Ayudas por hijo, jornada de 35 horas, aumento del permiso de paternidad... líneas maestras de la política social de 'Podemos'

Podemos ha comenzado a avanzar hoy sus líneas maestras en política social con la presentación del documento "Reorganizar el sistema de cuidados", elaborado por María Pazos- matemática e investigadora en temas de Hacienda Pública e Igualdad de Género en el Instituto de Estudios Fiscales- y Bibiana Medialdea-profesora de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid- dos de sus nuevas expertas de cabecera.

El texto, que aporta los principios de base para una reestructuración del sistema de bienestar, al estilo sueco, contiene algunas medidas para superar lo que las autoras denominan"crisis de cuidados" y avanzar también en materia de igualdad.

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Estas propuestas, explican, aspiran a revertir un sistema "obsoleto que presenta importantes déficits sociales y democráticos" actuando en varios ejes: la dependencia, la escolarización de bebés, la jornada laboral o la extensión de las ayudas por hijo.

El resultado es un nuevo modelo que busca "afianzar las bases de los sistemas de bienestar y de eliminar los sesgos del pasado, para conseguir una política social integradora", indican las autoras. Según sus cálculos, las medidas repercutirían también en la salida de la crisis económica: igualar a Suecia en porcentaje de la población empleada en el Estado de Bienestar supondría, afirman, la creación de 3 millones y medio de empleos.

Las propuestas se basan en tres principios: solidaridad-"los riesgos deben cubrirse colectivamente desde el sistema público de protección social de tal forma que todas las personas tengan asegurados sus derechos, capacidad- "todas las personas deben contribuir en función de su renta y de su disponibilidad"-y ciudadanía universal-"todas las personas deben ser independientes económicamente durante toda su vida y deben gozar de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos".

Presente en la presentación del documento, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos,ha asegurado que con ello, el partido no pretende "salvar el expediente" en la semana del 8 de marzo- Día Internacional de la Mujer-"ni tampoco de decir que ya tenemos programa, sino de mostrar una voluntad de gobernar de otra manera", ha subrayado.

Iglesias, que ha considerado que es momento de "democratizar la economía", ha insistido en los efectos de las "políticas de austeridad" practicadas por"gestores malévolos"."Es fundamental incorporar las demandas sociales, que han estado excluidas y en manos de los que llamamos mercaderes de los ricos", ha lamentado, "las políticas han sido un instrumento de destrucción de las conquistas sociales de las mujeres".

En este sentido, el líder de Podemos ha recordado que la crisis "tiene rostro de mujer". "Sitúa a muchas mujeres fuera de la representación social y política y es enormemente ineficaz en términos económicos", ha advertido.

Éste es el esbozo del "plan social" de Podemos:Sistema público de ayuda a la dependencia

Como dato de partida sitúan la cifra de que, en 2040, el número de personas dependientes será el doble que en 2008, al tiempo que el número de personas con capacidad para cuidarles será también menor. "Si en 2010 había 40 personas entre 15 y 64 años por cada 10 mayores de 65, en 2060 solo habrá 15".

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También subrayan que el presupuesto destinado por España a cuidados de larga duración es notablemente inferior al de otros países, cuyas políticas consideran importantes a seguir. Así, España dedica a este apartado el 0,6% del PIB, frente al 3,8% de Holanda y el 3,7% de Suecia. "El sistema actual de cuidados es obsoleto, insuficiente, injusto e insostenible", critican.

Sus propuestas en este ámbito:

Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, con un plan de implantación progresiva.

Eliminar el Artículo 18 de la Ley de Dependencia que prevé la prestación por cuidados en el entorno familiar, "acabando con la injusticia que supone el sacrificio de las mujeres de la familia".

El sistema, recuerdan, tiene una fuerte inspiración en el modelo sueco, país que declaró el derecho universal de todas las personas a la autonomía funcional en 1970, reconociendo, entre otros, los derechos laborales a las empleadas de hogar.

"El resultado es que en Suecia, como regla general, las personas dependientes son atendidas por los servicios públicos a domicilio o residenciales, y tanto la figura de la cuidadora familiar como la de empleada de hogar son casi inexistentes", afirman.

