Los bancos se movilizan en Bruselas

Santander y BBVA hacen 'lobby' en la UE en plena batalla por el nuevo impuesto

La gran banca mantiene reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, sobre la situación energética y la financiación de la transición ecológica.

Santander y BBVA
Nerea de Bilbao (Infografía)

La gran banca mueve hilos en los principales foros internacionales donde se adoptan decisiones sobre los asuntos regulatorios que afectan directamente al sector. En el caso de la Comisión Europea, las principales entidades del país, encabezadas por Santander y BBVA, intensifican el lobby para abordar algunos de los temas sobre los que los grandes grupos financieros están interesados en disponer de información de primera mano. Y en este contexto, según ha podido saber La Información, este mes de septiembre han mantenido reuniones de alto nivel sobre la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que afecta con diferente intensidad al conjunto de países de la Unión Europea, así como en relación a la financiación de la transición verde, donde el sector bancario juega un papel estratégico.

El pasado 6 de septiembre, Santander y BBVA mantuvieron una reunión virtual con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans. El meeting entre el alto cargo europeo y los encargados de las relaciones con la UE de las entidades que presiden Ana Botín y Carlos Torres se centró en "la situación energética en la Unión Europea" y en "la financiación de la transición verde", según figura en el registro oficial en el que queda constancia de los contactos que mantienen los lobistas en instancias europeas. Fuentes al tanto del contenido de la reunión recuerdan que el mismo es privado y se limitan a explicar que la conversación giró en torno al rol de los bancos en la transición energética y al papel que juegan como financiadores de proyectos verdes.

Aunque la reunión de los bancos españoles con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión se enmarca en el 'European Green Deal' -el pacto verde promovido por la UE para alcanzar su objetivo de neutralidad climática en 2050- y desde las entidades participantes insisten en que ese fue el foco del encuentro, otras fuentes del sector indican que la financiación de la transición ecológica y el engranaje legislativo de los bancos en el proceso es en estos momentos un asunto secundario a abordar cuando se habla de la situación energética a nivel europeo. Y es que la principal preocupación en el sector bancario español se dirige en estos momentos al nuevo impuesto finalista que afecta a los resultados extraordinarios que van a obtener como consecuencia de la inflación y que permitirá al Gobierno adoptar medidas paliativas contra la crisis de precios que atraviesa la economía española.

En este sentido, desde el sector no ocultan que están llevando a cabo "una intensa actividad de lobby en Bruselas", aprovechando "todos los canales disponibles" para intentar frenar el impuesto que se está tramitando ya en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno pretende aprobar antes de que acabe el año para que entre en vigor en este ejercicio fiscal, tal y como anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. De hecho, las fuentes consultadas indican que la primera que está empleando su influencia en Europa es la propia Botín, quien, como presidenta de la Federación Europea de Banca (EBF, por sus siglas en inglés), está moviendo hilos en defensa de los intereses del sector financiero patrio para tratar de tumbar el gravamen.

Presión en varios frentes

La banca está presionando para frenar el impuesto a través de varios canales desde que conoció la intención del Gobierno de incluirles entre quienes deben costear el escudo para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Una decisión que anunció Sánchez a principios del verano y que pilló por sorpresa al sector, ya que hasta el momento el foco estaba en las empresas energéticas. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, advirtió inmediatamente de que el rejón fiscal repercutirá negativamente en la capacidad de los bancos para financiarse en el mercado y, por consiguiente, en la de dar crédito a las familias y empresas. Kindelán, por cierto, mantuvo un encuentro este mismo martes con el secretario de Estado de Economía en el que se buscó asegurar que las medidas en vigor para proteger a los deudores hipotecarios vulnerables son eficaces y suficientes frente al incremento de los tipos de interés. Economía ha convocado este encuentro tras constatar el nerviosismo en el sector por la propuesta de Unidas Podemos de limitar las subidas de las hipotecas.

En lo que atañe al impuesto, la primera plataforma de la que hizo uso Kindelán para frenarlo fue la CEOE. Como se reveló en estas páginas, la AEB comenzó el pasado mes de julio a mover hilos dentro de la confederación empresarial nacional para intentar tumbar los planes del Gobierno. Y la maniobra surtió efecto, ya que a principios de septiembre la patronal europea BusinessEurope, de la que forma parte la CEOE y de la que su presidente, Antonio Garamendi, es vicepresidente, dirigió una carta a varias autoridades comunitarias en la que alertó del impacto sobre las empresas y la recuperación económica de las medidas extraordinarias adoptadas en distintos Estados miembros en materia impositiva, sobre la que los representantes de los empresarios europeos manifestaron su preocupación.

Así, tanto a través de la CEOE, como de la AEB y la EBF, así como de la propia Comisión Europea, los bancos están intensificando la labor de lobby para desactivar un gravamen que consideran que genera un problema de doble imposición, es contrario a los principios de igualdad y no discriminación y afectaría negativamente a la economía y el empleo, restando hasta 35.000 puestos de trabajo. Son algunos de los motivos que se manejan en los argumentarios internos que han estado circulando en el sector este verano y a los que ha tenido acceso La Información. En los mismos documentos se niega que los bancos estén obteniendo beneficios extraordinarios, ya que la rentabilidad del sector continúa mermada, así como que paguen pocos impuestos; y se cuestiona la prohibición de repercutir el gravamen a los clientes porque las nuevas guías de la EBA obligan a incorporar en los precios de los préstamos todos los costes soportados, incluidos los tributarios.

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