El Banco de España ha puesto deberes al Gobierno de Pedro Sánchez. Y no son pocos. La actual fase expansiva de la economía española debe ser aprovechada para abordar con carácter urgente reformas que permitan reducir el elevado endeudamiento público y la desmesurada tasa de paro, aumentar la productividad y encarar las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población, así como reforzar el sistema bancario.
Así lo recoge el supervisor en el Informe Anual de 2018 que acaba de hacer público y en cuya presentación el gobernador Pablo Hernández de Cos ha incidido en la "necesidad de abordar estos retos con urgencia". De lo contrario, ha advertido, los efectos de la materialización de los riesgos que proceden del entorno exterior "podrían verse amplificados" por la existencia de estos "elementos de fragilidad en nuestra economía".
Lo que ha venido a decir Hernández de Cos es que hay que aprovechar que la economía todavía crece a buen ritmo para llevar a cabo reformas que permitan paliar el impacto de una eventual recesión como la que sacudió a España en 2009. Diez años después persisten desequilibrios que solo ponen palos en las ruedas para hacer frente a escenarios adversos.
El gobernador ha indicado que a pesar de la notable mejora de la economía española en el último quinquenio, se enfrenta en estos momentos a "importantes retos y vulnerabilidades que exigen ser afrontados para favorecer un crecimiento sostenible y equilibrado". Ha advertido de que "concurren circunstancias que subrayan la necesidad de abordar estos retos con urgencia" y ha indicado que "resulta crucial aprovechar el entorno económico todavía favorable para acelerar las reformas necesarias".
Entre los desafíos está la elevada deuda pública, que todavía supone más del 98% del PIB. También la ausencia de una corrección significativa en el componente estructural del déficit durante los últimos años, ya que, según el análisis del BdE, el saneamiento observado durante el periodo de recuperación ha obedecido fundamentalmente a la propia bonanza de la actividad y al descenso de los tipos de interés. Esto, avisa, "restringe significativamente el margen de actuación de la política fiscal ante un eventual escenario recesivo, por lo que el proceso de consolidación presupuestaria constituye una tarea que debe ser prioritaria".
Entre los deberes destaca extender los beneficios de la recuperación a toda la sociedad española. Para Hernández de Cos este debe ser un "objetivo prioritario de política económica" y requiere, entre otras acciones, aumentos adicionales de la ocupación y una mejora de la calidad en el empleo. Aquí el gobernador ha sacado los colores al mercado laboral español por presentar "síntomas de un elevado grado de disfuncionalidad": la elevada tasa de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, la excesiva temporalidad y parcialidad en el empleo...
En este sentido, el responsable del banco con sede en Cibeles ha pedido desde la sucursal de Oviedo la adopción de cambios regulatorios que mejoren el atractivo de la contratación indefinida y ha instado a la negociación colectiva a "interiorizar la dispersión entre sectores y empresas" en términos de productividad para facilitar un "mejor alineamiento" entre esta última y las retribuciones salariales. Asimismo, es clave mejorar el capital humano y la productividad.
Peo eso no es todo. Existe un fenómeno de profundas consecuencias que Hernández de Cos ha querido enfatizar. Se trata del envejecimiento de la población, "un reto de primer orden" para la sostenibilidad del sistema de las pensiones y que ahora "exige medidas adicionales". Así lo ha afirmado el gobernador tras recordar que los elementos de ajuste que introdujeron las reformas de 2011 y 2013 y que permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del envejecimiento sobre el gasto público han sido suspendidos para reintroducir la revalorización de las pensiones con el IPC que, según los cálculos del BdE, supondrá un incremento adicional del gasto superior a 3 puntos de PIB en 2050.
La trascendencia del reto demográfico es tal que estas medidas adicionales requieren "consensos amplios, sin demoras injustificadas", ha zanjado. Entre sus recetas habituales para apuntalar el sistema de las pensiones, el Informe Anual recoge la necesidad de abordar los cambios tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, así como la introducción de nuevos incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la referencia legal.
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