Al contrario, critican, en nuestro país se ha adoptado un sistema de tipo alemánm, fomentando los cuidados familiares y "el trabajo precario de las empleadas domésticas".Equiparar los permisos de maternidad y paternidad

El documento propone igualar los permisos de paternidad- actualmente en dos semanas-y maternidad, incrementando progresivamente el primero hasta las 16 semanas. "A pesar de las declaraciones de los gobiernos a favor de la igualdad y de la corresponsabilidad, en la práctica el mensaje está claro: el cuidado es cosa de las mujeres y no de los hombres", lamentan en el texto.

Los permisos, consideran, deberán ser"iguales para cada persona progenitora, independientemente de su sexo, orientación sexual o tipo de familia", intransferibles,"como son todos los demás derechos laborales y sociales, y más si cabe en este caso en el que madres y padres pueden verse coaccionados por el entorno y por las empresas para que los padres se lo cedan a las madres" y pagados al cien por cien del salario,"para que ninguna persona se quede sin ingresos por hacer algo tan necesario y beneficioso para toda la sociedad como es el cuidado de una criatura.

"Aunque el permiso de dos semanas ha conseguido que los padres actuales estén menos ausentes", indican en el documento, "solamente cuando puedan quedarse a cargo del bebé durante un periodo suficiente se iniciarán verdaderamente en el cuidado. Se observa que los padres que se han tomado un permiso de paternidad largo se implican más en la atención posterior a las criaturas y a las personas dependientes".

Señalan, en último punto, que todas las personas deben tener garantizada la protección de sus derechos de maternidad y paternidad", y para ello, proponen además la " prohibición del despido para padres y madres durante un tiempo prudencial alrededor de su permiso".
De nuevo en este caso, el modelo a imitar es el sueco y el islandés, países en los que, señalan, los padres ya han asumido con normalidad que el cuidado corresponde a ambos progenitores. Recuerdan además que ya en 2012 el Congreso votó por unanimidad una Proposición No de Ley reconociendo que los permisos deben ser iguales e intransferibles.Extensión de la escolarización desde los 0 años

Proponen un plan de escolarización universal desde los 0 años, con implantación progresiva. El primer objetivo de la medida es que "ninguna persona tenga que quedarse sin ingresos", esto es, asegurando que el pequeño tendrá plaza en una escuela "desde el día siguiente a la finalización de los permisos de sus progenitores".

El documento critica que en España, la oferta de plazas para bebés sea reducida, "ayuntamientos y comunidades autónomas proporcionan una oferta de educación infantil que no alcanza ni de lejos a satisfacer la demanda, y con grandes desequilibrios territoriales y socioeconómicos", de forma que la mayoría de familias se vean obligadas a recurrir a guarderías no reconocidas o a "arreglos informales".
Advierten, por ejemplo, que "menos de un 20% de las criaturas menores de 3 años asisten a una escuela de educación infantil al menos 30 horas a la semana".

Así, recuerdan que, pese a que la LOGSE declaró la educación infantil como parte del sistema educativo,cuyo primer ciclo comprendería de 4 meses a 1 año, "en la práctica no se han habilitado servicios para atender la demanda, los horarios no son suficientes y muchas familias no pueden permitirse pagar los precios". De nuevo, se mira a los países nórdicos, donde la educación universal desde los 0 años está institucionalizada.Jornada de 35 horas semanales y eliminación del trabajo a tiempo parcial

El objetivo, señalan en este punto, es "asegurar el derecho de todas las personas trabajadoras a un empleo digno, con salario suficiente, con derechos laborales y sociales plenos, con jornadas que permitan trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar".

En este sentido, entre otras medidas, proponen acabar con los incentivos a la contratación en jornada reducida- a las que se acogen sobre todo mujeres con personas a cargo- y que, consideran, "no proporciona los mínimos derechos económicos, sociales y laborales, arruinan las posibilidades de promoción y ponen en peligro los puesto de trabajo". Además, advierten, este tipo de empleo favorece la economía sumergida.

