Madrid, 8 nov.- Los inspectores del Banco de España destinados en Novacaixagalicia (NCG) afirmaron hoy que los exdirectivos que cobraron las indemnizaciones millonarias mostraron reticencias a darles una copia de los contratos que mejoraban sus condiciones que, de hecho, no entregaron hasta mayo de 2011.
Los inspectores Miguel Segui y Pedro González, que declararon hoy como testigos en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones millonarias de cuatro exdirectivos de NCG, aseguraron que el ex director general, José Luis Pego, les mostró los contratos en febrero de 2011, por lo que sólo pudieron tomar notas, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esos contratos, firmados entre octubre y diciembre de 2010, permitieron a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes aumentar indebidamente 7,87 millones las indemnizaciones que les correspondían, hasta un total de 18,9 millones de euros.
Preguntados sobre si la actitud de los exdirectivos había sido "obstruccionista", los inspectores del Banco de España afirmaron que su comportamiento mostraba más una renuencia.
Después de que los inspectores recibieran una copia de los documentos, en mayo de 2011, el supervisor financiero procedió a solicitar a la entidad financiera que realizara una dotación para cubrir el supuesto de desestimiento de los altos directivos.
La Fiscalía Anticorrupción recuerda que el consejo de administración celebrado el 15 de agosto de 2011 acordó dotar la provisión, cuya cuantía no se concretó.
En cualquier caso, según las fuentes jurídicas consultadas, los inspectores que declararon hoy ante el juez Ismael Moreno reconocieron que las modificaciones de los contratos suponían un incremento de las cantidades a percibir por los exdirectivos aunque negaron que esos importes comprometieran la solvencia de la entidad financiera, que finalmente fue intervenida en septiembre de 2011.
Para una de las defensas, no obstante, los inspectores del Banco de España no han podido determinar si se trata de la interpretación de una norma laboral o un desvío de fondos, como les acusa Anticorrupción.
Para todos los exdirectivos, el juez Ismael Moreno ha impuesto una fianza, que en el caso de Javier García de Paredes corresponde a 7,02 millones de euros mientras que el ex director general de Caixanova, José Luis Pego, deberá abonar 1,92 millones de euros.
Los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada deberán aportar una fianza de 1,21 millones y 347.920,92 euros, respectivamente, de la que responderá solidariamente en todos los casos el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, que supuestamente fue el cooperador necesario.
Dentro de las testificales previstas en el caso de las indemnizaciones millonarias destaca la del presidente de Novacaixagalicia Banco, Jose María Castellano, que ha sido citado el próximo 16 de noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La próxima semana también deberán declarar los tres miembros del consejo de administración de Novacaixagalicia que votaron en contra de la provisión para cubrir las modificaciones de los contratos de los exdirectivos. Se trata de José Luis Regueiro Vázquez, José Veiga Lage y Miguel Argones Rodríguez.
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