La patronal catalana Pimec se ha posicionado en el lado crítico del nuevo sistema de cotizaciones de autónomos que propone el Gobierno, ya que a su juicio, "pone en riesgo el crecimiento, la viabilidad y la competitividad" de este colectivo. Es por ello que la presidenta de Autónomos Pimec, Elisabet Bach, pide al Ejecutivo que haga compatibles y flexibles las cuotas, adaptándolas a la realidad económica de cada persona autónoma. "Se vuelve a pedir un esfuerzo más al colectivo en pleno contexto de crisis por la pandemia, dejándolo de nuevo en una situación de vulnerabilidad", afirma en un comunicado Bach.
El Gobierno ha planteado trece tramos para la cotización por ingresos de los autónomos con cuotas a la Seguridad Social, que oscilarán al final del período transitorio en 2031 entre 183 euros al mes para los de rendimientos mensuales inferiores a 600 euros y unos 1.260 euros para los que superen los 4.050 euros. Según Pimec, se trata de "un gran cambio", ya que "se pasa de la voluntariedad a un sistema de obligatoriedad".
La propuesta ha suscitado diferentes reacciones entre el colectivo de las pymes y autónomos españoles. Una de las organizaciones más críticas con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido ATA, quién asegura que "no tienen ni idea de lo que es ser autónomo". "El Gobierno quiere que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pague en 2031 el doble de cotización que ahora, que un periodista autónomo, por ejemplo, que facture 3.000 euros pague el triple dentro de tres años. Esto es una locura. No tienen ni idea de lo que es ser autónomo", ha denunciado en su cuenta de Twitter.
En cambio, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) valora positivamente este planteamiento ante la necesidad de impulsar un nuevo sistema de cotizaciones de autónomos "más justo y solidario para los más de tres millones de autónomos y autónomas que cuentan con el régimen actual". Landanburu argumenta que aquellos autónomos con rendimientos netos anuales de 3.000 euros, se les obliga, al pagar 200 euros mensuales de cuota, a un sobreesfuerzo del 80% de sus ingresos, y a esperar nueve años hasta poder pagar una cuota reducida, más justa. "Esto a nuestro juicio no es de recibo", ha indicado.
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