"Si en lugar de favorecer un sistema que conduce a que en una pareja el hombre trabaje 45 horas a la semana y la mujer 25, se favoreciera que todas las personas trabajaran como regla general 35 horas a la semana, el número de horas semanales totales de esa pareja sería el mismo; pero esas personas tendrían menos problemas y más seguridad y estabilidad en el empleo, además de que podrían cuidar a sus criaturas en igualdad", razonan en el documento.

Las autoras critican que el actual sistema "ha naturalizado que las mujeres que tienen empleo estén sometidas a dobles jornadas"-las mujeres, señalan, dedican de media 2:15 horas al día más que los hombres al trabajo doméstico y son víctimas de discriminación salarial, en tasas del 25%.Prestaciones universales por hijo, con independencia de renta y tipo de familia.

Las autoras justifican que las prestaciones sean universales e independientes del tipo de familia en que una ayuda condicionada podría dar lugar a la "perpetuación de la dependencia económica y la economía sumergida".

"Este tipo de prestaciones producen incentivos adversos a la participación de las mujeres en el empleo declarado, ya que estas podrían ver disminuida la prestación, o incluso perderla, si su salario aumenta", afirman.

También se muestran críticas con las desgravaciones por hijos en el IRPF."En primer lugar no alcanzan a las rentas inferiores al mínimo exento; y si además son reducciones de la base imponible (en lugar de deducciones de la cuota) son regresivas, es decir crecientes con el nivel de renta". En España, advierten, sólamente "las rentas por encima del umbral del mínimo exento", pueden beneficiarse de las desgravaciones.

La propuesta pasa, por tanto, por "establecer prestaciones universales por criatura, independientes del nivel de renta y del tipo de familia", así como prestaciones por familia monoparental en función "exclusivamente del número de criaturas a cargo". Un modelo, de nuevo imitado de la política sueca, que consideran no produce efectos perversos sobre la economía y atiende, en primer lugar, "al bienestar de la infancia independientemente de sus progenitores, que serían simples administradores".

En ningún caso concretan de cuánto será esta ayuda, ni tampoco si ésta se aportará mensual o anualmente. Sí han aclarado que no se realizará en pago único, al tipo el "cheque bebé" de Zapatero. Las autoras sí aseguran no obstante su sostenibilidad, "si estas prestaciones se financian a través de impuestos", afirman, "está asegurada la progresividad por esa vía, implicando a toda la población".

Proponen, además, una especial atención en los servicios públicos e integración al empleo de calidad de las familias monoparentales.Derechos para las empleadas de hogar

Defienden la equiparación en condiciones y derechos de las empleadas de hogar con el resto de empleos. "Una sociedad democrática no puede permitirse la existencia de categorías laborales sin la protección mínima del Estatuto de los Trabajadores", justifican.

La propuesta se encamina hacia una progresiva reducción de este trabajo, mediante la universalización de los servicios de educación infantil y de dependencia. "La experiencia internacional muestra que los países con menor incidencia del empleo doméstico son precisamente los nórdicos (especialmente Suecia, donde las cifras son ínfimas). Estos países ofrecen una buena provisión de servicios públicos, horarios más cortos a tiempo completo y mayor equidad en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres", señalan.

Proponen, además, el aumento de las pensiones no contributivas de jubilación al mínimo legal de la pensión contributiva, esto es, de 367 euros al mes a 634'5 euros.Defienden la viabilidad

Las autoras aclaran que el objetivo del documento no es profundizar en las partidas presupuestarias que serán necesarias para llevar a la práctica estas políticas, que sí defienden como "viables".

Consideran, en primer lugar, que puesto que las partidas afectadas "son ahora escandalosamente reducidas", elevarlas no supondrá un gran impacto. En segundo término, recalcan que si bien algunas tendrán que aumentar "sustancialmente", "otras se reducirán".

"Al ampliar la protección social, reducir la pobreza y la economía sumergida, favorecer el consumo privado y mejorar la eficiencia económica, es previsible que el incremento presupuestario neto de las reformas sea menor del esperado a priori", defienden.

Sí admiten que las reformas exigirán un "plan plurianual"y que, enalgunos casos, estas tendrán bajo coste y serán fáciles de implantar-como los permisos de paternidad. Si bien otras, como la atención a la dependencia, exigirán "un plan de implantación más dilatado".

