La pandemia del coronavirus y el envejecimiento de las plantillas públicas, también de la población en general, ha provocado un refuerzo del área sanitaria de las comunidades autónomas, que en conjunto sumaba 588.351 efectivos a fecha de enero de 2022 -último dato disponible-. Mientras, este aumento ha ido en detrimento de la educación no universitaria, que ha perdido en solo un año 22.632 empleados, en un contexto de baja natalidad, con un número de nacimientos similar al de los años cuarenta, en plena posguerra. El número de docentes ha pasado de algo más 611.000 en 2021 a 588.300 que se registraban a principios de año.
La estadística que facilita el Ministerio de Hacienda y Función Pública muestra que la Covid forzó un incremento importante de personal en sanidad y educación, debido a las bajas motivadas la pandemia y a las necesidades generadas por las hospitalizaciones. Sin embargo, esta tendencia al alza solo se han consolidado en el Sistema Nacional de Salud -hay 68.500 efectivos más que en 2020-, pero no en el área educativa. Mientras, que el personal vinculado a las consejerías de Sanidad se ha incrementado en un 18,4% en la última década, la plantilla de docentes solo lo ha hecho en un 11,5%. En enero de 2022 solo tres comunidades -Cantabria, Comunidad Valencia y Extremadura- habían reducido su personal sanitario, aunque mínimamente. Mientras, Andalucía se convirtió en la comunidad autónoma que más incremento los efectivos en sanidad.
El 34,5% de los efectivos que tienen las CCAA. Mientras, los funcionarios de carrera representan el 52,4% y el resto es personal laboral
La mala noticia es que buena parte de este nuevo personal sanitario y el vinculado a la consejerías de Educación tiene contratos interinos, una modalidad demasiado asentada en las administraciones autonómicas. Es la fórmula de la que siguen tirando y representa, de media, el 34,5% de los efectivos que tienen las CCAA es temporal. Mientras, los funcionarios de carrera representan el 52,4% y el resto es personal laboral. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es situar la tasa de temporalidad en la Administración por debajo del 8% antes de 2024, para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por este personal. Sin embargo, el porcentaje de interinos, mayoritariamente mujeres, multiplica por cuatro ese porcentaje en las comunidades.
El número de efectivos al servicio de las administraciones públicas -central, autonómica y local- se situó en enero de 2022 en 2,72 millones, apenas 7.000 efectivos más que un año antes. En conjunto, uno de cada cuatro de estos empleados son eventuales y el 22%, personal laboral. Los interinos en las comunidades autónomas suponen uno de cada tres empleados y los efectivos que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores suman más de 318.000. En el sector público hay 400.000 mujeres más que hombres -1,5 millones frente a 1,1- y en las comunidades autónomas prácticamente duplican a los hombres. Buena parte de los actuales efectivos o tienen contratos precarios o llevan varias décadas en la Administración y están a la puerta de la jubilación, un problema que afecta principalmente a la Administración General del Estado.
Las AAPP perderán hasta 2025 casi 331.000 efectivos
La mayoría de los funcionarios desembarcaron en las décadas de los 80 y 90, años en los que la plantilla pública empezó a engordar debido al Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España. Las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década. La edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años, mientras en el sector privado es de 26 años, según datos del estudio 'La Administración General del Estado a 10 años vista'.
En el caso de la sanidad, el principal problema será encontrar médicos que sustituyan a los que se jubilan. Así, España afrontará en el corto y medio plazo un déficit considerable de médicos -de prácticamente todas las especialidades-, que puede convertirse en un grave problema en un contexto de envejecimiento de la población, que obliga a destinar cada vez mayores recursos humanos y materiales para la atención de pensionistas y jubilados. Para sobrellevar esta falta de profesionales será necesario trabajar en varias direcciones y poner en marcha medidas efectivas para conseguir el número adecuado de médicos, para cada especialidad, en los próximos años.
Los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, a partir de un completo informe elaborado por Patricia Barber y Beatriz González López-Valcárcel, investigadoras y profesoras de la Universidad de las Palmas, muestran que el déficit en 2027 será de 9.000 profesionales y de cerca de 18.000 en 2035, sobre todo en Medicina Familiar y en Urgencias, muy lejos de los 80.000 que según las estadísticas de Instituto Nacional de Estadística (INE) deberían jubilarse en los próximos diez o 12 años, porque ya tienen una edad superior a los 55 años.
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