La batalla fiscal autonómica previa a las elecciones aleja la nueva financiación

Si había aún alguna posibilidad de que la reforma del sistema de financiación pudiera abordarse en lo que resta de legislatura (el presidente Pedro Sánchez ha dejado clara su intención de agotarla, de forma que su mandato concluya en diciembre de 2023 como estaba previsto) la batalla fiscal entre autonomías a las puertas de las elecciones bloquea ese escenario. La reforma que todos los inquilinos de La Moncloa se comprometen a emprender cuando llegan al cargo -pero que ninguno consigue sacar adelante- vuelve a quedarse en el tintero una legislatura más y esto, pese a que el actual modelo caducó en 2014.

El Ministerio de Hacienda prepara un documento de propuestas para remitirlo a las autonomías a lo largo de este otoño, como confirmó este mismo verano la propia María Jesús Montero. Sin embargo, pese a que desde su Departamento inciden en que la voluntad del Gobierno es avanzar en este aspecto, reconocen a este diario que una reforma de tanto calado necesita 'sí o sí' de la participación del PP y que en ningún caso se ha detectado voluntad por parte de sus gobiernos autonómicos de progresar en este sentido. Estos han iniciado su propia ofensiva fiscal para tratar de atraer a su territorio a las grandes fortunas y empresas a golpe de rebaja fiscal a las puertas de las elecciones de 2023.

Lo ha hecho esta misma semana el Gobierno de Juanma Moreno, al anunciar la eliminación de facto del Impuesto sobre el Patrimonio, siendo la única comunidad autónoma que lo bonifica al 100% junto a Madrid. "En Cataluña hay Impuesto de Sucesiones, aquí no; en Cataluña hay Impuesto de Patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España", apuntaba Moreno en el acto en que desvelaba la nueva batería de rebajas fiscales. 

De su mensaje podría desprenderse que su objetivo es atraer a empresarios catalanes a su región, pero lo cierto es que el anuncio lo hacía en Madrid y no en Barcelona y, por si fuera poco, el presidente andaluz ya había dejado claro en numerosas ocasiones que su meta es poder competir con la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso en baja fiscalidad. De hecho, viene anunciando medidas en esta dirección desde que fuera elegido por primera vez para presidir la Junta de Andalucía en 2019. A este respecto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apostaba a título personal este martes por armonizar impuestos para evitar el "despropósito que solo ocurre en España" de que las autonomías compitan entre sí en materia fiscal.

También a nivel nacional, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, aseguraba que el Gobierno "no está en disposición" de hacer "la reflexión serena" que la reforma de la financiación requiere y prácticamente descartaba la posibilidad de que ese cambio necesario del modelo de reparto territorial pueda aplicarse a lo largo de esta legislatura. El sistema en vigor, que fue aprobado en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, penaliza especialmente a Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Un informe publicado recientemente por la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) explica que las tres están infrafinanciadas y que su situación se ha agravado a raíz del reparto de los fondos para hacer frente a la crisis de la covid.

Buena marcha de los ingresos por la inflación

Los territorios -como la Administración Central- se están beneficiando del incremento de la recaudación que ha provocado la elevada inflación (se mantuvo en el 10,4% en tasa interanual en agosto). En los ocho primeros meses del ejercicio las autonomías han recibido un total de 74.184,09 millones en concepto de entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda, esto es, un 6,3% más que en el mismo periodo del año pasado. Estas cantidades son las que el Estado les adelanta cada mes en dos pagos, en función de lo que prevé que va a recaudar por el tramo autonómico del IRPF y por lo que corresponde a los territorios de lo ingresado con el IVA y los impuestos especiales. Hacienda estima que el importe total de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas de régimen común, de Ceuta y de Melilla alcanzará un récord histórico este año en el entorno de 111.276 millones de euros.