Sólo al final del documento se cuantifican algunas de estas medidas. Así, por ejemplo, se señala que ampliar el permiso de paternidad de los actuales 13 días a las 16 semanas supondría un gasto adicional de 1.500 millones de euros-el gasto el año pasado fue de 201'2 millones de euros. La implantación sería progresiva en varios años: el primero, según su calendario, podría aumentarse hasta las 6 semanas obligatorias que tienen las madres- un gasto que cifran en 500 millones de euros. A esto se añadirían cada año dos semanas más, con 200 millones de incremento anual durante cinco años.

En el caso de la dependencia, se reconoce que la universalización de la atención pública "exigirá un importante aumento presupuestario", si bien, consideran, este puede realizarse progresivamente. Para este año, la aportación del Estado será de 1.177 millones de euros para cubrir al 45% de los solicitantes.

Tampoco se ofrecen cifras en el caso de las prestaciones por hijo menor. Sí señalan que la actual asciende a 330,6 millones de euros en el Presupuesto de la Seguridad Social y merman el efecto de su aplicación. "La prestación universal por criatura exigiría un aumento del gasto, precisamente debido a la escasa dotación actual para la protección de la infancia". El cheque bebé aprobado por el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero, por ejemplo, supuso un gasto superior a los 1.000 millones de euros.

En el caso de la universalización de la escolarización infantil, afirman que el gasto resulta "difícil de estimar" al no disponerse de datos del presupuesto de educación infantil por ciclos. Entre 2008 y 2014, la aportación del Estado para la extensión de la escolarización de 0 a 3 años fue de 100 millones de euros anuales. Otro tanto fue aportado por las comunidades autónomas.

Subir las pensiones no contributivas de jubilación al mínimo legal de la pensión contributiva supondría, según sus cálculos, un aumento presupuestario de 880 millones de euros anuales.

Del mismo modo, señalan algunas medidas actualmente en vigor que consideran "problemáticas" desde el punto de vista de la equidad y cuya desaparición podría producirse en el largo plazo, según su plan. En este apartado, sitúan por ejemplo, la tributación conjunta de los matrimonios y las pensiones de viudedad, sin que se aclare si su intención es suprimirlas y asimilarlas a las contributivas.

"Necesitamos aumentar el gasto público para solucionar el déficit social, pero hay que hacerlo reestructurando el presupuesto", ha indicado María Pazos, que ha recordado que el 92% de los ciudadanos, según el CIS, declara que es el ámbito público el que tiene que asumir estas políticas. "Los gobiernos no han tomado nota, aunque algunas medidas que proponemos sí han sido reconocidas, pero todo se ha quedado en palabras".

En turno de preguntas, Bibiana Medialdea ha tomado como base los 92.000 millones de euros que supondría igualar la presión fiscal española a la media de la UE y los 45.000 que se lograrían con la racionalización de las adminsisteraciones públicas, recursos, ha afirmado, que podrían asignarse a política social.Medidas ya reconocidas

Pazos y Medialdea recuerdan que la mayoría de las medidas ya están reconocidas por ley. Sin embargo, critican también que los gobiernos se hayan limitado a "reconocer su necesidad a cuentagotas", sin "realizar las reformas oportunas".

Así, por ejemplo, si bien reconocen la "apuesta explícita por la igualdad de género" de Zapatero, con leyes como la de la violencia de género o la de matrimonio igualitario y otras medidas como la del tabaco o las reformas de las normas de tráfico- "el efecto Zapatero"- lamentan también que no se llevasen a la práctica las necesarias reformas estructurales y se perpetuase un sistema en el que el peso del cuidado familiar acabó recayendo en la mujer.

Aseguran que si estas medidas se hubiesen puesto en marcha antes, el impacto de la crisis hubiera sido también menor. "De hecho los países menos golpeados por la recesión son los países con un Estado de Bienestar consolidado (los países escandinavos). Incluso en Islandia, que sufrió una bancarrota financiera, la población ha estado más protegida frente al impacto", afirman.