Martes, 10.12.2019 - 14:16 h

Los políticos, sindicalistas y amiguetes costaron 26.000 millones ¿aprenderemos la lección?

La mala gestión de la banca pública se debió al amiguismo, las ganas de colocar en los Consejos a gente sin cualificar y en el ansia inmobiliaria. El Estado ha recuperado cerca de 2.600 millones.

El caso Bankia es paradigmático. Ahora está gestionado por profesionales, pero su salida a bolsa fue un fraude político donde los avisos de los inspectores no se tuvieron en cuenta. ¿Aprenderemos la lección? 

 

Los políticos, sindicalistas y amiguetes costaron 26.000 millones ¿aprenderemos la lección?

La suma de ayudas a la banca pública, tanto Bankia como Catalunya Banc (que agrupaba a las cajas catalanas quebradas), Novagalicia y otras entidades, según se calculaba en 2012, suponía un quebranto para el Estado de más de 26.060 millones de euros.

De manera oficial, se estima que desde 2009 hasta el día de hoy el total de dinero desembolsado por el Estado para recapitalizar el sistema asciende a cerca de 52.000 millones, por parte del fondo de rescate (FROB).

Sin embargo, a estas cantidades algunos analistas suman casi 8.000 millones de euros, en concepto de provisión del Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC), que es obligado y que permite cubrir hasta 100.000 euros por cada impositor.Fuerte inyección

Para entender estas discrepancias, conviene entender que el Estado, desde 2009, para poder hacerse con las antiguas cajas de ahorro, hubo de adquirirlas por medio de instrumentos híbridos convertibles a acciones, como eran las acciones preferentes, los bonos subordinados y otros mecanismos que, a fin de cuentas, paquetizaban las deudas de la entidades.

La cuestión es si había otras soluciones. Porque según expertos consultados por lainformacion.com, el criterio con que se calcularon estos instrumentos resultó, en bastantes casos, si no político, sí discrecional.

De esta forma, el desembolso del Estado, que alcanzó los 26.000 millones de euros hasta 2012, cuando las cajas se convirtieron en bancos y su capital se expresó en acciones, fue bastante mayor del que se debía.

Las informaciones internas del Banco de España sobre Bankia así lo señalan. Si a los 26.000 millones se añaden cálculos sobre cuestiones variadas, pasamos de valorar el coste explícito a incorporar otros criterios que pueden distorsionar más el debate.

El Banco de España da por perdidos 26.300 millones, que, en realidad, han salido del dinero de los contribuyentes, ha señalado El País, citando fuentes del propio Banco de España. A esta cantidad se suman otros 11.700 millones “irrecuperables” que aportaron los bancos. Entre 1978 y 2004, las pérdidas por quiebras, según calcula el Fondo de Garantía de Depósitos, se estiman en 9.000 millones de euros, pero a valor del euro de 2013. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado también que “es difícil pensar que las ayudas se van a recuperar en su totalidad”.Alemania rescató al Commerzbank

La situación de España admite comparaciones con otros países. Por ejemplo, la República Federal Alemana tuvo que hacer frente a una petición de rescate del CommerzBank a finales de 2008: 8.200 millones en ayuda directa y 15.000 millones más en concepto de avales.

Cinco años más tarde, al deshacerse de un 25% de las acciones, el Estado germano perdía 1.150 millones de euros, al tener que vender a un precio un 65 por ciento inferior al que le había costado nacionalizar la entidad.

Aún hoy, con el banco saneado, un 17% de las acciones de CommerzBank siguen perteneciendo al Estado.Estallido italiano

En Italia, la amenaza para la banca es comparable a las cifras que atenazaban al sistema bancario español a principios de la crisis.

Este verano se ha conocido que los índices de morosidad alcanzan el 25% en algunas entidades italianas, y el volumen total de créditos comprometidos podrían superar los 350.000 millones, según los cálculos más pesimistas.

En realidad, el estallido de la crisis bancaria italiana es uno de los riesgos más graves que atraviesa la Unión Europea, institución debilitada por múltiples problemas, y no sólo el abandono del Reino Unido.

El gobierno italiano ha ido concediendo ayudas a la banca del país, pero el problema persiste por la gran cantidad de créditos morosos que afectan a su solvencia.

