Deducciones en IRPF

Ayuso acelera su ofensiva fiscal como foco de la oposición a Sánchez en 2023

La Comunidad de Madrid ha publicado el anteproyecto de ley de deducciones fiscales con las que busca impulsar la natalidad en la región. Estas entrarían en vigor el próximo año, coincidiendo con las elecciones.

Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
EFE

La batalla fiscal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, continuará de cara a las próximas elecciones autonómicas y también generales, en 2023. Díaz Ayuso acaba de presentar un anteproyecto de ley de deducciones fiscales en el que plantea ventajas para impulsar la natalidad en la región y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023. El Gobierno, en cambio, ha tenido que aplazar la reforma fiscal que tenía prevista para el próximo año porque considera que la invasión de Ucrania ha ralentizado la recuperación económica y la inestabilidad internacional impide cambios tributarios de gran calado.

El Ministerio de Hacienda recibió de manos de los expertos el Libro Blanco para la reforma fiscal a principios de marzo. Ese documento iba a ser una guía para llevar a cabo cambios en el sistema tributario español, pero la guerra truncó los planes del Gobierno. Además, en el Libro Blanco se abría la puerta a iniciar una batalla entre el Estado y la Comunidad de Madrid, pues se planteaban tipos mínimos para el impuesto de Patrimonio, así como para Sucesiones y Donaciones, dos tributos ampliamente bonificados en la región. De hecho, antes de que las propuestas de los catedráticos llegasen a la mesa de María Jesús Montero, Díaz Ayuso aprobó una ley para intentar blindarse ante una reforma fiscal.

Pero lejos de ser un debate superado, ha cobrado fuerza en las últimas semanas, ante la insistencia del Partido Popular de rebajar los impuestos o, al menos, de deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El recién elegido presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al Gobierno llevar a cabo cambios en el IRPF, deflactando la tarifa, subiendo el mínimo personal y familiar y ajustando las retenciones. Por otro lado, pide una reducción de la tributación en el IRPF de los módulos de régimen simplificado del IVA y régimen especial en aquellos sectores más afectados por los costes energéticos. También busca acometer reformas en el impuesto de Sociedades -con incentivos fiscales- y el IVA y los impuestos especiales.

Estas medidas, sin embargo, no han convencido al Ejecutivo. Montero ha afirmado que no es el momento de bajar impuestos y ha criticado que hacerlo puede provocar todavía más inflación. "El momento actual de inflación no recomienda una subida generalizada de impuestos", afirmó la titular de Hacienda en una entrevista este lunes. Hacienda justifica que aplicar las medidas que propone Feijóo supone un deterioro de los servicios públicos y que tendría consecuencias para los niveles de deuda y déficit. El gobierno ha apostado, sin embargo, por prorrogar las medidas fiscales relativas a la electricidad y espera contar con el apoyo del Congreso de los Diputados para poner en marcha el plan nacional de respuesta a la guerra.

Rebajas fiscales en Madrid

Pero mientras Feijóo y Sánchez intercambian críticas a sendas propuestas fiscales, la Comunidad de Madrid ha acelerado su ofensiva con un modelo contrario al que defiende el Gobierno estatal. En concreto, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso plantea el incremento de las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, por arrendamiento de vivienda habitual o adquisición de la misma por nacimiento o adopción de hijos; El anteproyecto publicado este lunes también incluye deducciones por cuidado de hijos menores de 3 años o por la obtención de la condición de familia numerosa de categoría general o especial.

Por otra parte, también se incluye la equiparación de los menores y tutelados a los descendientes para el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En total, según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, de estas medidas se beneficiarían 91.000 madrileños, que se ahorrarían 34,3 millones de euros. La intención del gobierno regional es que estos cambios puedan entrar en vigor en enero del año que viene, pero matizan que los referentes al IRPF no se materializarán hasta 2024, cuando se ponga en marcha la campaña de la renta referente a 2023.

Estas medidas se sumarán a las ya aprobadas por la Comunidad, que es la única sin impuestos propios desde este año. Además, Ayuso con el apoyo de Vox sacó adelante una rebaja de 0,5 puntos para todos los tramos del IRPF desde enero de este año, aunque como las deducciones anteriormente mencionadas no se aplicarán hasta la renta del año siguiente, en este caso, en 2023. Con esta medida, el gobierno regional calcula que los madrileños se ahorran más de 300 millones de euros. Con esta reducción de medio punto del IRPF, el tipo mínimo quedará fijado en el 8,5% para rentas de hasta 12.450 euros, y el máximo, para superiores a los 53.000 euros, en el 20,5%.

Año electoral

El escenario de inflación ha impedido que el Gobierno lleve a cabo la reforma fiscal que había planeado y llegará a las elecciones generales, que deberán celebrarse antes del 10 de diciembre de 2023, con revisiones tributarias pendientes. El Ejecutivo se ha comprometido en el Plan de Recuperación a adoptar a "corto plazo" medidas en los impuestos personales para "incrementar la recaudación" y "hacerlos más progresivos, redistributivos y justos", una definición que lleva a pensar en una subida de los tipos impositivos para las rentas más altas. Además, en el Plan también se han incluido "medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos indirectos" y en el impuesto sobre Sociedades. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid celebrará elecciones en mayo y lo hará con los recortes del IRPF ya en vigor y con la promesa de más deducciones fiscales en 2024, si logra sacar adelante el anteproyecto de deducciones fiscales centradas en impulsar la natalidad. El documento, sometido a audiencia e información pública, admitirá alegaciones hasta el próximo 17 de mayo.

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