El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se quedó corto cuando estimó que el año 2020 cerraría con 2,5 millones de bajas laborales por Covid-19. La cifra que figura en el Informe Económico-Financiero que acompaña los presupuestos de su departamento para este ejercicio se sitúa muy por debajo de los registros finales de cierre de año, que revelan que entre los meses de marzo y diciembre se llegaron a alcanzar los 2,85 millones de procesos de incapacidad temporal asociados al virus. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y su eventual impacto sobre la salud de los trabajadores estaría detrás de este desfase, según indican fuentes consultadas en el ámbito de la Seguridad Social.
De acuerdo con la información que aporta el Gobierno en una respuesta parlamentaria a varios diputados del Grupo Popular en el Congreso, el pasado ejercicio se saldó con 2.848.938 bajas laborales derivadas de la Covid. En el texto, fechado a 22 de febrero de 2021 y que se puede consultar bajo estas líneas, el Ejecutivo aporta unos datos que exceden en 350.000 bajas las estimaciones iniciales. También superan las que figuran en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, donde se recogen 2.497.396 procesos de baja por incapacidad temporal motivados por el virus acumulados a diciembre, porque ahí todavía no están contabilizados los procesos gestionados por las mutuas colaboradoras, según aclaran fuentes del departamento de Escrivá.
En cualquier caso, en su respuesta escrita, el Ejecutivo distingue entre los procesos de incapacidad temporal asociados a contagios y los derivados de cuarentenas. En el caso de las infecciones, se registraron 866.489 bajas, mientras los aislamientos supusieron 1.982.449. De este modo, solo el 30% de los procesos se correspondieron con casos confirmados con prueba diagnóstica y el 70% restante son aislamientos con baja médica, aunque no dispongan de una prueba positiva en coronavirus, ya sea por ser contactos directos de infectados o trabajadores que han estado enfermos, con síntomas de Covid, pero no tienen un test con resultado positivo.
En el desglose provincial aportado por el Gobierno destaca notablemente Madrid, con 560.783 bajas, el 20% del total nacional. No es de extrañar que la región más afectada por la pandemia acumulara 177.262 procesos de incapacidad temporal por infección y 383.521 por aislamientos. Por detrás se sitúa Barcelona, otro de los territorios con mayor densidad de población y, por tanto, más expuesto al virus, con 443.619 bajas, a razón de 146.632 por infecciones y otras 296.987 por cuarentenas. A mucha distancia está Valencia, con 141.951 procesos (34.916 y 107.035, respectivamente). Si bien el Ejecutivo no aporta información respecto de las cantidades destinadas a sufragar los costes de las bajas, "al no existir distinción para estos supuestos en el presupuesto de gasto de incapacidad temporal".
Según las estimaciones iniciales, el aluvión de 2,5 millones de bajas por Covid tendría un coste para las arcas públicas de 1.369 millones de euros en 2020. En el citado informe Económico-Financiero se asumía que "el gasto en incapacidad temporal en 2020 se verá incrementado porque los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del virus Covid-19 tienen la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo, a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social", de modo que estas bajas están mejor remuneradas que si se consideraran enfermedad común.
Todo apunta, de acuerdo con las cifras de procesos acumulados a cierre de ejercicio, a que esa cantidad se quedó corta. Desde el Ministerio evitan concretar, por ahora, la factura total, a la espera de la publicación de los balances de ejecución presupuestaria a final de mes. Si bien las mutuas, que tienen encomendado el pago de estas prestaciones en su calidad de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, han venido advirtiendo de que el gasto por este concepto sería considerablemente más elevado y provocaría un problema financiero de enorme magnitud para las entidades.
También la CEOE, en un informe interno sobre los Presupuestos de 2021 elaborado por el Departamento de Economía de la patronal, estimaba un gasto de 1.580 millones de euros en bajas en 2020 y advertía, de hecho, de que los 51 millones de euros reservados para cubrir los procesos de incapacidad temporal por Covid este año serían insuficientes. Hay que recordar que inicialmente la Seguridad Social evitó concretar una partida por este concepto para 2021, pero finalmente reservó 40 millones para atender estos procesos en las entidades gestoras y otros 11 millones en las mutuas. Una cuantía nimia, en cualquier caso, si se tiene en cuenta que la Autoridad Fiscal ha proyectado un gasto cercano a los 1.300 millones de euros en bajas laborales por contagios y cuarentenas en 2021.
Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá siempre han defendido que, por la propia imprevisibilidad de la pandemia, la cifra de bajas laborales es imposible de estimar. Sin embargo, habida cuenta del ritmo al que avanza la campaña de vacunación, resulta difícil prever una reducción drástica e inmediata de los trabajadores de baja por Covid en los meses venideros. En cualquier caso, fuentes del Ministerio insisten en que la financiación de los procesos de incapacidad temporal está garantizada, al igual que las prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), independientemente del tiempo que se prorroguen, al ser cantidades íntimamente ligadas a la evolución de la situación sanitaria.
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