El Consejo de Ministros autorizaba este martes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para que articule una línea de avales hipotecarios junto al Instituto Oficial de Crédito (ICO) que se destinarán a los jóvenes de menos de 35 años, con ingresos inferiores a 37.800 euros brutos anuales, que traten de adquirir su primera vivienda. Este aval pretende cubrir el importe correspondiente a la entrada, ante las dificultades de muchos ciudadanos para ahorrar esta cantidad, bien sea por los altos precios del alquiler o por sus condiciones salariales. Por ello se ha fijado un porcentaje del 20% -ampliable al 25% si son energéticamente eficientes- que no podrá sumarse a los ofertados por Murcia, Madrid, Galicia, Andalucía y Castilla y León, dado que no son compatibles, según confirman fuentes del MITMA a La Información.
Los territorios gobernados por el Partido Popular ofrecen diferentes condiciones para acceder a los avales autonómicos. En Castilla y León el límite de edad está fijado en 36 años, mientras que Madrid eleva el importe máximo del inmueble hasta los 390.000 euros, aunque solo Galicia iguala el 20% de aval ofertado por el Gobierno, por lo que será necesario esperar a conocer qué límite de precios fija el Ministerio en cada comunidad autónoma para ver que opción resulta más beneficiosa para el ciudadano. Sin embargo, parece claro que tendrá que decantarse por una de las dos opciones. En el acuerdo aprobado este martes no aparece reflejado, pero las fuentes del Ejecutivo apuntan en esta dirección y el texto tiene que volver a pasar por Consejo de Ministros una vez pormenorizados todos los detalles con el ICO.
El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció el domingo que su Gobierno elevaría este aval hasta el 35%, pocas horas después de que Pedro Sánchez anunciase la medida. No obstante, el crédito estatal está diseñado para excluir las medidas autonómicas debido al importante peso que podría tener para las entidades bancarias el hecho de contar con avales públicos que en este caso podrían ascender hasta el 40%. Este impacto se concretaría en una reducción de su solvencia, debido a que los bancos dejarán de ingresar de manera automática el importe correspondiente a la entrada de la vivienda y en su lugar, asumen el coste íntegro del aval otorgado por las entidades públicas.
Aunque el efecto potencial sobre la banca juegue un papel en las ponderaciones del Gobierno, el diseño del aval persigue jugar una baza en clave electoral frente al PP, que es el que ha desarrollado estas políticas en el plano autonómico. Un movimiento que se hizo evidente en el momento en el que el presidente del Gobierno eligió un acto de su partido para anunciar la medida, que era del todo desconocida por sus socios de coalición, como han denunciado diferentes integrantes de Unidas Podemos y reconocen fuentes de la Portavocía del Gobierno. A escasas dos semanas de las elecciones autonómicas, el ala socialista ha diseñado la línea de avales hipotecarios sin dar cuenta a sus compañeros morados, que han apuntillado que esta medida va en la dirección contraria a la de la recién aprobada Ley de Vivienda.
Algunos críticos también han apuntado a un posible sobreendeudamiento de estos jóvenes, que podrían ver en estos avales una oportunidad para hacerse con un inmueble más caro del que se podrían permitir en función de su ahorro. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes descartan que esta dinámica se vaya a producir, ya que recuerdan, serán las entidades bancarias las encargadas de trazar el perfil de riesgo de cada cliente y conceder el crédito hipotecario de acuerdo con su capacidad de endeudamiento. Por lo que, como ocurre en las compras no avaladas por el Estado, las entidades bancarias establecerán un préstamo máximo a conceder a los beneficiarios, que no se verá distorsionado por el hecho de contar con la garantía pública.
El aval se solicitará a través de las entidades bancarias
Este miércoles el MITMA y el ICO firmarán el convenio que permitirá que las entidades bancarias interesadas se adhieran a las líneas de avales lanzadas por el Estado, por lo que el Instituto iniciará una negociación pormenorizada con los bancos representados en cada territorio. Según este diseño, los jóvenes interesados deberán solicitar el aval a través de la entidad con la que pretendan firmar su hipoteca, que debe ser formalizada antes del 31 de diciembre de 2025, según ha explicado la ministra Raquel Sánchez, aunque el Ejecutivo deja abierta la posibilidad de que este periodo se amplíe dos años.
El ICO prestará el aval por un plazo máximo de 10 años, tras el que este importe debe ser abonado, independientemente de cuál sea el periodo pactado para amortizar la totalidad de la hipoteca y de si existe o no un periodo de carencia - en el que se aplaza el pago-. Sin embargo, no han trascendido el resto de condiciones financieras, que deberán ser fijadas en las conversaciones que mantengan el ICO y las entidades bancarias, de acuerdo con las pautas que se establezcan mañana en el convenio firmado por el Ministerio, según explica el Gobierno, para facilitar la compra de hasta 50.000 viviendas. Dentro de esas negociaciones, cabe una opción de que se unan el aval autonómico y el estatal, pero está en manos de las entidades financieras que así lo establezcan o lo pacten con el ICO, si bien deberán sufrir un coste mayor en sus balances hasta que lo recuperen. Desde el Ejecutivo insisten en que no están pensados para ser compatibles.
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