La reforma de las pensiones planteada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha provocado un terremoto político y social de magnitud considerable. La inquietud que ha generado entre partidos de distinto signo -e incluso en los socios de la coalición y en particular en Unidas Podemos-, patronal y sindicatos es notable, en especial ante las dudas que suscitan las medidas de ajuste del sistema previstas. Cuando el diseño definitivo de la reforma que comprometerá el Gobierno español con Bruselas para acceder a los fondos europeos es todavía una incógnita, también empieza a cundir el nerviosismo en sectores económicos específicos. Es el caso de la banca y los seguros, que han empezado a movilizarse dentro de la CEOE para frenar desde el lobby los planes que pretende llevar a cabo el expresidente de la Autoridad Fiscal.
Fuentes de la patronal explican a La Información los motivos que provocan el rechazo que han manifestado ambos sectores en el seno de la organización tras conocer el detalle de la reforma la semana pasada. A la pérdida de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales que entró en vigor con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se suma ahora la creación de un nuevo fondo público sobre el que existe mucha incertidumbre. "Se desconoce cómo se va a financiar, si lo pagarán las empresas o los trabajadores, y además no está previsto que cuente con la garantía del Estado", detallan estas fuentes, que añaden que tanto la banca como los seguros consideran que supondrá "una nueva carga al empleo" y una "competencia desleal". Así se lo han hecho saber a Antonio Garamendi.
A finales del año pasado, CEOE y Cepyme, junto con la Asociación Española de Banca (AEB) y la patronal aseguradora (Unespa), en coalición con cerca de una veintena de organizaciones empresariales, reclamaron al Gobierno en un manifiesto conjunto inédito que rectificase su proyecto para reducir drásticamente los límites de desgravación fiscal en los planes de pensiones individuales. Pero el Ejecutivo siguió adelante y en los PGE recortó el límite desde 8.000 hasta 2.000 euros, también aplicables a los planes de previsión asegurados (la alternativa del sector asegurador a los planes de pensiones, que se rige por la misma regulación). A cambio, incrementó la deducción máxima en 2.000 euros para los planes de pensiones de empleo, hasta los 10.000 euros. De este modo, se buscó favorecer los planes de empleo a costa de los planes individuales.
Las asociaciones empresariales advirtieron a Pedro Sánchez de que la medida perjudicaría a los 7,5 millones de propietarios de planes de pensiones individuales y a casi un millón de trabajadores que cuentan con planes de previsión asegurados y de que sería especialmente nociva para los trabajadores autónomos y empleados de pequeñas empresas, que no tendrían oportunidad de recurrir a productos alternativos. Las patronales (incluida la banca, las aseguradoras, mutualidades de previsión social y gestoras de fondos) valoraron como "encomiable" la voluntad del Gobierno de incentivar los planes colectivos de ahorro dentro de las empresas (los planes de empleo), pero le recordaron los más de tres millones de autónomos que hay en España no pueden acceder a los mismos.
Ahora los mismos sectores ponen pie en pared ante las intenciones de Escrivá de llevar a cabo una reforma de los sistemas complementarios de pensiones, "por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos". Así figura, por el momento, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno está ultimando para su envío a la Comisión Europea. Si bien el documento todavía no recoge el planteamiento definitivo en materia de pensiones, porque este debe negociarse en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos y las conversaciones están atascadas.
El acuerdo se antoja difícil. No solo por las reticencias de la patronal, sino también por las que han manifestado los sindicatos. Unos y otros critican la ausencia de diálogo por parte del ministro Escrivá en esta materia, si bien el titular de la Seguridad Social defiende que las reformas planteadas cumplen con las recomendaciones del Pacto de Toledo y que serán abordadas en la mesa para buscar el consenso social. Este mismo lunes se celebra una reunión entre representantes del Ministerio, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Se prevé que se entre en el detalle de las medidas propuestas por Escrivá en comisión parlamentaria la semana pasada, como el nuevo esquema de penalización a la jubilación anticipada e incentivos al retiro demorado, ambos rechazados de antemano por la patronal y los sindicatos.
En la patronal no gustaron las medidas perfiladas el pasado lunes por el ministro Escrivá. Primero, por las penalizaciones al retiro temprano de las rentas altas -algo que, por cierto, tampoco comparten los sindicatos- y segundo, por el destope previsto de las cotizaciones sociales, especialmente de llevarse a cabo sin repercusión en la pensión máxima. También existen muchas dudas sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos y en particular en cuanto al fondo público de pensiones que prepara el Gobierno y que preocupa especialmente a sectores potentes como la banca y los seguros. Todo ello es visto como "un castigo a las clases medidas, que desincentiva el ahorro, fomenta la economía sumergida y frena el empleo", afirman desde la organización empresarial.
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