El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha introducido en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 una subida de las bases máximas de cotización del 1,7% que no había sido previamente consultada con la patronal y los sindicatos, según aseguran a La Información fuentes del diálogo social. Así se recoge en el denominado 'libro amarillo' presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el pistoletazo de salida de la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas.
Aunque la decisión corresponde al Gobierno, el Ejecutivo de turno suele llevar a la mesa de diálogo social -o al menos trasladar de manera informal a la patronal y los sindicatos- sus intenciones respecto a las bases máximas de cotización, ya que su incremento supone un importante alza de los costes laborales. En esta ocasión no ha sido así, según indican fuentes de las organizaciones patronales y sindicales consultadas por este medio. Pero en el proyecto presupuestario se recoge un incremento de esta referencia del 1,7% que va a influir positivamente en un incremento de la recaudación por cotizaciones sociales de hasta el 9% en 2022.
En concreto, en el proyecto de Presupuestos se explica que la principal fuente de financiación de la Seguridad Social aparece bajo el epígrafe de cotizaciones sociales, con un volumen para 2022 de 136.345 millones de euros, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior de un 9%, lo que permite financiar un 75,3% del Presupuesto total. "Este crecimiento viene influido por la elevación de las bases máximas de cotización en un 1,7% y por la recuperación del PIB esperada para el año 2022, en contraste con la disminución experimentada en 2021 como consecuencia de la crisis sanitaria, que responde principalmente a las exoneraciones de cuotas en los expedientes reguladores temporales de empleo y en el régimen especial de trabajadores autónomos", reza el documento.
Hay que recordar que el ministro Escrivá optó por congelar las bases máximas de cotización en 2021, una decisión que justificó por la grave situación económica que atravesaba el país como consecuencia de la pandemia. "Hemos optado este año por no tocar las bases pero es algo que debemos hablarlo en el futuro", matizaba entonces el titular de la Seguridad Social. De este modo, este 'impuesto' quedó congelado en 4.070,1 euros al mes y se mantuvieron las bases mínimas hasta que se fijase el salario mínimo interprofesional de 2021, algo que no ocurrió hasta septiembre. Ahora la base máxima subirá a 4.139,40 euros mensuales.
La CEOE, que no tenía constancia de este incremento introducido en los PGE, según afirman fuentes de la patronal a este medio, ha pedido al Gobierno en numerosas ocasiones que no adopte medidas que supongan un incremento de los costes laborales, como esta, ante la situación crítica que atraviesa el tejido productivo como consecuencia de la pandemia. Asimismo, se ha opuesto enérgicamente a la subida del SMI en 2021, de 15 euros mensuales.
Asimismo, los empresarios también se han opuesto a esta vía para apuntalar los ingresos del sistema que se ha planteado en la mesa que negocia la reforma de las pensiones. Escrivá planteó en un inicio un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema. Se barajó un calendario para la subida de la base máxima de 20 puntos en 30 años y un proceso de adecuación de la pensión máxima, en función del tiempo cotizado por cada trabajador tras la aprobación de la eventual reforma, en el que la jubilación se calcularía con el importe actual de la base máxima, actualizada con el IPC anual. Pero el Ministerio retiró esta propuesta por el rechazo de la CEOE y el asunto se dejó para una segunda parte de la reforma de las pensiones.
El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la Seguridad Social para el año 2022 asciende a 173.655 millones de euros y la principal fuente de financiación son las cotizaciones sociales, con un crecimiento del 9%, hasta 136.345 millones de euros, lo que permite financiar un 75,3 por ciento del Presupuesto total. Las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados suponen 127.224 millones, un 9,7% más, mientras las de desempleados ascienden a 8.755 millones, algo menos que en 2021. Esto es consecuencia del elevado volumen de prestaciones reconocidas durante 2021 con ocasión de la crisis sanitaria y del incremento en el empleo previsto en 2022.
Después de las cotizaciones, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto no financiero de la Seguridad Social. Para 2022 dichas aportaciones se elevan a 36.276 millones de euros, lo que supone un incremento de un 16,4%. Dentro de las aportaciones del Estado destacan, por su cuantía, las transferencias del Estado a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo por importe de 18.396 millones de euros, 4.467 millones de euros más que en el Presupuesto de 2021, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del Sistema a medio y largo plazo.
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