El gobernador del Banco de España tiene serias dudas de que el Gobierno llegue a recaudar un 6% de ingresos tributarios este ejercicio, como ha hecho figurar en su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En este dudoso escenario, Luis María Linde ha aconsejado este lunes "realizar un seguimiento continuo" de la evolución de la recaudación tributaria y de cotizaciones sociales con el objetivo de poder "reaccionar a tiempo" en caso de desvío, a la vez que ha sugerido una "revisión y definición" de los impuestos que se aplican en España para financiar "el nivel deseado de gasto público" de manera estable.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2018, el gobernador ha advertido de que el aumento de la recaudación previsto por el Gobierno, de un 6 % este año, es superior a la observada históricamente. Por ello, recomienda estudiar la evolución real a lo largo del ejercicio para poder actuar, ya sea del lado del gasto o de los ingresos, en caso de que existan "riesgos" para cumplir el objetivo de déficit público, que para este año es del 2,2 % del PIB.
Previsiones compatibles
Pese a esta advertencia, Linde ha considerado que el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno es "compatible" con las previsiones del Banco de España, aunque el Ejecutivo estima un repunte del PIB nominal superior.
El proyecto presupuestario dibuja un tono de la política fiscal "neutral o ligeramente expansivo", adjetiva Linde, dado que incluye medidas como la subida del sueldo de los funcionarios, un aumento de la inversión o incrementos para ciertas pensiones. En ese sentido, advierte de que pese a que España saldrá previsiblemente del procedimiento de déficit excesivo este año, "el proceso de consolidación" tiene que continuar hasta lograr el equilibrio y ha advertido que el ajuste pendiente "es todavía significativo".
Las advertencias y llamamientos a la prudencia no se han quedado aquí Linde ha avisado de que la mejora del déficit en 2018 obedecerá, principalmente, al buen comportamiento cíclico de la economía y a la reducción de los pagos por intereses de la deuda pública, en un contexto de moderación general del gasto público, determinado por el techo de gasto, a pesar de algunas medidas de incremento del gasto y de reducción de impuestos incorporadas en el proyecto de Presupuestos. En su línea habitual, ha insistido en la importancia de la consolidación presupuestaria, ya que el ajuste presupuestario pendiente es "significativo" y España sigue inmersa en el procedimiento de déficit excesivo desde el año 2009 y el plazo fijado por la UE es este año.
Por ello, considera que el proceso de consolidación fiscal debe anclarse en un programa de medio plazo en el que se detallen las medidas que permitan la consecución de los objetivos presupuestarios, así como en una previsión prudente de la evolución macroecómica y de los ingresos.
El reto de la deuda
Para el gobernador, el elevado nivel de deuda pública, que cerró 2017 en el 98,3% del PIB, es el principal reto de la economía española. Su mantenimiento puede afectar al funcionamiento de la economía y podrían sumarse otros factores adversos como la normalización de las condiciones financieras o el envejecimiento sobre el gasto. En concreto, puede provocar la absorción de recursos que podrían tener otros usos.
A pesar de que la información más reciente apunta a que el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre de 2017 (avance de 0,7% del PIB) habría continuado en los primeros meses de este año y de que el organismo augura un alza del 2,7%, Linde ha pedido acometer más reformas económicas, ante el bajo crecimiento de la productividad, la falta de competitividad en algunos sectores y las "ineficiencias significativas" en el mercado laboral. "Estos factores, en un entorno de intenso envejecimiento de la población, imponen límite al crecimiento potencial en el medio y largo plazo", ha remarcado Linde, quien también ha apuntado que las tensiones en Cataluña podrían generar "episodios de falta de confianza", como sucedió en el último trimestre de 2017.
Además, ha explicado que la evolución de la actividad económica en los últimos años se ha visto favorecida por factores transitorios como una política monetaria muy acomodaticia, una política fiscal expansiva y una evolución favorable de los precios del petróleo, si bien "a medida que estos efectos pierdan relevancia, su aportación al crecimiento de la economía disminuirá". Por ello, ha insistido en la necesidad de reformas para apuntalar la confianza de los agentes económicos y aumentar el potencial de crecimiento.
Época de 'más' reformas
De igual forma, ha subrayado que resulta "imprescindible" alcanzar consensos sostenibles en el tiempo sobre la reforma de la financiación autonómica, sobre la que ha indicado que existe un acuerdo "amplio" sobre la necesidad de mejorar su transparencia, conseguir la adecuacion de los recursos a las necesidades de gasto e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.
Adicionalmente, ha defendido que las autonomías deberían volver a acceder a los mercados de capitales para financiar sus desequilibrios presupuestarios, dejando los distintos fondos del Estado, desarrollados durante la crisis, como emergencia ante circunstancias excepcionales.
El gobernador del BdE también ha puesto el acento en la viabilidad del actual sistema de pensiones. Una vez más, Linde ha vuelto a abogar por una reforma del modelo ya que, según sus cálculos, si se cumplen las estimaciones de envejecimiento de la población, el impacto sobre el gasto público, éste podría alcanzar el 21 % del PIB en el entorno de 2050.
A su juicio, la aplicación del factor de sostenibilidad, que liga la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida, y sobre todo, del índice de revalorización anual de las pensiones, que vincula su incremento al equilibrio entre ingresos y gastos del sistema, lograría reducir de forma gradual el actual déficit de la Seguridad Social, que en 2017 alcanzó el 1,5 % del PIB. Pero ha advertido de que en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas.
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