La auditoría de subvenciones será privada por la falta de medios propios de la AIReF

La auditoría a las subvenciones otorgadas por todas las administraciones públicas está a punto de comenzar. Fue una exigencia de Bruselas y el punto 2 del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos. Después de que el Consejo de Ministros le diera luz verde el pasado 2 de junio, el siguiente paso ha sido adjudicar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) su realización. Sin embargo, según señalan desde el propio organismo, no disponen de suficientes medios para llevarla a cabo, por lo que deberá subcontratar este servicio a una compañía privada.

La AIReF cuenta con apenas 35 analistas especializados en cuestiones presupuestarias y económicas, un personal que no es suficiente para asumir la carga de trabajo extra que se les viene encima en los próximos meses. Son profesionales centrados en la fiscalización de cuentas y presupuestos del sector público, pero no dan a basto para hacerse cargo, además, de esta ambiciosa auditoría que afectará a toda la administración.

Todo ello a pesar de que la partida contemplada para la AIReF ha aumentado en los Presupuestos de 2017 en un 4,2%, al pasar de los 4,48 millones del año pasado a 4,68 millones. Esto significa que habrá un incremento de la plantilla pero, aún así, habrá que recurrir al sector privado. El siguiente paso, por tanto, será convocar un concurso público para que una consultora asuma esas funciones de "spending review". El proceso de selección, además, será rápido ya que la orden de Hacienda es que la auditoría comience lo antes posible.Se analizarán hasta 32.000 millones de euros

Esta auditoría se realizará sobre un total de 32.814 millones de euros en subvenciones y gasto asimilado de las tres administraciones públicas (administración general, comunidades autónomas y corporaciones locales) y la Seguridad Social. En el siguiente gráfico se muestra el desglose de partidas que se analizarán en este ambicioso trabajo:

El objetivo de esta auditoría es, en una primera fase, conocer todas aquellas subvenciones que se otorgan desde las administraciones públicas y acotar el periodo temporal. El informe definitivo deberá estar listo para finales de 2018. A continuación se procederá a la implementación, es decir, a que Gobierno central, ejecutivos autonómicos y entidades locales supriman aquellos gastos superfluos, se descubran fraudes en las ayudas y a que se eviten en un futuro las duplicidades administrativas, cumpliendo así el citado pacto de investidura que dio la Presidencia del Gobierno a Rajoy. Será el Ministerio de Hacienda y Función Pública quien asuma los costes de este trabajo.

Ciudadanos considera como una victoria que se inicie esta auditoría que ya se ha puesto en marcha en otros países de nuestro entorno como Francia. De hecho, el partido naranja está siendo informado en todo momento del proceso que se está llevando a cabo en la AIReF. Hay que recordar que el Congreso, a través de la Comisión de Hacienda, ya aprobó el año pasado una iniciativa del PP en la que se instaba al Gobierno a iniciar una auditoria a las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor pero no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto en marcha.