Camino del 28M

Las autonomías renuevan la guerra por Patrimonio a las puertas de las elecciones

Sin reforma de la Financiación, el que es uno de los impuestos más conflictivos del sistema tributario (por su evolución y por las disputas que genera entre territorios) ha reavivado viejas polémicas en plena precampaña.

Vista general de los participantes en el consejo de Política Fiscal y Financiera, a 27 de julio de 2022
Las autonomías renuevan la guerra por Patrimonio a las puertas de las elecciones
Europa Press

Año electoral... año de batalla fiscal. Y la de este ejercicio viene motivada, entre otras cosas, por la guerra abierta entre las autonomías que mantienen bonificado el impuesto de Patrimonio y el Gobierno Central, a cuenta del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, la nueva figura impositiva que entró en vigor en enero para neutralizar esas ventajas en territorios como Madrid, Andalucía y Galicia, y tratar de unificar criterios. A falta de la reforma del Modelo de Financiación, pendiente desde 2014, el que es uno de los impuestos más conflictivos del sistema tributario nacional -por su evolución histórica y por las disputas que genera entre los territorios que quieren suprimirlo y los que lo mantienen- ha reavivado viejas polémicas en plena precampaña.

Recientemente, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha calculado que, a pesar de que el impuesto nació para contrarrestar las bonificaciones aplicadas por varias regiones gobernadas por el Partido Popular, los contribuyentes con un patrimonio de 40 millones seguirán pagando más en Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Valencia que en Madrid y Andalucía (que lo bonifican al 100%) o que en Galicia (que lo rebajó al 50%). De esta forma y, según el REAF, ocho autonomías gobernadas por los socialistas también han salido perjudicadas con la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en la comparativa nacional. A este caso se suma el de Cataluña, Asturias, Cantabria y Murcia, que aplican en Patrimonio un tipo inferior al fijado por el ITSGF (3,5%), por lo que sus grandes fortunas también tendrán que abonar el nuevo tributo.

Lo que está sucediendo con ambos impuestos es una buena muestra de hasta qué punto el sistema fiscal actual "está destrozado", en opinión de José María Peláez, quien fuera presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda entre 2004 y 2007. Desde su punto de vista, las distintas reformas tributarias se han basado en poner un parche sobre otro parche y ningún Gobierno ha sido capaz de diseñar y reformar el modelo alcanzando acuerdos importantes con el resto de grupos parlamentarios. La situación en la que está Patrimonio es "desastrosa" y, ahora, el Gobierno ha contraataca creando otro impuesto, que viene a "añadir más leña al fuego".

Peláez recuerda que al tratarse de un impuesto estatal dentro del bloque de los que fueron cedidos en su totalidad a las comunidades autónomas (al igual que con Sucesiones o Actos Jurídicos Documentados se les pasó su gestión, la inspección, la capacidad normativa y la recaudación), estas no pueden suprimirlo. Pese a ello, hay territorios que han incurrido en la "trampa legal" de bonificarlo al 100%. Se trata de un tributo que tiene muchos defensores y muchos detractores y que, a su juicio, no deja de ser un impuesto 'zombie'. Fue suprimido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy lo recuperó en 2011, en principio con carácter temporal, a raíz de la crisis financiera. Incluso hay quienes consideran que es "hacer tributar dos veces a las grandes fortunas", recuerda Peláez. 

'El desierto de los tártaros' o la eterna reforma de la financiación

Actualmente el impuesto de Patrimonio lo declaran quienes tienen una renta media en el IRPF de 143.000 euros, si bien apenas recauda cada año alrededor de 1.200 millones de euros, de los que prácticamente la mitad se ingresan en Cataluña. Madrid apenas obtiene un 2% de algún "fleco suelto". Es precisamente esa disparidad de recaudación entre una comunidad autónoma y otra la que, desde su punto de vista, supone un contrasentido. Lo lógico, apunta, sería suprimirlo en todas las regiones o unificarlo para que no hubiera diferencias entre territorios (para evitar el conocido como 'dumping fiscal' que denuncian algunos gobiernos regionales y que acaba detrayendo recursos de los territorios que no cuentan con margen para poner en marcha incentivos fiscales). 

También lamenta el caso de aquellas comunidades autónomas que abogan por suprimir Patrimonio, Sucesiones y por rebajar el IRPF, y que luego tienen la Sanidad o la Educación hechas un desastre o están pidiendo por otro lado más recursos del sistema de financiación. La reforma del modelo actual, que caducó hace casi una década, se ha convertido nuevamente en la promesa incumplida de otro Gobierno más, en este caso el de coalición. A mediados de 2021, el departamento que encabeza María Jesús Montero creó un grupo de expertos para estudiar una reforma fiscal que incorporase cambios importantes, así como una propuesta de armonización fiscal de las autonomías. Aquel informe prácticamente cayó en saco roto. 

"No tributan los territorios, tributan los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener unas cargas fiscales homogéneas en función de su capacidad económica y su nivel de renta, vivan donde vivan. La armonización fiscal no agota la capacidad normativa de las comunidades", defendía la titular de Hacienda y Función Pública hace menos de tres años. Al final, las tensiones entre autonomías y la incapacidad de alcanzar acuerdos han pesado más y el Gobierno ha podido calmar las aguas gracias a que la mejora de los ingresos que han traído consigo el buen comportamiento de la economía (creció en 2022 al 5,5% por segundo ejercicio consecutivo) y la inflación se ha traducido en que las autonomías recibirán este año del Estado la cifra récord de 134.336 millones, un 24% más que el ejercicio previo, en concepto de transferencias del sistema.

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