La ampliación del plazo de cobertura de las ayudas directas para empresas y autónomos aprobada por el Consejo de Ministros llega tarde para más de 27.600 compañías que no han logrado sobrevivir a los estragos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Según refleja la última estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, el tejido productivo patrio cuenta en estos momentos con 1.296.788 compañías, frente a las 1.324.427 que había en febrero de 2020, antes de la irrupción de la Covid. Una sangría que contrasta con el optimismo del Gobierno sobre la recuperación económica y que sirve a las patronales para calificar de "insuficiente" la medida adoptada por el Ejecutivo tras constatar el "fiasco" de las ayudas.
Agosto suele ser un mal mes para el tejido productivo, en el sentido de que muchas empresas se dan de baja en la Seguridad Social. Pero este año ha sido especialmente negativo, incluso peor que el ejercicio anterior, porque se han destruido 15.678 compañías, prácticamente el triple de las que causaron baja en el mismo periodo de 2020 (unas 5.300). Esta debacle supone además un cambio de tendencia, pues la estadística de empresas inscritas a la Seguridad Social venía acumulando cuatro meses de incrementos consecutivos, desde el pasado abril. Si se echa la vista atrás, en estos momentos se han recuperado casi 64.000 altas desde el punto más bajo de la pandemia, en abril de 2020, pero todavía hay 27.639 empresas menos que antes de la Covid.
Los datos de esta estadística, que mide el número de empresas en alta en la Seguridad Social en el último día del mes de referencia, sin especificar cuántas se han creado ni cuántas han desaparecido en el periodo, contrastan con el optimismo que traslada el Gobierno sobre la recuperación económica. Y es que el Ejecutivo prefiere fijarse en el dato de crecimiento de sociedades mercantiles que aporta el INE y que alcanzó en julio (último dato disponible) la cifra de 8.379, el mayor flujo en este mes desde 2008, con un saldo neto de creaciones frente a disoluciones (1.503) que también resultó elevado (6.876, la mayor cifra en un mes de julio desde 2009). Así lo refleja el Ministerio de Asuntos Económicos en el último boletín de coyuntura semanal, el dossier de referencia para los inversores internacionales.
Sin embargo, los analistas coinciden en que la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social constituye la mejor herramienta para tomar el pulso al tejido productivo. Existe otra estadística, derivada de los códigos de cuenta de cotización, que dibuja un desplome mayor de casi 71.500 empresas entre febrero de 2020 y agosto de 2021, pero hay que tener en cuenta que una misma empresa puede tener más de un código, por lo que la cantidad de bajas no refleja exactamente el número de empresas que cierran. Mientras, la estadística de empresas inscritas en la SS se genera a partir del Fichero de Cuentas de Cotización, agrupando en una única unidad -empresa- a todas las cuentas con el mismo Número de Identificación Fiscal.
Persiste, en cualquier caso, la sangría en el tejido productivo. Ante la previsión de esta destrucción masiva de empresas, las patronales llevaban meses reclamando al Gobierno la aprobación de ayudas directas, algo que no llegó hasta el pasado mes de marzo, cuando se dio luz verde a un paquete para pymes y autónomos por importe de 7.000 millones. Sin embargo, pasado el verano el mismo Ejecutivo ha constatado que las ayudas no estaban llegando con la agilidad necesaria, especialmente en algunas comunidades autónomas, que por su parte habían cuestionado el diseño del decreto y demandado al Ministerio de Asuntos Económicos que corrigiera algunas deficiencias que, a su juicio, estaban impidiendo el acceso al dinero a las empresas y autónomos golpeados por la pandemia.
Ante este fiasco, el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de las ayudas para cubrir las deudas y los costes fijos incurridos hasta el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 31 de mayo; y, además, ha modificado los requisitos, para aclarar que podrán incluirse las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura, una vez satisfechas las deudas. Todo, para "aprovechar al máximo el efecto dinamizador de las ayudas, reforzando los balances de las empresas para que puedan contribuir al aumento de la inversión, a la creación de empleo y a afianzar la recuperación económica", según destaca en una nota el departamento que dirige la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Pero la patronal pone en duda el alcance de las modificaciones. Aunque fuentes de la CEOE valoran "muy positivamente" que el Gobierno haya atendido a su demanda de ampliar hasta el tercer trimestre el periodo objeto de cobertura de las ayudas y consideran "especialmente acertada" la clarificación del concepto de costes fijos y pérdidas contables objeto de deuda, advierten de que "sería necesario que se siguiera avanzando en el objetivo de adaptar aún más el marco de las ayudas a las distintas necesidades empresariales". En este sentido, desde Cepyme dan la bienvenida a la rectificación de los requisitos para acceder a las ayudas, aunque se quejan de que "todavía queda lejos de la facilidad con la que otros países de nuestro entorno pusieron en marcha las ayudas".
Asimismo, para la patronal de las pequeñas y medianas empresas "la burocracia es una grave carga en un momento delicado para muchos sectores". Por eso, desde Cepyme analizarán de cerca el alcance de la medida y harán seguimiento de su implementación para ayudar en el acceso a las pymes. Por su parte, la asociación de trabajadores autónomos ATA considera que se trata de "un paso adelante para las empresas, pero claramente insuficiente para los autónomos", ya que se amplía el plazo de facturas pendientes hasta el 30 de septiembre, pero habían demandado hasta el 31 de diciembre. "Con este plazo aún se deja fuera a decenas de miles de autónomos sin poder acceder, ya que no van a poder presentar gastos para cobrar las ayudas aunque hayan perdido un 80% o 90% de ingresos", en palabras de su presidente, Lorenzo Amor.
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