La Autoridad Bancaria Europea reveló en julio que Monte dei Pasqui, que tiene un nuevo CEO, Marco Morelli , era la única de las 51 entidades evaluadas por debajo de los estándares exigidos. El BCE le instó a disminuir un 30% su cartera de créditos dudosos en 2018.Polémica sobre Bankia

En los últimos días se han publicado comentarios que los técnicos del Banco de España elaboraron en 2011 sobre la salida a Bolsa de Bankia.

Los inspectores entendían que la nueva entidad no contaba con buenos números, y empleaban expresiones como “muy débil”, “grave”, para calificar su capacidad de generación de ingresos.

De esta forma, desaconsejaban claramente la operación, al entender que su capitalización y su proyección de negocio estaban “muy sobrevaloradas”. Ya en ese momento, estos funcionarios señalaban que se estaba incurriendo en “información no veraz o engañosa”, y advertían sobre “las dudas del mercado ante el peso de su deuda”, según publicó El Mundo, y los peligros de “las políticas del pan para hoy y hambre para mañana”.

En concreto, se indicaba que los 190 millones de euros que Bankia presentaba como beneficio se debían más a operaciones extraordinarias, como la venta de participaciones en Enagás, y no tanto al volumen propio de negocio.La pieza más destartalada

Uno de los puntos más controvertidos hacía referencia al Banco de Valencia, la pieza más destartalada del BFA (Banco Financiero y de Ahorro), el cual junto con Cajamadrid constituía la parte fundamental de Bankia. Las pérdidas y desbarajustes provocados, sobre todo por el Banco de Valencia, llegaron a tal grado, que en diciembre de 2011 tanto el Banco de España como Bankia eran conscientes de un agujero de 5.000 millones de euros.

Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, impuso su criterio, y Bankia siguió adelante, a pesar de las informaciones en contra. En noviembre de 2012, y tras otra ayuda de 4.500 millones de euros, el Estado, a través del FROB, decidió vender BFA a CaixaBank por un euro.

La salida de Bankia a Bolsa, lo mismo que las operaciones con “acciones preferentes”, están ahora bajo investigación judicial, por sospecharse un presunto fraude. La acción, a 0,75 euros, lejos de los 3,75. En cualquier caso, la situación ha ido equilibrándose, en parte gracias a la gestión de Goirigolzarri y su equipo.

El Estado solo ha recuperado 2.600 millones

Al final, de todo el dinero que han puesto los contribuyentes, el Estado ha recuperado cerca de 2.600 millones, gracias a la venta de Banca Cívica (que integraba a la antigua Caja Navarra) a Caixabank en 2013 por 977 millones de euros, la venta de Catalunya Banc (782 millones), de Novagalicia (712 millones) y otras entidades.

A esta cifra cabría añadir los abonos de Bankia por beneficios. En el caso de este banco, aun cuando el Estado sacara a Bolsa toda su participación en un contexto más favorable, resultaría muy difícil lograr suficiente retorno.

Los mismos expertos consultados por lainformacion.com estiman en 3 euros la acción el valor en que se podría recuperar lo invertido en Bankia, si bien advierten que resulta complicado que la acción alcance esa cifra. El 20 de julio de 2011, día de su salida a Bolsa, cotizaba a 3,75 euros.Análisis a toro pasado

Una de las quejas de algunos expertos se centra en las valoraciones de los activos inmobiliarios dudosos. Se ha tenido miedo a dejarlos caer, y entrar en valoraciones a cero euros.

Otra queja, en la que parece haber más unanimidad, es la demora en actuar, y en actuar con determinación, por parte de los poderes públicos. Cabría aquí ampliar el debate, pues debería admitirse que los partidos políticos dieron luz verde a enormes gastos, como los mil millones de euros que costó el Aeropuerto de Ciudad Real a la quebrada caja de Castilla-La Mancha, la de Hernández Moltó, por ejemplo.

Una de las preguntas, en consecuencia, podría ser: ¿en qué momento se debía actuar, cuando en la época de vacas gordas se decidió acometer enormes inversiones? ¿Cuando las cifras dejaron de cuadrar? ¿Cuando la morosidad aumentaba? ¿Cuando el valor de los activos inmobiliarios se desplomaba?

De momento, como es constatable, los Estados han optado por las ayudas públicas, imponer (sus) gestores de experiencia probada, y sanear balances. ¿Hay fórmulas mágicas? Por el momento parece que no. Quizá las fusiones trasnacionales, pero ¿son fiables los datos de que se disponen? La transparencia, una vez más, sería clave.

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