En España hay 1.325.900 jóvenes de entre 16 y 29 que ni estudian ni trabajan. Algunos de ellos, la mayoría, 772.800 en concreto, buscan un empleo de forma activa o al menos eso declaran a los encuestadores de Estadística (INE) que cada trimestre les preguntan por su situación laboral para elaborar la Encuesta de Población Activa (EPA). Otro número muy relevante, más de medio millón, se encuadran en el grupo de los inactivos, un colectivo que aún sin tener un puesto de trabajo no lo busca de manera proactiva por diferentes circunstancias, que pueden ir desde la enfermedad o el cuidado de un familiar hasta la pérdida total de confianza en sus posibilidades de encontrar un trabajo.
Hasta ahora el asunto había sido casi más analizado desde la perspectiva sociológica que desde la laboral. Eso se terminó. El Plan Anual de Políticas de Empleo recientemente aprobado por el Ministerio de Empleo con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas ha situado por primera vez la "inserción laboral de los menores de 30 años que ni estudian ni trabajan" como objetivo prioritario de la estrategia pública de empleo, hasta el punto de fijarlo como uno de los más ponderados en el nuevo esquema de reparto de recursos presupuestarios para políticas activas pactado por Gobierno y comunidades autónomas, que vincula el acceso al 100% de los recursos presupuestados al cumplimiento de una serie de indicadores de eficacia en la gestión.
En los anteriores planes anuales de empleo se fijaba de manera genérica la mejora de la empleabilidad de los menores de 30 años como uno de los objetivos a conseguir, en coherencia con el profundo problema de España con el desempleo juvenil, que pese a la mejora experimentada en los últimos años continúa en el entorno del 40%, el segundo porcentaje más elevado de toda la eurozona. El ultimo plan, sin embargo, avanza un paso más e identifica como colectivo prioritario a esa gigantesca bolsa de más de 1,3 millones de jóvenes menores de 29 años en edad de trabajar que ni tienen un puesto de trabajo ni se están formando para conseguirlo.
La gran baza en la que confía el Gobierno para resolver este problema es el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el proyecto europeo que permitirá a España recibir entre 2014 y 2020 más de 3.000 millones de euros para proyectos orientados a la inserción laboral de los jóvenes. A la hora de repartir los fondos presupuestarios, Empleo ha pactado con las comunidades autónomas tener en cuenta en ese reparto el número de jóvenes que cada servicio regional sea capaz de inscribir en el Sistema (al cierre del año pasado superaban el millón en toda España, según el balance presentado en el Consejo de Ministros por la ministra de Empleo), la mejora respecto al ejercicio precedente y el número de jóvenes que tras pasar por alguno de los programas de orientación vinculados al sistema hubiera encontrado un empleo en los seis meses siguientes.
Empleo exigirá resultados para financiar las políticas activas
Esa exigencia de resultados que se pedirá para la distribución de los recursos presupuestarios del Sistema de Garantía Juvenil es una de las grandes novedades del Plan Anual de Políticas de Empleo de 2017, aprobado en la última Conferencia Sectorial del año y que determinará el reparto de los fondos para políticas activas entre las comunidades autónomas.
Por primera vez este plan establece porcentajes de reparto en función de indicadores objetivos de una manera explícita y por primera vez también exige no solo acciones de orientación, sino resultados de colocación, a la hora de determinar la distribución de fondos. En el plan del año pasado el Plan ponía el foco en la realización de medidas de orientación, elaboración de itinerarios personalizados y resultados de gestión.
En el de 2017, sin embargo, se piden resultados. Se tendrá en cuenta también el número de demandantes de empleo que se han empleado dentro de los 6 y 12 meses siguientes a recibir la atención o la iniciativa formativa del servicio regional de empleo, como modo de medir la eficacia real de éstas. La acción orientadora ya no será el objetivo de la acción de los servicios de empleo, sino la colocación real del trabajador.
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