El Ayuntamiento alquiló 'a dedo' a una exdiputada del PP en el Congreso un local para oficinas municipales

Así consta en un oficio del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, al que ha tenido acceso Europa Press y que está incluido en el sumario del caso que investiga la presunta trama de corrupción urdida en la Policía Local durante la pasada legislatura.

En su informe, el inspector jefe del grupo justifica esta adjudicación 'a dedo' en el hecho de que la propietaria del piso alquilado por el Consistorio había sido diputada en la Cámara Baja y de que en marzo de 2010 -fecha en que se convocó el concurso para el alquiler de las oficinas-, uno de los hijos de Valls, Antonio Piña, fuese el gerente de Urbanismo de Palma.

La Policía apunta a que el pliego de condiciones para la contratación de esa vivienda en concreto había sido preparado 'ad hoc' "por la vinculación al PP tanto de la solicitante como del convocante", principalmente al impedir que concurrieran otros interesados con los que "entrara en competencia la opción de María Valls, para de esta forma poder confirmar de manera objetiva que su opción era la mejor para los intereses que representa el Ayuntamiento de Palma".

En su oficio, el grupo hace hincapié en el elevado precio del alquiler -que ascendía a 34.800 euros anuales, y cuyos 2.900 euros mensuales coincidían exactamente con la propuesta efectuada por la licitante-, "claramente superior al precio medio del mercado en esa misma zona", próxima al Ayuntamiento.

Precisamente, la Policía resalta que "no se aprecia la necesidad" de que las oficinas estén cerca del Consistorio, y recalca que no se trata de oficinas que estén abiertas al público ni en las mismas trabaja personal del Ayuntamiento.

Asimismo, subraya cómo el anuncio de licitación del contrato hacía constar que iba dirigido al 'alquiler de inmueble en la zona de Cort para destinarlo a oficinas municipales de turismo', "de manera que cualquier ciudadano que pudiera proponer algún bien inmueble para dicho cometido, si el mismo no estaba en la zona indicada, quedaría automáticamente excluido".

El oficio destaca además el hecho de que a la fundación turística se incorporase uno de los principales investigados en esta causa, Miguel B. La entidad, considerada pública sin ánimo de lucro y de gestión mixta público-privada, estaba presidida por Isern mientras que su vicepresidente era el también 'popular' Álvaro Gijón.