El sector bancario activa la maquinaria de lobby para frenar el impuesto que les ha anunciado Pedro Sánchez. Según ha podido saber La Información, la Asociación Española de Banca (AEB) ya está moviendo hilos en el seno de la CEOE para dar la batalla al Gobierno por este asunto. La principal patronal del sector rechaza rotundamente la medida que el Ejecutivo pretende desarrollar a la vuelta del verano y está maniobrando en todos sus ámbitos de actuación para tumbarla, incluida la confederación empresarial nacional, donde cuenta con el respaldo de la práctica totalidad de los socios. Todo esfuerzo es poco para aplacar un incremento de la fiscalidad en un momento económico especialmente delicado pese a la escalada de tipos en marcha.
La decisión de incluir a la banca entre quienes tienen que costear el escudo para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Moncloa y el sector, donde pilló por sorpresa el anuncio de Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ya advirtió de que el rejón fiscal repercutirá negativamente en la capacidad de los bancos para financiarse en el mercado y, por consiguiente, en la de dar crédito a las familias y empresas. Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, avisó de que gravar lo que el Gobierno califica de "beneficios extraordinarios" de la banca puede provocar "menos consumo, inversión y recaudación" porque añade incertidumbre en un contexto inflacionista y de crisis energética.
La preocupación es latente en el sector y la responsable de trasladarla a las altas esferas está siendo Kindelán. La presidenta de la patronal bancaria utilizó su intervención durante la reunión de la cúpula de la CEOE celebrada este miércoles para dar la voz de alarma. Según revelan fuentes presentes en el cónclave empresarial de máximo nivel, la responsable de la AEB cargó contra el Gobierno por tergiversar los beneficios de la banca en su argumentario y utilizarlos como excusa para subirles los impuestos. Kindelán explicó que el Ejecutivo no puede hablar de beneficios extraordinarios para justificar el sablazo fiscal porque se trata de una normalización de los tipos de interés que, por otro lado, no asegura una mejora de la rentabilidad y podría venir acompañada en el futuro de un aumento de la mora, de mayores provisiones y depreciación de carteras.
El sentir generalizado en el sector es que este tipo de medidas ponen en riesgo la estabilidad financiera y una subida de impuestos a unas empresas que ya soportan una fiscalidad elevada mermaría su capacidad de competir a nivel internacional y frente a las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros sin ser bancos. Además, fuentes del ámbito de la patronal bancaria aseguran que una medida que solo afecta a un sector es "distorsionadora del mercado" y "va en contra del principio de igualdad". Un "agravio fiscal" que, además, sería inédito en el entorno, pues "no conocemos ejemplos en los principales países a nivel internacional que hayan tomado una decisión similar", afirman fuentes del sector que insisten en que el anuncio de Sánchez se produce en un contexto incierto y en una situación de incertidumbre económica y riesgo de recesión.
Las fuentes consultadas recuerdan que todavía no conocen los detalles de un impuesto sobre el que el sector no ha sido ni consultado ni informado. Hay que insistir en que el anuncio pilló por sorpresa a la banca, ya que hasta el momento el foco estaba puesto en las empresas energéticas, que ya estaban advertidas de que tendrían que arrimar el hombro en esta crisis aportando más al Estado por sus voluminosos beneficios. Precisamente, este viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha convocado a la cúpula del sistema financiero a una reunión en la que se abordará el asunto del impuesto. A la cita están invitados el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, los presidentes de las principales patronales bancarias, así como los primeros espadas de las grandes entidades del país. La gran ausente será la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
Las entidades buscan información del Gobierno. Quieren despejar incógnitas sobre el anunciado impuesto. Si bien los ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda todavía no han empezado a diseñarlo ni a definir los detalles técnicos, tareas que previsiblemente no se llevarán a cabo hasta después del verano. Sánchez cifró en 1.500 millones de euros la recaudación anual prevista a través de este tributo que estará en vigor en 2023 y 2024. El presidente del Gobierno justificó esta imposición porque "se están beneficiando de las subidas de tipos", pero desde el sector bancario insisten en que no es más que una "normalización" de la política monetaria tras la crisis del coronavirus. Además, el Ejecutivo tiene la intención de "prohibir" que este impuesto se acabe trasladando a los clientes, de igual forma para el tributo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Es todo lo que se sabe por el momento, a la espera de que Calviño traslade algo más de información a los interesados en la reunión de este viernes. Entre tanto, el sector ya se está movilizando a través de la CEOE para intentar frenar la medida. Kindelán fue cristalina en su intervención y recibió el respaldo del Comité Ejecutivo, que prácticamente al unísono demandó a su presidente, Antonio Garamendi, un golpe de timón. Los empresarios quieren que la patronal sea más beligerante frente a lo que consideran una "deriva" de las políticas económicas de Pedro Sánchez, un "giro a la izquierda".
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