En medio de un clima de fuerte tensión política y un panorama de grandes incertidumbres para los empresarios, CEOE ha recibido una buena noticia que llevaba meses esperando. La auditoría independiente encargada por el Ministerio de Trabajo para reevaluar la devolución de cerca de 13 millones de euros que el Ministerio exigió a CEOE en la época de Fátima Báñez, por el supuesto mal uso de determinadas subvenciones para formación gestionadas por la organización empresarial pero sobre todo por su 'hermana pequeña', Cepyme, ha determinado que dos terceras partes de esos gastos que la Administración pretendía reintegrar a las arcas públicas sí estaban justificados. La principal consecuencia de esto será que la devolución a la que deberá hacer frente la organización empresarial no será de 12,97 millones de euros -como inicialmente había calculado el Ministerio- sino de poco más de cuatro millones de euros, según han confirmado a La Información fuentes tanto del Ministerio como de la organización empresarial.
El resultado del examen encargado por el equipo de Magdalena Valerio supone una verdadera bombona de oxígeno financiero para la organización empresarial, que a finales de 2017 se vio obligada a montar una operación financiera de emergencia para evitar que el expediente de reintegro abierto por el Ministerio de Empleo dejara a CEOE en una situación virtual de quiebra. La solución encontrada por el entonces vicepresidente y responsable de la Comisión de Presupuestos de CEOE, Juan Pablo Lázaro, fue ordenar 'in extremis' -el 29 de diciembre- el pago de un dividendo de 12,32 millones de euros desde las cuentas del Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE) -la filial de CEOE para temas de formación- hacia las de su matriz, CEOE, con el único objetivo de disponer en caja de la tesorería suficiente para hacer frente al expediente de reintegro que el Ministerio ya ultimaba por aquellas fechas.
La 'operación de salvamento' dejó las cuentas de CEOE en números rojos y volatilizó de un plumazo una tercera parte de sus recursos propios pero habilitó el colchón financiero suficiente para hacer frente a la orden de reintegro que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le giró a la organización empresarial apenas un par de meses después -en febrero de 2018- y que le exigía hacer frente al reintegro de 12.972.000 euros correspondientes a las subvenciones para formación recibidas para el ejercicio de 2010 y que tanto el Tribunal de Cuentas, en primer instancia, como los servicios del Ministerio, en segundo término, consideraban gastos no justificados.
CEOE actuó entonces en dos vías. Por un lado se dotó, con la operación financiera antes descrita, del colchón financiero suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad sin poner en peligro su operativa cotidiana; por otro, plantó un recurso de alzada a la resolución administrativa del SEPE y mostró su disposición a acudir a la vía contencioso-administrativa para defender sus intereses, ya que consideraba que el expediente sobredimensionaba la cuantía de los posibles incumplimientos.
La moción de censura y el ascenso al poder de Pedro Sánchez cambió el escenario y los interlocutores, y CEOE negoció entonces con el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo encabezado por Magdalena Valerio una suerte de arbitraje: la realización de una auditoría independiente que determinara si esos gastos que el Ministerio consideraba como no justificados lo eran efectivamente o, por el contrario, como defendía CEOE, respondían al precio de mercado en aquellos momentos. Según fuentes del Ministerio, esta tasación pericial externa ha resuelto que "las cantidades a liquidar por CEOE y Cepyme sumen algo más de cuatro millones de euros", si bien no proporcionan la suma exacta.
Fuentes de la organización empresarial consultadas por La Información revelan que Trabajo comunicó la resolución de este peritaje a la Dirección de CEOE en los últimos compases de 2019 y esperan que el expediente de reintegro derivado de éste -que ambas partes asumieron en su día como vinculante- se sustancie ya dentro del ejercicio de 2020, si bien éste extremo no ha sido confirmado de forma oficial por el Ministerio.
CEOE consigue salvar cerca de nueve millones de euros
En cualquier caso, bajo esta premisa CEOE se salvaría de tener que reingresar en las arcas públicas cerca de nueve millones de euros respecto al monto inicial que le exigió el SEPE. Éste hacía referencia a dos expedientes diferentes. El primero, que afectaba de forma directa a CEOE, reclamaba el reintegro de 3.796.474 euros de los 9.982.575 euros recibidos en su día por la organización en concepto de subvención para la realización de acciones de formación con cargo a la convocatoria del año 2010. Ésta convocatoria había sido puesta en el punto de mira en el ya célebre informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del programa de formación para el empleo por parte de los agentes sociales publicado en agosto de 2014, en el que denunciaba múltiples irregularidades en la prestación de estos cursillo formativos e instaba la recuperación para las arcas públicas de 54 millones de euros de las subvenciones concedidas a sindicatos y organizaciones empresariales en dicho ejercicio.
Las alegaciones realizadas en su día por CEOE sirvieron de poco y en febrero de 2018 Empleo comunicó su resolución definitiva de reclamar a la organización empresarial 5.086.691 euros por las subvenciones percibidas en 2010, correspondientes a 3,79 millones de gastos no justificados y los intereses de demora devengados en este tiempo.
La parte del león del asunto, no obstante, correspondía a las supuestas irregularidades detectadas en la prestación de esos curso de formación por parte de Cepyme, que ascendían a 7.885.516 euros y que CEOE se comprometió en su día a asumir. El monto agregado rondaba los 13 millones de euros.
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