Repuntan los demandantes de empleo

La crisis dispara los aspirantes a ayudas públicas a 25,6 millones de ciudadanos

La Tarjeta Social Digital de la Seguridad Social registra 17.217.248 titulares de prestaciones en alta. El gasto total en marzo de 2021 asciende a 14.500 millones de euros, un 20% más que antes de la pandemia.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, interviene durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno el Ejecutivo se enfrentará a las preguntas de la oposición, entre las que destaca, el futuro del país tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo y si se incorporarán o no nuevas restricciones sanitarias. Asimismo, el presidente del Gobierno deberá rendir cuenta de sus planes en lo que resta de legislatura ya que el portavoz de ERC en el Congreso también le interpelará sobre las promesas que tiene que cumplir el Gobierno de coalición hasta 2023. 12 MAYO 2021;GOBIERNO;SESION DE CONTROL;ESTADO DE ALARMA;FIN DE ALARMA R.Rubio.POOL / Europa Press 12/5/2021
La crisis dispara los aspirantes a ayudas públicas a 25,6 millones de ciudadanos
Europa Press

La profunda crisis económica que ha provocado la pandemia se deja sentir en el sistema de protección social. Se observa cada mes en las nóminas de perceptores de prestaciones por desempleo o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero existe una base de datos que integra todas las prestaciones sociales gestionadas por las administraciones públicas que revela no solo un importante incremento del gasto respecto al periodo inmediatamente anterior a la Covid, sino también un repunte sin precedentes del colectivo de potenciales beneficiarios de políticas sociales. Así lo refleja la base de datos de la bautizada como 'Tarjeta Social Digital', un sistema de información que entró en vigor en octubre de 2018 y cuyo contenido ha sido siempre un absoluto misterio porque no se publica en estadísticas oficiales periódicas.

La TSD integra las prestaciones económicas de carácter social gestionadas por el conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales), ya sean pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas o asistenciales, prestaciones temporales como los subsidios de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, protección familiar, Ingreso Mínimo Vital, rentas de integración, o prestaciones o ayudas de pago único. En definitiva, toda prestación social destinada a personas o familias. Se creó en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 al objeto de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las administraciones públicas.

Según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de una respuesta parlamentaria -es la única vía por la que este departamento difunde estos datos, a petición de los grupos- a 29 de marzo de 2021 hay 17.217.248 titulares de prestaciones sociales públicas en alta registrados en la TSD, que perciben, en total, 22.061.920 prestaciones (esto es así porque una misma persona puede ser titular de varias prestaciones). Paradójicamente, la cifra de beneficiarios se ha reducido un 7%, desde los 18,6 millones que había en 2019 hasta 17,2 millones, pero el gasto ha escalado un 20%, desde los 11.994 millones abonados en diciembre de 2019 hasta 14.459 millones en marzo de 2021.

El Ministerio no aporta los datos de 2020, por lo que resulta imposible realizar una comparativa respecto al pico de la pandemia, cuando la presión sobre el sistema de protección social estalló empujada por el escudo aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis y los trabajadores en ERTE alcanzaron los 3,6 millones. Pero sí ofrecen algo más de detalle sobre otro dato de la TSD poderosamente llamativo, y es que las personas registradas como titulares de lo que se denominan "situaciones subjetivas" han pasado de 16,2 millones a 25,6 millones, lo que supone un repunte del 60% en dos años. Aquí se incluye información de situaciones de discapacidad, dependencia, familias numerosas, demandantes de empleo o jóvenes inscritos en la garantía juvenil, de modo que la TSD permite acreditar su situación ante las administraciones públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.

Aumentan los demandantes de empleo

Desde la Seguridad Social explican que, además, en ese colectivo de situaciones subjetivas se ha incorporado por primera vez la información de nivel de renta extraída de la Agencia Tributaria, un cruce de datos fundamental para definir prestaciones como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital. Pero lo más relevante a la hora de medir el impacto de la crisis sobre el sistema de protección social es que se disparan los demandantes de empleo, dado que estar inscrito como tal facilita el acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social en las que se pide situación de alta o asimilada al alta. Desde el punto de vista de la normativa, la inscripción como demandante de empleo se considera situación asimilada al alta y ello facilita el cumplimiento de los requisitos para acceder a determinadas prestaciones que así lo exigen, como por ejemplo el IMV.

Desde su creación en 2018, la Tarjeta Social Digital acumula 31,3 millones de personas registradas por haber sido (y estar actualmente en baja) o ser perceptores de alguna prestación y registra un total de 36,9 millones de prestaciones abonadas acumuladas. Además, según la información que aporta el Ministerio en la citada respuesta parlamentaria, el total de personas con situaciones subjetivas -susceptibles, por tanto, de percibir ayudas públicas- registradas hasta el día de hoy supone 26,5 millones y las situaciones subjetivas en sí superan los 27,5 millones. 

Desde su creación en 2018, la Tarjeta Social Digital acumula 31,3 millones de beneficiarios de prestaciones

Inclusión indica, no obstante, que "en la medida en que la información sobre prestaciones económicas gestionadas por las comunidades autónomas todavía se está cargando desde el Registro de Prestaciones Sociales Públicas (salvo la correspondiente a las Comunidades Autónomas de Extremadura y de Castilla y León que se carga directamente a TSD), y que no se ha producido la incorporación a TSD de ninguna entidad local hasta el momento, no se puede afirmar que estén desarrolladas todas las posibilidades y potencialidades de la Tarjeta Social Digital". En este sentido, se ha impulsado la formalización de convenios de colaboración con las distintas comunidades autónomas hasta el relevo definitivo de la base de datos.

Asimismo, al tiempo que se impulsa la celebración de los correspondientes convenios de colaboración, el Ministerio está trabajando para ofrecer a las comunidades autónomas tanto una serie de estadísticas que les permitan realizar estudios de vulnerabilidad social y tomar decisiones en relación con sus políticas de protección social, como unos servicios web que les permitan descargar de manera automática en sus aplicaciones de gestión la información sobre prestaciones que precisan para el reconocimiento del derecho y el control de las prestaciones sociales propias de su ámbito de gestión. Y en paralelo, se seguirá promoviendo la ampliación de la información de TSD a las entidades locales.

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