Sánchez e Iglesias negocian la creación de un 'banco público' utilizando el ICO

El pacto Sánchez-Iglesias pone en jaque a los mercados en pleno parón económico
El pacto Sánchez-Iglesias pone en jaque a los mercados en pleno parón económico
EFE

Viento en popa, a toda vela, hacia un banco público. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han incluido en sus negociaciones para conformar un Gobierno de coalición la creación de una entidad estatal de crédito dependiente del Estado y al margen de las firmas privadas que ya operan en el mercado. Es una exigencia de Podemos que el PSOE ha aceptado encajar en el futuro Ejecutivo. El mecanismo elegido para poner en marcha este entidad pública de inversión es el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Las conversaciones avanzan y ya se ha informado al sector.

Fuentes gubernamentales y de Podemos confirman que en las negociaciones cerradas a cal y canto por Sánchez e Iglesias se incluye la creación de este 'banco público'. Los morados han puesto encima de la mesa incluso un nombre: BITTE (Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica). Sería una entidad dependiente del Reino de España que competiría en igualdad de condiciones con Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell... y con Bankia. Es decir, la idea no pasa por crear dicho banco público utilizando la red de la que ya dispone la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

El banco público español se levantaría utilizando el ICO. Podemos daba pistas en su programa electoral (punto 78) de cómo se podría partir del organismo presidido por José Carlos García de Quevedo para lanzar esta entidad estatal: "Partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas".

El PSOE, por su parte, prometía lo mismo (punto 4.2): "Crearemos una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica, que integre los programas y entidades públicas de crédito existentes". En conclusión, socialistas y morados están de acuerdo en lanzar una entidad de crédito para asumir inversiones particulares centradas en la transformación de la economía que tienen pensado acometer durante la próxima legislatura: energías renovables, coche eléctrico, industria verde, digitalización, inversiones en I+D+i... Ampliar, en definitiva, las funciones del ICO para crear un conglomerado financiero al servicio de los ciudadanos.

Fuentes cercanas a la cúpula del ICO explican que para poder convertir el organismo dependiente del Ministerio de Economía -es decir, de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño- habría que modificar, en primer lugar, la ley y sus estatutos. El ICO, efectivamente, fue creado a través del Real Decreto-Ley 1091/1988, de 23 de septiembre, para "el sostenimiento y la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan fomento, con absoluto respeto a los principios de equilibrio financiero y de adecuación de medios a fines que el Instituto debe observar en todo caso". Habría que cambiar sus fines y funciones para, esencialmente, abrir el grifo del crédito.

Las mismas fuentes advierten de un problema que podría generar que el ICO pasara a competir de tú a tú con Santander, BBVA o CaixaBank. La deuda de la entidad pública está garantizada por el Reino de España, por lo que los impagos podrían generar un agujero en la estabilidad financiera. "¿Qué pasaría si se genera un efecto llamada, se dispara el crédito y el ICO acumula impagos?", se preguntan estas fuentes conocedoras del funcionamiento del instituto. Y es que esta decisión lleva rondando en la cabeza de diferentes gobiernos varios años. Incluso Luis de Guindos lo llegó a estudiar pero no avanzó en los planes.

Los bancos privados, por su parte, no verían problemas en sumar a la oferta un competidor público. Un destacado directivo de una entidad asegura que entienden que sea una pequeña concesión del PSOE a Podemos para formar Gobierno y valora que "la banca no se vería muy afectada por la entrada del ICO", que ya tiene ficha bancaria propia, en el mercado global. Otra cosa, apunta, sería cómo lo vería el BCE. 

En las entidades privadas el ambiente en este momento no es de excesiva preocupación ante el Gobierno de coalición que se está conformando. Desde Santander, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de la entidad en España, se mostraba contrario, eso sí, a que desde el futuro Ejecutivo se les fueran a incrementar los impuestos. "No necesitamos más tributación; estamos pagando un 30% que es más que el índice normal del impuesto de sociedades y nos parece que donde nos tenemos que enfocar más es en dar más crédito a las personas, en poder prestar mejor servicio para poder apoyar a las empresas, que es lo que nos están pidiendo, más apoyo a la expansión y a la internacionalización", afirmó en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Moncloa y la ministra Nadia Calviño están interlocutando con los bancos para transmitir tranquilidad y confianza. Les han trasladado, además, dos mensaje importantes: no habrá impuesto a la banca como tal y no habrá Ministerio de la Vivienda propio. Esto supone un importante 'balón de oxígeno' para las entidades financieras, ya que implica, en el segundo caso, que el PSOE vaya a seguir capitaneando las políticas relativas a la vivienda a través del departamento de Fomento.

No habrá nacionalización de Bankia, de momento

Lo que sí ha quedado descartado en las negociaciones mantenidas entre PSOE y Podemos es la nacionalización de Bankia. La entidad presidida por Goirigolzarri está quedando fuera de las conversaciones para conformar el Gobierno de coalición, imponiendo así los socialistas su criterio. El Estado, por tanto, seguirá controlando la parte del accionariado de la que dispone (algo más del 60%), retrasando también sus planes para vendérsela a un accionista privado.

Podemos siempre ha querido crear un impuesto a la banca para devolver esas ayudas que se han reintegrado en parte. La mayor parte de este total, 2.122 millones, se han obtenido gracias a la privatización parcial del banco -1.304 millones de euros resultado una colocación del 7,5% del capital en enero de 2014 y 818 millones en la venta del 7% de diciembre de 2017-, mientras que los 961 millones restantes se corresponden con dividendos ordinarios. Para recuperar el 100% de las ayudas públicas, no obstante, aún faltan más 19.000 millones de euros, pero la participación estatal en Bankia apenas valdría 3.200 millones, lo que supone que, de vender ahora, no se recuperaría ni un tercio del rescate.

¿Y los créditos del ICO a los partidos políticos?

Lo que sí parece que tienen avanzado PSOE y Podemos es que el ICO deje de ser el financiador de campañas electorales. En la última campaña electoral el partido de Pedro Sánchez y el PP recurrieron a préstamos del organismo que ahora se quiere transformar para pagar una parte de los gastos que suponían sus mítines. Los de Pablo Iglesias, que no han pedido ni un euro ni a bancos ni al ICO desde su fundación, presionan para acabar con esta línea de financiación en próximas citas con las urnas.

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