El gasto destinado a pagar las pensiones de los funcionarios civiles inscritos en el Régimen de Clases Pasivas de la Administración General del Estado sigue imparable. En plena negociación de la reforma de las pensiones, el temor a que los cambios afecten a su edad de retiro -la mayoría puede jubilarse a cinco años antes de la edad legal fijada para el Régimen General y sin penalización-, unido a la llegada a la jubilación de los 'boomers' del sector público, ha provocado un aluvión de altas en los últimos meses, que ha incrementado de forma considerable el gasto.
Esta incertidumbre generada ha hecho que en los últimos meses el ritmo de retiros entre los funcionarios se haya disparado, hasta el punto en que solo en los seis meses de 2022 se han jubilado casi los mismos que en todo 2021 y más que los que los hicieron en 2020, en 2019 y en 2018. Con nóminas, de media, más elevadas que en el sector privado, sus prestaciones -militares, civiles, familiares...- son mayores y para abonarlas cada mes son necesarios 1.313,7 millones de euros por 14 pagas. En el caso de los funcionarios civiles de la nueva legislación (1985) e incorporados a la Administración antes de 2011, su nómina ya supone casi 949 millones cada mes.
El aumento de gasto en todas estas prestaciones en los últimos diez años ha sido de un 50%, un porcentaje que alcanza el 76% en el caso de las de retiro. Mientras, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social -viudedad, orfandad, jubilación...- supuso casi 10.846 millones el pasado julio y solo las de jubilación del Régimen General, 6.384 millones. La partida destinada a estos pagos no ha parado de aumentar, pero lo ha hecho en el caso de las primeras un 39% y en el de las segundas un 52%, un 46% menos que las de Clases Pasivas.
La nómina para pagar las pensiones de los funcionarios superó los 17.127 millones en 2021. De media se retiran antes de los 62 años
El desembarco en la jubilación de los funcionarios se constata en los datos facilitados a La Información por la Subdirección General de Clases Pasivas, que muestran que hasta junio de este año se han retirado 11.611 funcionarios civiles y militares, frente a 13.100 de todo 2021 y más que todos los que se jubilaron en 2020 y 2019. El gasto anual en este tipo de pensiones ascendió a 17.127 millones de euros en 2021, según refleja el Portal de Clases Pasivas, que muestra un desembolso trimestral en torno a los 3.600 millones, excepto en el segundo y cuarto del año, que es cuando además se abonan las pagas extra y el gasto sube hasta unos 4.900 millones al trimestre.
Las facilidades que ofrece la ley para jubilarse a edades tempranas y un importante envejecimiento de la plantilla pública, que entró en la Administración mayoritariamente a mediados de los 80, explica el aumento del número de jubilados del sector público y del importe necesario para hacer efectivo el pago de sus nóminas. El envejecimiento de la plantilla pública, en la que más de un millón de efectivos -de los 2,6 millones actuales- tiene entre 50 y 59 años y en la que áreas como la Seguridad Social cuentan con trabajadores que de media tienen 56 años, está determinando este aluvión de retiros. Las administraciones perderán hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios del 'baby boom'.
La Subdirección General de la Gestión de Clases Pasivas, dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, muestra que la edad media de retiro de los funcionarios se situó en 61,97 años en 202o, casi dos años y medio menos que los trabajadores vinculados a los regímenes de la Seguridad Social. Desde 2018, la edad media de jubilación entre los funcionarios ha subido solo tres meses, una evolución que previsiblemente variará poco tras el espaldarazo de los representantes de PSOE y Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo a este colectivo y su singular jubilación.
Pese a todo, las últimas estadísticas muestran un ligero descenso de los empleados públicos que deciden retirarse antes de los 65 años, que pese a todo son mayoría y suponen el 59% de las altas. Sin embargo, el pasado año las jubilaciones anticipadas entre funcionarios se dispararon y afectaron a siete cada diez jubilados de Clases Pasivas, mientras que en 2020 el porcentaje se situó en el 62,5%. La nómina de mayo de las pensiones de los funcionarios, un mes que no incluye paga extra, fue de 949 millones, que se repartieron 412.000 efectivos, casi 2.300 euros de media frente a los 1.400 euros de los asalariados del Régimen General de la Seguridad Social, un 64% más.
Pese a la enorme brecha que todavía persiste, esta se ha ido rebajando en los últimos años, ya que superaba el 80% hace solo una década -1.122 euros frente 2.021-. El recorte, todavía tímido, ha venido propiciado por el desembarco, aún moderado, de los asalariados de la generación del 'baby boom' en el sistema de pensiones de la Seguridad, con sueldos mayores que los de sus padres y con largas carreras de cotización, y, sobre todo, porque el sueldo base, complementos y trienios de los funcionarios, según nivel y escala, está fijado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha estado prácticamente congelado durante los últimos años.
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