Los ministros de Industria de los países de la Unión Europea (UE) formalizaron un pacto este jueves, que dará libertad a los Estados miembros para incorporar o no al sector financiero dentro de las industrias afectadas por la futura Directiva de Debida Diligencia Corporativa, que requerirá a las grandes empresas entre otras cosas a que auditen la sostenibilidad de sus proveedores. El objetivo de la normativa es forzar a las compañías a identificar y mitigar el impacto que tienen sobre el medio ambiente y los derechos humanos, tanto de su actividad como de las subsidiarias y socios.
No obstante, la tramitación normativa está rebajando las obligaciones. En este sentido, el compromiso alcanzado por los gobiernos pasa por dar un trato diferente para el sector financiero, dejando en manos de los Estados miembros decidir si les aplican estas normas. Este acuerdo servirá de base para negociar ahora con la Eurocámara el texto definitivo de la directiva de debida diligencia corporativa, que busca que las empresas tengan que identificar, pero también actuar, cuando detecten conductas como trabajo forzado o contaminación por parte de sus proveedores o socios empresariales. En su primera etapa aplica a las empresas de más de 500 trabajadores.
Durante la negociación, los ministros de Industria contemplaron que en el caso del sector financiero, las normas afectasen en mayor medida a los clientes, la parte más importante de su cadena, algo a lo que se opusieron España, Francia e Italia, así como algunos Estados más pequeños.
España consideraba que esta "excepción" para el sector hubiera supuesto una alta carga administrativa y dejado a las firmas europeas en clara desventaja frente a las de otras partes del mundo, ya que las empresas tienen más poder para influir sobre sus proveedores que sobre sus clientes, puesto que estos siempre pueden marcharse a la competencia, explicaron fuentes diplomáticas. Finalmente, el compromiso alcanzado deja en manos de los Estados miembros decidir si aplican la directiva las empresas financieras y reduce los requisitos cuando se proporcionen este tipo de servicios.
"Hay un elemento que nos preocupa, se trata del tratamiento del sector financiero. Lo que queremos es equipararlo con el resto de sectores ya que, de lo contrario, nuestras entidades estarían en desventaja competitiva y la financiación a la economía se dificultaría", dijo durante el debate ministerial la titular de Industria española, Reyes Maroto. Tanto España como Francia defendieron que dejar la acción en manos de los Estados podría fragmentar el mercado único, por lo que hubieran preferido directamente alinear el trato de las empresas financieras con el de otros sectores.
Sin embargo, organizaciones como Oxfam o Global Witness, han criticado que este acuerdo diluye la directiva. Esta última criticó que, además de dejar fuera al sector financiero, el texto prevé que las empresas no sean responsables por daños medioambientales y no incluye requisitos climáticos para las actividades empresariales. "Deja a los financiadores de los combustibles fósiles, la deforestación y la violación de derechos humanos fuera del alcance" de la norma, criticó la Coalición Europea por la Justicia Corporativa.
"Un comportamiento responsable de las empresas que producen ropa, teléfonos móviles y otros objetos de uso diario es algo que también empieza a preocupar cada vez más a los consumidores europeos", añadió en un comunicado. Las normas se aplicarán a las empresas que tengan más de 500 empleados y una facturación mundial anual de más de 150 millones de euros, ya sean firmas de la UE o de terceros países que tengan actividad en el bloque comunitario.
Un proceso escalonado
Para introducirlas de forma escalonada, este objetivo tendrá que lograrse en los 4 años tras la entrada en vigor, mientras que a los 3 años deberá aplicarse ya a las firmas con más de 1000 trabajadores y 300 millones en facturación. Estas firmas tendrán que vigilar el impacto de su "cadena de actividad"; es decir, de sus proveedores y, de manera más limitada, el de sus clientes, ya que se ha dejado fuera la fase de uso de los productos de la empresa o la provisión de servicios, explicó el Consejo.
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