Tras la sentencia del TC

Los ayuntamientos exigen a Montero un fondo de compensación por la plusvalía

Detallan que los cálculos de esas cantidades se realizarán con la utilización de una metodología común para todos los Gobiernos locales que se elaborará y planteará desde la FEMP.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno
Efe

Los ayuntamientos se resisten a dar por perdidos los ingresos del impuesto de la plusvalía y exigen a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un fondo compensatorio por la sentencia del Tribunal Constitucional.  Las presiones de los municipios que ingresan por este impuesto una fuente importante de financiación no han cesado desde que dejaron de cobrarlo el pasado el 26 de octubre.

Así lo ha convenido la federación municipalista en una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno, donde se ha planteado que ese fondo se calcule en "pasado, presente y futuro", según ha señalado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, e incluya la minoración de la recaudación de muchos ayuntamientos que, ya antes de la sentencia del Supremo, no venían realizando cobros de este impuesto.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han acordado solicitar una convocatoria urgente de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) para trasladar su  mensaje a Montero para recuperar la cantidad no recibida entre la emisión de la sentencia y la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, y la cifra que dejarán de recaudar en el futuro con la aplicación de la nueva norma. Los cálculos de esas cantidades se realizarán con la utilización de una metodología común para todos los Gobiernos locales que se elaborará y planteará desde la FEMP.

Asimismo, la FEMP también tiene previsto llevar al Senado una enmienda para que los presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contemplen un fondo activo para compensar la minoración de ingresos. Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "ha adoptado una solución para establecer una nueva forma de cálculo del gravamen, pero no se ha ocupado de las consecuencias económicas que va a tener para las entidades locales esta reforma".

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