La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no apoyó la reforma laboral del Gobierno con unanimidad y la división interna está pasando factura a Antonio Garamendi, que puso su firma en el acuerdo tripartito alcanzado con el Gobierno y los sindicatos y ahora tiene que lidiar con el rechazo de algunas de las grandes patronales en Diego de León. Lejos de cesar con la publicación en el BOE de la norma, la tensión ha ido in crescendo en los últimos días, tal y como perciben fuentes del Comité Ejecutivo, que advierten de que algunos sectores están elevando el tono por las consecuencias negativas que consideran que va a tener el nuevo marco legislativo en su competitividad y en su actividad empresarial.
Es el caso de la automoción, que lleva meses advirtiendo de que la reforma laboral pergeñada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz es altamente perjudicial para el desarrollo de su actividad y tendrá notables consecuencias a medio plazo. La principal patronal del motor, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), hizo pinza con el sector agrario, representado por Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), y con algunas de las grandes organizaciones territoriales, como la catalana Foment del Treball y la madrileña CEIM, y se abstuvo en la votación del Comité Ejecutivo que dio el visto bueno -sin unanimidad- al acuerdo alcanzado con el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.
Los empresarios de la automoción advirtieron en su exposición, durante el cónclave empresarial, de que las medidas que se habían pactado en la mesa de diálogo social afectarían negativamente al sector. Pero, según ha podido saber La Información por diversas fuentes de la patronal, en los últimos días han ido más allá y han empezado a alertar, dentro de la CEOE, de que la reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno podría incluso provocar el cierre de plantas automovilísticas en territorio español. No es un aviso menor, por la repercusión que esos cierres tendría para la economía y el empleo de algunas regiones punteras de España.
Es el caso de Madrid, donde la agrupación automovilística internacional Stellantis ha advertido de que peligra la supervivencia de la planta en la que mantiene un ERTE activo para más de un millar de empleados. Stellantis es uno de los grandes grupos de la industria automotriz, que nació de la unión entre PSA y FCA Fiat Chrysler y produce grandes marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler o Alfa Romeo. El grupo, representado por Anfac dentro de la CEOE, ha advertido en el seno de la organización empresarial de que la rigidez que introduce la reforma en el marco de relaciones laborales podría provocar el cierre de su planta madrileña. El aviso ha sido trasladado incluso a la organización sindical UGT, según revelan fuentes del entorno en el que se están produciendo estas advertencias.
Prevalencia del convenio sectorial
Las patronales del motor critican la pérdida de poder de las empresas en materia salarial con la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, uno de los grandes cambios que introduce la reforma laboral en materia de negociación colectiva. Ese fue uno de los principales motivos por el que los empresarios de la automoción se sumaron a las patronales díscolas que no avalaron el acuerdo tripartito negociado por la CEOE. Tanto Anfac, como Faconauto y Ganvam han mostrado sus reservas hacia un pacto que consideran que deroga aspectos de la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012 y que otorgaban flexibilidad a las empresas e introduce más rigidez en el esquema de contratación.
Aunque la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la introducción del nuevo mecanismo RED para crisis cíclicas y sectoriales, junto con el fomento de la formación, son algunos de los aspectos de la reforma laboral que acaba de poner en marcha el Gobierno que sí agradan a las patronales del motor, no son suficientes para contrarrestar los recortes en materia de flexibilidad, a juicio de estas organizaciones, que insisten en el lastre que supondrá para su competitividad la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial.
Según explican fuentes del sector, tradicionalmente, la automoción ha mostrado una gran capacidad de concertación social que le ha permitido mantener un elevado nivel de competitividad con una gran flexibilidad interna y una relativa moderación de los costes laborales. Las condiciones se han negociado siempre en el seno de las empresas, ya que se rigen por el convenio del metal, a falta de un convenio estatal de automoción. En este contexto, "no resulta previsible que los sindicatos aprovechen el nuevo marco laboral para quebrar la concertación social con una escalada de sueldos por la puerta de atrás", admiten estas fuentes.
El sector está viviendo un momento muy delicado, en el que crece la preocupación tanto por la reforma laboral como por la crisis de los semiconductores y los paros en las cadenas de suministro o la subida del impuesto de matriculación que acaba de entrar en vigor. El malestar es generalizado entre las organizaciones empresariales de un sector que emplea al 9% de la población activa, según sus cálculos, y que ve peligrar su cuota de ventas en un 2022 que todavía estará marcado por la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19.
Así lo están reivindicando dentro de la CEOE, elevando la tensión interna y poniendo en una situación muy compleja a Garamendi, a quien le ha costado mucho justificar dentro de casa, especialmente ante las patronales díscolas, su 'sí' a la reforma laboral del Gobierno, según insisten fuentes de la organización empresarial. No hay que olvidar, además, que con la reforma laboral no acaba todo. En breve tendrá que negociar con el Gobierno otra subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y tendrá que elegir entre "ayudar a Yolanda Díaz con su agenda política o ponerse del lado de las empresas", advierten, en tono crítico, desde la cúpula de la patronal.
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