El terremoto de ajustes de plantilla que está azotando el sector bancario, en un nuevo proceso de reestructuración acelerado a marchas forzadas por la pandemia, llega cuando las entidades financieras todavía no han saldado su deuda con el Estado por los despidos masivos que ejecutaron tras la crisis económica de 2008. Desde el año 2011, las empresas con beneficios que lleven a cabo despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 años están obligadas a efectuar aportaciones económicas al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pues bien, decenas de compañías, entre ellas un buen puñado de bancos, aún adeudan, una década después, una factura de cerca de 150 millones de euros.
El procedimiento administrativo para la reclamación de los importes a las compañías comenzó en 2013 y desde entonces, el SEPE ha exigido a un total de 61 empresas las aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, por valor de 560 millones de euros, de los cuales se han ingresado solo 410 millones. El 67% de esa cantidad corresponde a Telefónica -de ahí que se bautizase esta cláusula como la 'enmienda Telefónica- por el despido colectivo iniciado en 2011, que afectó a 6.830 trabajadores, tras reportar importantes beneficios a los mercados. Y el resto se divide entre otras 60 empresas -el SEPE no aporta el desglose- entre las que se encuentran Banco Santander o Caixabank, además de varias entidades menores que acabaron integradas en otras, como Banca Cívica, Banco Caixa Geral, Bantierra o Cajas Rurales Unidas.
Se desconoce, por tanto, las cantidades exactas aportadas por la entidad que preside Ana Botín por los despidos colectivos ejecutados en los años 2013, 2016, 2017 y 2019, en los que perdieron su empleo cerca de 5.900 trabajadores, muchos de ellos mayores de 50 años. Tampoco se especifica lo que debe CaixaBank, que ejecutó ERE en los años 2013 y 2019, provocando cerca de 5.000 salidas. Ahora, el Santander se encuentra inmerso en un ajuste que prevé la salida de 3.500 empleados y CaixaBank ha puesto sobre la mesa un recorte de 8.291 puestos de trabajo, el mayor de la historia del sector financiero español, como consecuencia de la fusión con Bankia.
Bankia, por cierto, llevó a cabo un proceso de despido colectivo en 2018 que afectó a 2.000 trabajadores y ahora aparece, junto al listado de empresas deudoras con el Tesoro Público, en la lista de compañías con las que el SEPE está trabajando en estos momentos, porque se encuentran en distintas fases del proceso de reclamación. Por ejemplo, pueden estar en un momento de análisis de la certificación y determinación de si están afectadas o no por la norma, o bien pueden estar inmersas en el procedimiento de cálculo de la aportación económica o en fase de alegaciones, etc. Esta es la situación de una veintena de empresas (22, en concreto), entre las que está Bankia y otras entidades financieras que previsiblemente acabarán engordando el apartado de deudores con el Estado.
En un momento convulso, en el que no solo el sector bancario, sino una amplia variedad de actividades, están poniendo en marcha una oleada de expedientes de regulación de empleo, y cuando el Gobierno apuesta decididamente por penalizar las jubilaciones anticipadas, llama la atención que ya en 2019 las empresas a las que el SEPE reclamaba dinero por incluir en sus despidos colectivos a mayores de 50 años experimentaron un importante repunte, al igual que los trabajadores afectados, respecto al ejercicio anterior. En concreto, el listado ha engordado desde las 47 empresas de 2018 a las 61 compañías de 2019; y los importes exigidos han pasado de 391 millones de euros correspondientes a las prestaciones abonadas a 11.377 trabajadores hasta 560 millones por 19.404 empleados.
En el Gobierno ya cunde la preocupación por esta nueva oleada de ajustes de plantilla y Moncloa está buscando la fórmula para amortiguar el golpe en el mercado laboral, por ejemplo con recolocaciones, prejubilaciones y mejoras de incentivos a las bajas voluntarias. Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo tenía hasta 2012 la posibilidad de parar un ERE, pero la reforma laboral del PP eliminó la autorización previa. Aunque la derogación de esta norma no está en estos momentos sobre la mesa, no se descarta que Yolanda Díaz, presionada por los sindicatos, pueda plantearlo al diálogo social. Por el momento, el Ejecutivo tiene la baza de la 'cláusula Telefónica', que da nombre a estas aportaciones al Tesoro, pero aquí los impagos se acumulan porque la tramitación es lenta y las empresas suelen recurrir.
La CEOE, en contra
Hay que recordar que a finales de 2018, el Ministerio de Trabajo, pilotado entonces por Magdalena Valerio, propuso para la negociación con la patronal y los sindicatos una serie de cambios en la normativa para dificultar los ERE desproporcionados, dando más poder al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto a las causas motivadoras del despido colectivo. En contraposición, la CEOE trasladó a los interlocutores sociales la necesidad de eliminar la 'enmienda Telefónica'. En concreto, pidió que desapareciera "la obligación de aportación al Tesoro Público de las empresas con beneficios en los despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años" así como "la obligación empresarial de asumir el 100% del coste de cotización a la Seguridad Social a pesar de no existir prestación de servicios por parte del empleado".
El asunto no ha vuelto a tratarse en ninguna mesa, aunque ahora podría reabrirse, tras el rechazo expreso de varios miembros del Gobierno al ERE de Caixabank. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostraba su rechazo el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, elevaba el tono este miércoles y el jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, recordaba tanto a Caixa como a BBVA, que ha planteado un ERE para 3.800 empleados, las ayudas públicas que recibieron en la anterior crisis para que se replanteen las cifras de los despidos colectivos que prevén poner en marcha. En este sentido, invitaba a los dirigentes de las instituciones financieras a reflexionar sobre "hasta qué punto se ha protegido al sector para evitar males mayores" y hacía alusión a la crisis financiera donde la banca tuvo "ayudas muy importantes, algunas pendientes" para que las tengan en cuenta a la hora de hacer ajustes de personal.
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