La espiral inflacionista ya está aquí. El gobernador del Banco de España, que hasta ahora había mantenido que empresarios y trabajadores estaban asumiendo una suerte de 'pacto de rentas implícito' por el que la inflación no se estaba trasladando a los márgenes empresariales ni a los salarios, ha elevado el tono este miércoles para avisar al Gobierno de que el organismo supervisor está observando ya "señales de agotamiento" en ese acuerdo no escrito por el que hasta ahora se estaría produciendo una moderación de los beneficios y una pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y que urge alcanzar un pacto de rentas real a nivel nacional que evite entrar de lleno en un bucle de perniciosos efectos indirectos y de segunda ronda. Y además le ha insistido en que tanto pensionistas como funcionarios deben arrimar el hombro en ese pacto de país y asumir parte del coste de esta crisis.
Así se ha pronunciado Pablo Hernández de Cos durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados. El gobernador ha sido claro en su aviso. Hasta ahora, los efectos indirectos no se estaban produciendo, es decir, las empresas no estaban trasladando el encarecimiento de los costes de la energía al precio final de sus productos, pero la información más reciente sugiere que los empresarios sí están ya actuando para intentar mantener sus márgenes por esta vía. Y del mismo modo, empiezan a asomar los efectos de segunda vuelta, ya que cada vez se observa una mayor prevalencia de las cláusulas de indexación salarial en los convenios colectivos sectoriales. Ante esta evidencia, De Cos ha reconocido por primera vez que se están dando "señales de agotamiento" en ese "pacto de rentas implícito" y ha manifestado su preocupación ante los grupos parlamentarios por la ausencia de un pacto de rentas real y efectivo.
El Banco de España -y personalmente, el gobernador- lleva meses demandando un pacto de rentas que evite una espiral inflacionista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que ese sería el primer eje de su plan de respuesta al impacto de la guerra provocada en Ucrania, pero la patronal y los sindicatos han sido incapaces de alcanzar un acuerdo en el marco de la negociación colectiva y el Ejecutivo considera que sin una referencia de incremento salarial en el sector privado no puede impulsar un pacto de rentas a nivel nacional. Una visión equivocada a ojos de De Cos, que insta al Gobierno a incorporar a pensionistas y funcionarios a ese acuerdo global. A su juicio, ambos colectivos, cuyas nóminas dependen de los Presupuestos Generales del Estado, también deben asumir una cierta pérdida de poder adquisitivo para hacer frente a esta crisis.
No es la primera vez que el gobernador hace un llamamiento a incorporar a los pensionistas al pacto de rentas. De hecho, lleva semanas advirtiendo al Gobierno de que la subida de las pensiones con el IPC disparado va a tener un enorme impacto en las cuentas públicas y en la propia estabilidad financiera del sistema a largo plazo y de que debería suspender su indexación en 2023. Aunque no necesariamente de manera generalizada, puesto que también ha defendido que las pensiones más bajas (las mínimas y no contributivas) sí suban en línea con la inflación. Pero el Ejecutivo insiste en que el conjunto de las pensiones públicas subirán el próximo año en función del IPC medio registrado entre diciembre de 2021 y noviembre de este ejercicio y en que esa decisión se tomará a final de año y se plasmará en los Presupuestos de 2023.
Respecto al sector privado, el máximo responsable del banco central ha recomendado a empresarios y trabajadores que tomen como referencia la inflación subyacente (la que excluye los precios energéticos y de los alimentos frescos, que son los más volátiles) esperada para las subidas salariales. Y además ha pedido que el eventual pacto de rentas que se acuerde en el marco del diálogo social sea acompañado de una "enorme flexibilidad", porque la perturbación económica que ha ocasionado la guerra desatada por Rusia en suelo europeo no está afectado a todos los sectores ni a todas las empresas del mismo modo. En ese sentido, De Cos ha insistido en que el marco general de ese acuerdo debe ser compatible con la especificidad a nivel individual de cada empresa a la hora de medir la moderación tanto de los márgenes de beneficios como de las subidas salariales.
Habiendo advertido de que los trabajadores ya están asumiendo una pérdida de poder adquisitivo considerable en los últimos trimestres, pero que esta se estaría revirtiendo en parte recientemente por el aumento de las cláusulas de revisión, y que las empresas están empezando a maniobrar sobre sus márgenes trasladando el incremento de los costes energéticos sobre los precios finales, De Cos se ha dirigido al Gobierno para hacerle una recomendación sobre política fiscal. Según ha advertido, para contribuir a evitar la espiral inflacionista desde el poder Ejecutivo, los apoyos deben centrarse en las rentas bajas y en las empresas más vulnerables, al tiempo que el resto de estímulos deben irse retirando. Un aviso que llega el mismo día en que Sánchez ha anunciado su intención de prorrogar el decreto anticrisis que incluye un descuento generalizado en los precios de los carburantes y otras medidas más focalizadas hacia las rentas bajas como el alza temporal de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
"Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida, y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", ha esgrimido Hernández de Cos, quien ha señalado que si los agentes económicos tratan de eludir esta pérdida "va a provocar una espiral inflacionista que va a generar efectos aún más negativos". Esa ha sido la advertencia del gobernador y esos los deberes que pone al Gobierno en vísperas de que el Banco de España lleve a cabo una revisión a la baja de las previsiones que, según ha indicado, será compatible con el mantenimiento de una senda de recuperación gradual en la economía española —que podría alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia en el tramo final de 2023— y con unas tasas de inflación que se mantendrían elevadas en los próximos meses, para posteriormente moderarse progresivamente. Todo ello, en un contexto de incertidumbre en el que la evolución de los precios estará muy condicionada por los acontecimientos a nivel internacional y por la propia consecución de ese ansiado pacto de rentas para aliviar la situación.
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