Los cada vez más frecuentes encuentros entre consejeros de Hacienda de las diferentes comunidades autonómas, a días de que el Ministerio de Hacienda dé el pistoletazo de salida a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que presentará su propuesta de base para distribuir los recursos del futuro modelo, están permitiendo vislumbrar un puñado de consensos básicos entre la gran mayoría de las autonomías de régimen común y también disipar las reservas que no pocas albergaban respecto a la posibilidad real de pactar un nuevo modelo de financiación.
Uno de ellos augura una negociación intensa con el Ministerio de Hacienda y se refiere al convencimiento general de que el actual sistema de financiación autonómica se queda corto a la hora de sufragar la factura que se deriva de la prestación de los servicios públicos esenciales que le corresponde gestionar a las comunidades autónomas, básicamente sanidad, educación y servicios sociales. De otro modo, los gobiernos autonómicos le van a exigir a María Jesús Monteor más dinero para gestionar sus servicios para avalar el nuevo modelo de financiación. Pero hay otro punto en el que existe una coincidencia casi unánime y que es tal vez más peliagudo todavía, ya que afecta a la actual configuración de los intocables regímenes forales de Navarra y País Vasco. Comunidades autonómas gobernadas por PP y PSOE están decididas a conseguir que el nuevo sistema de financiación autonómica regule por fin la implicación de las Haciendas Forales en la caja común de la solidaridad interterritorial, según confirman fuentes de media docena de gobiernos autonómicos.
"Diría que es una petición unánime, pero siempre está la incógnita de la posición de Cataluña", aseguran desde el área de Hacienda de una de las comunidades autónomas consultadas, que admite haber tratado el asunto con otros representantes autonómicos. La transversalidad política de ese consenso volvió a aflorar la pasada semana en el último gran cónclave celebrado en torno a la financiación autonómica , la Jornada 'Finanzas autonómicas: los asuntos pendientes', organizadas por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) y la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidad de Vigo, que reunió en Santiago a un buen número de las voces más reputadas del ámbito académico en la materia y a los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Castilla y León.
Gobiernos de diferente color político, con prioridades distintas en la negociación e incluso con intereses contrapuestos en la definición del concepto de 'población ajustada', el elemento clave que determinará los parámetros según los cuales se repartirán los recursos entre las CCAA en el futuro modelo de financiación, coincidieron en ese foro en la necesidad de que las Haciendas Forales se impliquen en la solidaridad interterritorial, en línea con la que ya planteó el informe del comité de expertos para la financiación autonómica en 2017, según confirman varias fuentes presentes en el mismo - de carácter cerrado para los medios de comunicación -.
El informe de los expertos elaborado durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda instó al Gobierno a redefinir la regulación del Cupo Vasco y del Convenio Económico de Navarra para que incorporara en el futuro de forma permanente una aportación específica al mecanismo de solidaridad interterritorial. Los expertos evitaron definir la posible cuantía que podría tener esa aportación, pero sí especificaron que debería salir de un mecanismo transparente e inteligible de modo que se pudiera determinar de forma clara el monto que tanto Navarra como País Vasco deberían aportar a la caja común.
Apenas unos meses después ese mismo Gobierno de Mariano Rajoy negoció y acordó el Cupo Vasco y el Concierto Navarro y lo cerró sin aportación alguna a la solidaridad...y sin un gran avance en su transparencia. El Gobierno de Rajoy no publicó la metodología de cálculo del cupo y cuando el de Sánchez tuvo la oportunidad de dar visibilidad al mismo siguió la misma estrategia dilatoria que su predecesor.
El caso de Madrid y la excepción foral
"Después de dos modelos de financiación autonómica en los que no se ha tocado a las Haciendas Forales creemos que ha llegado el momento de que Navarra y País Vasco contribuyan a la solidaridad interterritorial y que lo hagan a partir de un mecanismo que esté regulado en el sistema y que sea transparente", asegura un consejero autonómico del Partido Popular. "No se trata de cuestionar el cupo vasco o el concierto navarro, pero sí de retocarlos para que esos territorios también contribuyan a la solidaridad".
Ls fuentes consultadas coinciden también en que el 'momentum' político hace este ajuste más viable que nunca. Desde el entorno del Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se ha empezado a utilizar el argumento de la 'excepción foral' como defensa ante los ataques desde el Gobierno del Estado, la izquierda política y otras comunidades autónomas por el supuesto 'dumping fiscal' que Madrid ejerce frente al resto de gobiernos autonómicos por su política de impuestos bajos. El razonamiento viene a subrayar la contradicción que subyace tras las acusacoines a Madrid de ejercer una competencia fiscal perjudicial para el resto de comunidad autónomas, mientras no se cuestiona las ventajas fiscales que proporcionan los regímenes forales que no aportan ni un solo euro a la solidaridad.
Fuentes de las Haciendas autonómicas observan que si el Gobierno se decide finalmente a actuar contra el presunto 'oasis fiscal madrileño' es más que probable que políticamente no le quede otro remedio que tocar también el régimen fiscal de País Vasco y Navarra para atemperar la controversia política que se puede generar después y repartir de forma más equitativo los daños de construir otro modelo de solidaridad entre territorios.
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