El Banco de España estrecha el cerco de vigilancia sobre las empresas por los graves efectos de segunda vuelta que podría provocar el traslado de la escalada de la inflación a los sueldos. De un tiempo a esta parte, el asunto se ha convertido en prioritario para el organismo supervisor, en línea con las preocupaciones que se han ido trasladando desde el Banco Central Europeo (BCE) ante el riesgo de que el shock coyuntural del encarecimiento de los precios acabe convirtiéndose en estructural y provocando una peligrosa espiral inflacionista que pondría en jaque una recuperación económica que ya afronta demasiados obstáculos a corto y medio plazo.
El asunto no es baladí. Hasta ahora, el mercado laboral ha funcionado como dique de contención de la inflación. Y así lo constata el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos en su último informe de proyecciones macroeconómicas: "Por el momento, la hipótesis de escasa traslación del repunte inflacionista a los salarios se está viendo confirmada en la práctica". Si bien a renglón seguido añade que "no se puede descartar que una hipotética mayor persistencia de los actuales aumentos de precios y de costes intermedios diera lugar a una mayor transmisión a los costes laborales". Este foco de incertidumbre mantiene en vilo a los analistas del Banco, que siguiendo la estela del BCE están monitorizando de manera continuada la posibilidad de que las empresas acaben provocando una espiral de salarios, según revelan fuentes de la entidad.
Y es que, con la información disponible de la negociación colectiva -a la que el BdE está prestando especial atención en las últimas semanas- se constata que las subidas salariales pactadas se sitúan en el entorno del 1,5%, muy por debajo de las elevadas tasas anuales que está registrando el Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, en el Banco permanecen alerta porque, aunque el escenario central asume que el actual repunte de la inflación de los precios energéticos y de numerosos bienes intermedios tendrá un carácter transitorio, no ignora que "cuanto mayor sea la duración de ese episodio de aumento de algunos precios y costes, más elevada será la probabilidad de que se filtre, de modo más generalizado, al conjunto de precios finales de la economía, así como a las demandas salariales, lo que generaría fenómenos inflacionistas más persistentes", recoge el citado informe.
La evolución de la inflación es, de hecho, uno de los principales focos de incertidumbre que señala el supervisor en su informe de previsiones respecto a los riesgos que pueden condicionar el crecimiento a corto plazo. En concreto, aunque estima que las presiones inflacionistas se mantendrán en cotas similares a las actuales aproximadamente hasta la primavera de 2022, impulsadas por los precios energéticos, eleva considerablemente la previsión de IPC para el próximo año, incluso por encima de la estimación para el ejercicio en curso. En concreto, para 2021 revisa al alza la tasa, desde el 2,1% hasta el 3%, y para 2022, la dispara del 1,7% al 3,7%. Mientras, la subyacente (sin energía ni alimentos) se eleva en dos décimas para 2021, hasta el 0,5%, y en hasta siete décimas para 2022, hasta el 1,8%.
Los expertos, por el momento, muestran cierta cautela respecto a la espiral inflacionista. En este análisis, el economista José Carlos Díez insistía en que "la inflación en salarios ni está ni se la espera", recordando que los sueldos en España han permanecido estancados durante 2021, mientras los datos de actividad están mostrando señales mixtas. "Por el momento, el alza de los precios no se está repercutiendo en los salarios", añade, por su parte, el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, que apoya su teoría en la diferencia con Estados Unidos, donde las renuncias de trabajadores que salen del mercado laboral están agudizando los cuellos de botella por la falta de personal, mientras en España, el número de activos ya ha vuelto al nivel precrisis. Con todo, los analistas miran al actual escenario con ciertas reservas y no descartan ningún desenlace.
¿Y qué opinan los agentes implicados al respecto? Pues los sindicatos defienden que es necesario aumentar los salarios y proteger su poder adquisitivo, sin que ello genere necesariamente efectos inflacionistas, dado que los beneficios empresariales están en máximos históricos y tienen margen para absorber incrementos adicionales de los salarios sin trasladarlo a precios. Pero la patronal argumenta que el alza de la inflación por el repunte de los precios energéticos está provocando que las empresas tengan que asumir importantes costes de producción, que apenas se están trasladando a los precios finales. Los empresarios aseguran que esto implica una reducción significativa de los márgenes empresariales, en un momento delicado tras meses de crisis y restricciones a la actividad, si bien el BdE desdice a la patronal al certifica en su informe que las empresas ya han empezado a repercutir los aumentos de costes a los precios de venta y advierte de que este proceso podría prolongarse durante los próximos meses.
Más 'farolillos rojos'
En todo caso, la inflación no es el único farolillo rojo en el horizonte del Banco de España, considerablemente más pesimista que el que ha dibujado el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Precisamente, las sobreestimadas previsiones de recuperación del Ejecutivo se basaban en la premisa de que los hogares empezarían a tirar rápidamente de la bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia, apuntalando el consumo y el PIB. Sin embargo, el supervisor echa un jarro de agua helada sobre esa hipótesis y augura que los españoles no empezarán a romper la hucha hasta el año 2023, manteniendo la tasa de ahorro muy por encima de los niveles medios históricos del 8% hasta 2024.
"Resulta difícil discernir qué proporción de la cuantiosa bolsa de ahorro extraordinario acumulado por los hogares durante la pandemia será destinado a materializar sus decisiones de consumo", admite el informe del Banco de España. Sin embargo, ante esta dificultad, el supervisor se inclina por que los hogares recurrirán solo parcialmente a la cuantiosa bolsa de ahorro acumulada durante la crisis para llevar a cabo su gasto de consumo. "Este supuesto se apoya en la constatación de que el grueso del ahorro se ha concentrado en familias de ingresos altos (con menor propensión marginal a consumir) y de que una parte mayoritaria del gasto no materializado durante la pandemia (en servicios como la restauración y el ocio) debido a las restricciones no es fácilmente aplazable", concluye.
Sin embargo, a pesar de estos factores mitigadores, el BdE asume que "no puede descartarse que el ahorro acumulado durante la crisis sea destinado al gasto en bienes y servicios de consumo en una proporción más elevada que la considerada en el escenario central". Ante esta y otras incertidumbres, como el repunte en la incidencia de la pandemia, la persistencia de cuellos de botella en la producción, la velocidad de recuperación del turismo extranjero o los posibles daños permanentes de la crisis sobre el tejido empresarial y el mercado laboral, además de la lentitud en la ejecución de los fondos procedentes del mecanismo Next Generation EU, el organismo ha optado por rebajar sus previsiones tanto para 2021 como para 2022, trasladando parte del crecimiento al año 2023, en un mood completamente opuesto al del Gobierno, que insiste en mantener unas proyecciones que han sido tumbadas por el consenso de los principales analistas nacionales e internacionales.
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