El Banco de España da una vuelta de tuerca más al giro inédito que está impulsando en la esencia de sus recetas anticrisis tras las lecciones aprendidas de la pandemia de la Covid. El que fuera considerado como el templo de la ortodoxia mainstream hace meses que bajó al terreno y propició un cambio de rumbo en sus recomendaciones en materia de política económica, fiscal y laboral, apostando por respuestas focalizadas hacia los hogares, sectores y empresas más vulnerables. Un volantazo que pilla al Gobierno con el pie cambiado, ya que en su plan de respuesta contra la crisis económica derivada del conflicto bélico en Ucrania proliferan ayudas generalizadas que el organismo supervisor considera regresivas e ineficaces.
Apenas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su intención de prorrogar el escudo anticrisis durante los meses de verano, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, le advertía desde el Congreso de los Diputados de que las medidas de apoyo fiscal deben centrarse en los hogares con rentas más bajas y en las empresas más vulnerables, por ser estos agentes económicos los que más sufren el impacto de la inflación. Una recomendación que va en el sentido contrario de la decisión de Sánchez, ya que el decreto que pretende prorrogar incluye como medida estrella el descuento generalizado en los carburantes que el BdE considera regresivo porque, a su juicio, beneficia a las rentas altas.
De Cos explicó ante la Comisión de Asuntos Económicos que la política fiscal nacional debe contribuir a contrarrestar los efectos adversos de la guerra sobre la actividad, pero matizó que hay dos razones que justifican que el diseño de las medidas esté muy focalizado a satisfacer las necesidades de los agentes "más vulnerables". La primera es el elevado endeudamiento público, que limita los márgenes de actuación. Y la segunda es el hecho de que el impacto de la guerra resulta muy asimétrico entre sectores, empresas y familias. Por eso, lo "deseable" sería centrar los esfuerzos en el apoyo a los "hogares de rentas más bajas", que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las "empresas más vulnerables a esta nueva perturbación".
Las palabras del gobernador le valieron hasta los halagos del diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, quien detectó en su discurso "un cierto aroma socialreformista que no me termina de desagradar". El secretario general del grupo parlamentario morado se refirió a "otros tiempos" del Banco de España y a "otros gobernadores" y aseguró que "la sensibilidad social" del organismo "ha crecido" con la presencia de Hernández de Cos. "Nunca había escuchado a un representante de la institución hablar con tanta profusión sobre los efectos que está teniendo sobre las capas bajas y más desfavorecidas esta crisis e incluso criticar al Gobierno por medidas que considera regresivas, como la rebaja del carburante", insistió Guijarro, que aplaudió incluso que la crítica del gobernador viniera "por la izquierda".
Urge un pacto de rentas
En contraste, el gobernador insistió en la urgencia de alcanzar un pacto de rentas a nivel nacional que evite el empeoramiento de una espiral inflacionista que ya se está produciendo y pidió que tanto pensionistas como funcionarios formen parte de ese acuerdo y asuman su porción del coste de esta crisis sacrificando algo de su poder adquisitivo, como los trabajadores del sector privado. "Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", esgrimió Hernández de Cos, para señalar después que si los agentes económicos tratan de esquivar esa merma "van a provocar una espiral inflacionista que va a generar efectos aún más negativos".
"Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla"
El máximo responsable del BdE, que hasta ahora había mantenido que empresarios y trabajadores estaban asumiendo una suerte de 'pacto de rentas implícito' por el que la inflación no se estaba trasladando a los márgenes empresariales ni a los salarios, elevaba el tono este miércoles para avisar al Gobierno de que el organismo supervisor está observando ya "señales de agotamiento" en ese acuerdo no escrito por el que hasta ahora se estaría produciendo una moderación de los beneficios y una pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. Por eso, insistía en que urge alcanzar un pacto de rentas real a nivel nacional que evite entrar de lleno en un bucle de perniciosos efectos de segunda ronda.
"Estamos en condiciones de evitar una espiral inflacionista sobre la base del pacto de rentas", insistía el gobernador. "Todos los ciudadanos, sin distinción, pueden y deben contribuir, por eso incorporo las pensiones a este debate", afirmaba. Hay que recordar que el Banco de España ha cuestionado la indexación de las pensiones al IPC en un momento de precios disparados, pero también ha contemplado que sean solo las prestaciones más bajas, las mínimas y las no contributivas, las que mantengan su poder adquisitivo, y las más elevadas las que sacrifiquen parte de su capacidad de compra. De nuevo, un planteamiento focalizado hacia la protección de las rentas más vulnerables frente a la crisis provocada por el alza de los precios.
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