El Gobierno estudia la posibilidad de prorrogar la prestación extraordinaria por cese de actividad habilitada para los autónomos durante el estado de alarma hasta el 31 de diciembre en determinados sectores, con el foco puesto en los más afectados por la crisis del coronavirus. En principio, según ha trasladado una comisión interministerial a las principales organizaciones representativas de este colectivo, se está estudiando alargar la ayuda hasta el 30 de junio con carácter general, al igual que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, pero en algunas actividades se podría extender hasta finales de año.
Es la percepción que ha trasladado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras la reunión que ha mantenido, junto con los representantes de UPTA y UATAE, con la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eso sí, Amor ha advertido de que es la sensación que le han trasladado los responsables gubernamentales y que todavía se está negociando y debe aprobarse por el Consejo de Ministros y plasmarse en el Boletín Oficial del Estado.
En cualquier caso, el Gobierno ya había venido manifestándose en esta línea. El propio Escrivá ha confirmado que se está estudiando cómo escalonar esta medida a lo largo de la desescalada. Se trata de la prestación extraordinaria por cese de actividad a la que ya se han acogido más de 1,2 millones de autónomos y que en estos momentos está ligada a la vigencia del estado de alarma. Lo que ha trasladado ahora Amor es que, seguramente, esta ayuda se vaya despojando de algunas de las bonificaciones que incluye en las condiciones actuales, también en línea con las directrices del acuerdo alcanzado para los ERTE.
De este modo, el presidente de ATA ha explicado que los ministros de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social han manifestado a los autónomos su intención de mantener esta prestación hasta el 30 de junio con carácter general, algo en lo que han coincidido todos los participantes en la reunión, y modularla a partir de ese momento, manteniéndola hasta finales de año en los sectores más afectados, que, según ha asegurado, ya se están identificando y se corresponden sobre todo con los relacionados con actividades turísticas y comerciales, especialmente la hostelería.
Amor también ha detallado algunas de las medidas demandadas por ATA al Ejecutivo, como la ayuda para los entre 150.000 y 200.000 autónomos de temporada (feriantes, propietarios de chiringuitos, músicos, hamaqueros...) que no pueden acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad por no estar de alta en el sistema el 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma, y que encaran un verano incierto en el que desconocen si van a poder desarrollar su actividad. También han pedido que se permita a los autónomos que hasta ahora se han acogido a la prestación extraordinaria acceder a la prestación ordinaria por cese.
Los autónomos también exigen cambios en algunas medidas aprobadas como las moratorias hipotecarias, de alquileres de vivienda y de locales de negocio, así como de crédito y el bono social. El problema es que para acreditar los requisitos se exige certificado de cese de actividad por parte de la Agencia Tributaria y, por tanto, baja en Hacienda y en la Seguridad Social, lo que implica el cierre del negocio. "Resulta incongruente porque con esta formalidad se están excluyendo de estas medidas a todos los beneficiarios de la prestación extraordinaria, que deben mantener el alta de la actividad", denuncia UPTA, que considera que "esta exigencia contradice el espíritu del mantenimiento del tejido productivo".
Microcréditos de 15.000 euros
Por otro lado, las organizaciones de autónomos reclaman al Gobierno que amplíe los sectores que pueden acogerse a la moratoria de seis meses del pago de las cuotas a la Seguridad Social, así como una ampliación de las líneas de crédito del ICO y una suavización de las condiciones de los préstamos, asuntos que han tratado con la vicepresidenta Calviño. ATA, en concreto, plantea una reserva de las líneas del ICO para microcréditos para autónomos de un máximo de 15.000 euros con un tope en el tipo de interés del 1,5%. Además, anima a complementar el 20% no avalado por el Estado con las líneas de avales de las comunidades autónomas, a través de las sociedades de garantía recíprocas (SGR).
También está entre sus demandas una aclaración por parte del Gobierno sobre las obras de rehabilitación y reformas de viviendas habitadas y actividades de montaje (mobiliario, cocinas...). Quieren saber cuándo van a poder realizarse y en qué condiciones, pues "carece de sentido que se pueda ir a un comercio manteniendo la distancia de seguridad y no en estos supuestos", destacan desde ATA. Estos y otros asuntos se seguirán debatiendo con el Gobierno y deberán plasmarse en un acuerdo que pasará por el Consejo de Ministros y se publicará en el BOE.
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