales de los concursos y de la venta de activos.

Madrid, 17 feb.- Ángel Sutil, un excolaborador del actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, entregó en la Audiencia Nacional un borrador según el cual Ruiz-Mateos y De Cabo abrieron negociaciones para repartirse el importe que quedara de las operaciones judiciales de los concursos y de la venta de activos.

Así lo ha indicado el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en un auto en el que recoge las conclusiones de las diligencias practicadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales.

El auto acuerda levantar el secreto parcial de la causa que se sigue sobre los pagarés de Nueva Rumasa, que afecta a 4.110 inversores que destinaron más de 337 millones a estas emisiones.

Según dicho texto, que menciona el auto que se encuentra en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efeagro, la familia Ruiz-Mateos y Ángel de Cabo negociaron la posibilidad de repartirse en la proporción de 80-20%, respectivamente, el dinero logrado por los conceptos antes citados.

Este sistema de reparto también afectaría al total de los importes que consiguieran por la recuperación de cantidades que no se encuentran a disposición de la familia Ruiz-Mateos.

Respecto a este "borrador provisional", José María Ruiz-Mateos hijo ha manifestado a Efeagro que "eso es, si acaso, una falsificación más de Joaquín Yvancos (el que fuera abogado de la familia durante más de 25 años); no hay ningún documento firmado".

Ruiz-Mateos hijo ha afirmado, también, que "eso es radicalmente falso, no hay nada, ningún acuerdo de ningún tipo con Ángel Cabo. Manifiesto abiertamente y bajo juramento que no existe ningún documento, ni ningún pacto en este sentido".

En respuesta a las afirmaciones de Ruiz-Mateos hijo, Joaquín Yvancos ha declarado a Efeagro que "él no ha falsificado nada, porque no ha aportado nada a la Audiencia Nacional en este sentido".

Por su parte, fuentes del grupo de Ángel de Cabo han indicado a Efeagro que durante "la negociación entre Back in Business y la familia Ruiz-Mateos para la adquisición del Grupo Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos -quien desempeñaba en ese momento la representación legal de la familia y dirigía su estrategia de negociación- propuso el acuerdo" de reparto citado.

Estas fuentes han añadido que, desde Back in Business, "en ningún momento se contempló esa posibilidad ni siquiera se negoció sobre el mismo".

Las mismas fuentes han precisado que se descartó desde el primer momento, por lo que no se firmó, ni existe ningún acuerdo, ni en esos términos, ni de ningún otro tipo que no sean los de la compraventa del 9 de septiembre de 2011.

En el encabezado de este texto aparecen las leyendas "borrador provisional" y "absolutamente confidencial". Su desarrollo es calificado por ambas partes de "pacto de caballeros" y se acordó consignar por escrito a petición expresa de la familia Ruiz-Mateos, para "dejar constancia de los compromisos adquiridos".

Sin embargo, ambas partes se comprometían, según el texto, a "guardar el carácter privado" del mismo y de su contenido, "no siendo exhibido a la opinión pública o a terceros ajenos, procurando guardar reserva o secreto de la existencia del mismo".

Este "borrador provisional", que no está rubricado por las partes, recoge como "reales vendedores y destinatarios de servicios" los nombres del patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y sus seis hijos varones, José María, Zoilo, Javier, Alfonso, Álvaro y Pablo, mientras que como "real comprador y prestador de servicios" figura el de Ángel de Cabo.

En el "texto provisional" consta que, al margen de ese 20 %, De Cabo cobraría por los servicios prestados por la asistencia jurídica a través de sus empresas.

También recoge que se cede a De Cabo la gestión del cobro de los importes de los derechos derivados de la expropiación de la antigua Rumasa.

En el caso de que se consiguiera una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo, el "texto provisional" detalla que De Cabo satisfaría el importe total correspondiente a los pagarés emitidos por las empresas del Grupo Nueva Rumasa, así como de los intereses, siempre que "la indemnización a abonar por el Estado español sea superior a los 1.500 millones de euros".

En este texto se plasma una especie de pensión alimenticia para siete de los miembros de la familia Ruiz-Mateos, que incluía una primera cantidad económica para atender los gastos de alimentos y vida diaria, y una asignación mensual.

Se argumenta en el "borrador provisional" que esta contraprestación es debida a "la situación familiar" de los Ruiz-Mateos y dado que "De Cabo no efectúa ningún desembolso económico por la adquisición de las empresas del Grupo Nueva Rumasa".

El objetivo, según el "borrador provisional", era mantener estas asignaciones mensuales a los Ruiz-Mateos hasta que finalizaran todas las operaciones judiciales derivadas de los concursos de acreedores y procesos judiciales civiles, laborales o administrativos que afectan a las empresas de Nueva Rumasa.

También incluye que De Cabo "se obliga a desplegar una actividad completa, global, enérgica y muy sólida para la defensa de los intereses de la familia Ruiz-Mateos", para lograr "los importes más elevados posibles" de la venta de activos o de la "recuperación de importes adeudados a las empresas de Nueva Rumasa".

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