Lunes, 09.12.2019 - 15:51 h
Octavio Granado denuncia la "herencia dañada" del PP

Valerio hereda un roto de 2.000 millones por el pacto PP-PNV para subir pensiones

La Seguridad Social trabaja para resolver las "tensiones financieras" derivadas de los compromisos de gasto no cubiertos por ingresos en los PGE 2018

Imagen traspaso cartera Báñez a Valerio / EFE
La ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, traspasa la cartera de su departamento a Magdalena Valerio / EFE

El equipo de Magdalena Valerio, con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, a la cabeza, trabaja desde hace semanas en la mejor manera de dar solución a un problema heredado que amenaza con descuadrar aún más las ya castigadas finanzas de la Seguridad Social

El 'problema' viene del pasado mes de abril cuando el Gobierno de Mariano Rajoy accedió a subir las pensiones de forma general un 1,6%, más allá del 0,25% previsto inicialmente por la ley, y a elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 56%, por encima del 54% inicialmente previsto, para cumplir así con las exigencias del PNV y rubricar el acuerdo político que permitió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El incremento del gasto en pensiones que se derivó de este acuerdo, y que supone cerca de 2.000 millones de euros extra según fuentes gubernamentales (algo más de 1.300 millones por la subida general del 1,6% y algo más de 600 millones por la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad), no fue respaldado por la correspondiente asignación presupuestaria de ingresos y abrió un boquete en las cuentas de la Seguridad Social que Cristóbal Montoro se comprometió en su día a financiar con un nuevo impuesto a las tecnológicas pero que nunca llegó a solventarse.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido este martes que el sistema público de pensiones afrontará este año "tensiones financieras" y que éstas obligarán a la Seguridad Social a "hacer frente a una serie de gastos sin consignación presupuestaria", vinculados al acuerdo político firmado en su día por el Gobierno del PP con el PNV. 

"Este año los gestores de la Seguridad Social hemos recibido una herencia un poquito dañada", ha señalado Granado en respuesta a las preguntas de los periodistas. Desde el Ministerio de Trabajo se quejan de la falta de claridad de la información recibida por el anterior equipo en relación a la situación financiera de la Seguridad Social y las previsiones de cierre de 2018. "Si miras la senda de consolidación fiscal viene una cifra, en la actualización del Plan de Estabilidad figura otra diferente y en los Presupuestos se prevé otro déficit distinto...".

Un menú de opciones reducido para resolver el problema

Fuentes de la Seguridad Social aseguran que se está haciendo todo lo posible para generar ahorros que permitan reducir esa factura extra de 2.000 millones de euros, pero no será suficiente.

Sobre la mesa, varias posibilidades. Una de ellas es tirar de la línea de crédito de hasta 15.000 millones de euros habilitada a principios de año por el Tesoro Público para atender las necesidades que pudiera tener la Seguridad Social durante el ejercicio y de la que hasta ahora 'solo' se han utilizado 7.500 millones para atender la paga extra del mes de junio.

La segunda opción - al menos hasta que se modifique la legislación vigente - es tirar del Fondo de Reserva de las pensiones, al que le restan poco más de 8.000 millones de euros, pero todavía tiene capacidad para enjugar ciertos desfases del sistema.

Por último, también está la extraña transferencia de 1.300 millones del Estado a la Seguridad Social habilitada en los Presupuestos de 2018 y cuya utilización, en principio, no está restringida.

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